Handicap Internacional,
Organización No Gubernamental de solidaridad internacional
que se especializa en el campo de la discapacidad, presentó
el informe “Minas antipersonal en Colombia: El camino hacia
la rehabilitación y la inclusión social”,
en acto cumplido en el Hospital Universitario San Vicente de
Paúl en octubre pasado. Dicho informe es el resultado
de una serie de consultas a 49 organizaciones en Antioquia,
Bolívar y Santander que prestan servicios de atención
y orientación a víctimas, Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud que ofrecen atención a las personas
afectadas con accidentes y a un número significativo
de víctimas del conflicto armado.
En el período comprendido entre 1990 y el 1° de agosto
de 2007, han sido identificadas y registradas 6.238 víctimas
de minas antipersonal, entre los que se incluyen niños
y adultos, combatientes y no combatientes, civiles y militares.
Sólo un número reducido de ellas logró
un proceso de rehabilitación satisfactorio que posibilite
su adecuada reinserción social, en condiciones que garanticen
el goce efectivo de sus derechos fundamentales y la protección
de su dignidad.
El informe reconoce que desde hace más de 10 años
el gobierno colombiano viene mostrando interés por brindar
una atención y protección especial a las víctimas
del conflicto armado interno, y que existe un marco legal teóricamente
bien estructurado. Entre los hallazgos están los vacíos
normativos relacionados con la atención psico-social,
la atención integral a los núcleos familiares
y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación,
y también la ausencia de beneficios pensionales; éste
último es uno de los principales vacíos dejados
en el marco de la atención a víctimas del conflicto
armado, originado en los cambios al Sistema General de Pensionas
a través de la Ley 797 de 2003, que no incluye un ingreso
mínimo que ayude a solventar las necesidades básicas
del individuo afectado y su familia.
Entre las no aplicaciones normativas identificadas en el estudio,
están las relacionadas con el acceso a vivienda, los
beneficios ante el Fosyga y la ayuda humanitaria de emergencia.
Éstas se presentan por desconocimiento de los derechos
y beneficios por parte de las personas afectadas, dificultad
para reunir los requisitos, la complejidad del trámite
y el desconocimiento por parte de instituciones que brindan
apoyo y orientación a las víctimas. Por ejemplo,
en el 100% de las víctimas consultadas se encontró
desconocimiento de los beneficios a que tienen derecho y los
procedimientos para hacerlos efectivos.
Respecto de la ruta de atención a víctimas civiles
de accidentes con minas antipersonal y municiones sin explotar,
según la investigación el 44,83% de las organizaciones
consultadas manifiestan que la efectividad de la ruta de atención
y el goce efectivo de derechos por parte de las víctimas
están aún en vías de perfeccionamiento.
El informe insta al gobierno nacional a que implemente programas
de atención psico-social; cubra los gastos de transporte,
alojamiento y alimentación de las víctimas en
el proceso de rehabilitación; y establezca beneficios
pensionales para quienes han perdido el 50% de sus capacidades
laborales. Y recomienda entre otras propuestas, dar mayor calidad,
efectividad y oportunidad en la respuesta dada a las víctimas
por la red institucional a nivel nacional y local; crear una
red que permita emplear a las víctimas y buscar su vinculación
en la empresa privada; difundir los derechos y beneficios; y
crear un sistema de rastreo y monitoreo de las víctimas
a nivel local .
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