 |
Según la
Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia
-Aesa-, en la reglamentación que adelanta el gobierno
nacional de la Ley 1122 de 2007 se está poniendo en riesgo
la viabilidad de los hospitales de la red pública, con
el consecuente impacto en la población menos favorecida
del país que atiende estas instituciones.
Explica el director de Aesa, doctor José Darío
Rojas, que los proyectos gubernamentales están desconociendo
el espíritu y algunos aspectos establecidos en la reforma
de salud y en la legislación de seguridad social en salud,
como:
|
- Se está
cambiando el propósito legislativo del Congreso tendiente
a mejorar las instituciones públicas prestadoras de servicios
de salud.
- Al regular el pago por capitación en la contratación
entre las Entidades Promotoras de Servicios de Salud -EPS- e
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS-, se desconoce
el principio de autonomía de las instituciones que la
Ley 100/93 estableció en el modelo de aseguramiento y
de competencia regulada; además, desconoce el régimen
contractual privado que aplica a los actores del sistema de
salud.
- Dichos principios también se desconocen, al pretender
establecer porcentajes de la Unidad de Pago de Capitación
-UPC- por niveles de atención, sin que exista un sistema
de información y de costos hospitalarios confiable que
lo soporte. Esto además de mostrar una debilidad jurídica
manifiesta, es anti-técnico y compromete la viabilidad
financiera de las Empresas Sociales del Estado que prioritariamente
atienden el régimen subsidiado, con el impacto previsible
en la atención de los usuarios más pobres y vulnerables
del país.
- Se pretende quitar recursos a los prestadores públicos
de baja complejidad y trasladarlos a los de mediana complejidad;
si hace falta financiación para la mediana complejidad,
entonces habría que fortalecerla sin desfinanciar otros
actores del sistema.
Además de lo anterior, advierte Aesa que la reglamentación
de la Ley 1122 próxima a expedirse, no soluciona los
problemas críticos de las IPS públicas en materia
de flujo de recursos y sistemas de información, mientras
en cambio sí las vuelve muy vulnerables por su conformación
de juntas directivas con gran intervención política. |
