Destaca que los
altos niveles de violencia hacia los infantes deterioran el
desarrollo democrático y económico de los países
latinoamericanos, "pues la violencia que viven y aprenden
en el hogar y la que existe en la sociedad, están vinculadas".
En el mundo la violencia hacia la infancia se genera en espacios
públicos y sociales, en todos los países y sociedades,
pues se estima que anualmente 275 millones de niños son
testigos de violencia intrafamiliar, lo que tiene repercusiones
negativas en su desarrollo.
También destaca que si bien la violencia afecta por igual
a los menores, los varones están más expuestos
a la violencia física, mientras que las mujeres corren
mayor riesgo de sufrir violencia sexual, abandono y prostitución
forzada. Los infantes de países de bajos y medianos ingresos
tienen más del doble de posibilidades de morir como resultado
de un homicidio que los niños de países desarrollados,
aunque se estima que los varones de 15 a 17 años y los
menores de 4 corren mayor riesgo.
Acerca de los 5 entornos -hogar, escuela, espacios institucionales
(orfanatos y tutelares), lugar de trabajo y comunidad-, señala
que pese a los avances para legislar contra la violencia hacia
la infancia, en 106 países no se prohíbe el castigo
corporal en escuelas, 145 no lo prohíben en instituciones
asistenciales, y se permite como método disciplinario
en sistemas penitenciarios de 78 países y como parte
de las sentencias criminales en 31.
Advierte además que la mayoría de los actos de
violencia contra la infancia permanecen ocultos y son, "a
menudo, tolerados por la sociedad", ya que la violencia
incluye maltrato físico y psicológico, así
como discriminación, abandono y malos tratos. Comprende
desde los castigos corporales y humillantes en las escuelas,
uso de restricciones físicas contra niños en sus
hogares, hasta la "brutalidad perpetrada por autoridades
encargadas de hacer cumplir las leyes, abuso y abandono en las
instituciones, e inclusive las guerras entre bandas".
El Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños,
presentado en noviembre pasado, revela que es necesario romper
con la transmisión "intergeneracional de la violencia"
y aplicar en los países de la región una estrategia
nacional de prevención y lucha que "debería
estar integrada en los planes nacionales de desarrollo en 2007,
así como nombrar una autoridad con rango ministerial
responsable de coordinar". Además, se propone establecer
la prohibición legal de todas las formas de violencia
contra los niños, incluidos los castigos corporales,
y la creación o mejora de los sistemas nacionales de
recopilación de datos desagregados y fiables para 2009. |
