MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 135  DICIEMBRE DEL AÑO 2009    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Defensoría del Usuario financiada con 0,19% de UPC
Olga Lucia Muñoz López Periodista - elpulso@elhospital.org.co

El proyecto de ley 020/09 presentado por la senadora Dilian Francisca Toro, propone crear la figura del Defensor del Usuario en Salud en cada departamento y distrito, como su representante y vocero ante aseguradoras y entes territoriales, para gestionar y resolver quejas, reclamaciones y sugerencias relacionadas con derechos y obligaciones de los usuarios. Actuará bajo la coordinación y articulación de la Defensoría del Pueblo, y será nombrado por el Defensor del Pueblo de terna que presenten las asociaciones de usuarios de cada departamento y distrito. Sus decisiones serán vinculantes y el desconocimiento de las mismas será sancionado. El gobierno tendrá 6 meses para determinar y reglamentar sus características, organización sistémica, equipo de trabajo, perfil, elegibilidad, requisitos e inhabilidades, atribuciones y competencias, estructura, recursos y operatividad, de acuerdo con la propuesta de la Supersalud y la Defensoría.
Se financiaría mediante la creación de un “fondo-cuenta” en la Defensoría del Pueblo, un sistema separado de registro para el manejo y control de los recursos dispuestos para su sostenibilidad económica, y que se constituirá hasta con 0.19% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que transferirá el Fosyga con cargo a las EPS en proporción al número de afiliados al 31 de diciembre del año anterior, por lo que no acarrearía costos fiscales al erario público ni es una nueva tasa parafiscal. El estimado de costos de operación para poner en marcha del Defensor a nivel nacional, bajo la dirección de la Defensoría del Pueblo a salarios de 2009 asciende a $25.269 millones, considerando gastos de servicios personales, generales y de inversión. Se calculó que el aporte per cápita sería de $866,23 anual por afiliado al régimen contributivo y de $487,70 anual por afiliado al régimen subsidiado, que equivale al 0.19% de la UPC equilibrado para cada régimen.
La planta de personal a nivel nacional se estima en 206 funcionarios a un costo de $13.381 millones. Los cargos propuestos corresponden de manera análoga a los cargos de planta de la Defensoría del Pueblo: un Coordinador de la Defensoría Nacional del Usuario, 6 asesores y 2 auxiliares; 33 Defensores Regionales del Usuario, con 125 asesores y 33 auxiliares; y adicionales administrativos, 3 profesionales y 3 técnicos.
Las funciones del Defensor serían: Ser instrumento de garantía para gestionar, encauzar y resolver reclamaciones no satisfechas de los usuarios; ser instrumento de participación de los usuarios para impulsar la adecuación y reforma del sistema de salud; ser mediador y enlace entre las partes, capaz de lograr soluciones; actuar como órgano consultivo; ser instrumento de mejora de la calidad del sistema a través de estudios o conceptos; presentar propuestas a la Comisión Nacional de Regulación -CRES- sobre revisión, modificación o adición del POS; y emitir conceptos a petición de jueces de tutela.
La nueva figura se articularía con las 35 regionales de la Defensoría del Pueblo, donde contaría con más de 1.300 defensores públicos en caso de ser necesaria la interposición de demandas judiciales. Así, el Defensor del Usuario se orientaría a impedir que a los ciudadanos se les lleve al extremo de permitirles la única opción de la tutela.
Según la doctora Dilian Francisca Toro, “la autonomía es la característica clave para lograr un eficaz funcionamiento de una Defensoría del Usuario de la Salud”, tal como puede concluirse de experiencias como la española y de los pobres resultados obtenidos por las llamadas oficinas de servicio al cliente o de las mal llamadas Defensorías del usuario creadas por las EPS, sometidas a varios niveles de su jerarquía interna. Por último, considera que una Defensoría del Usuario en Salud coordinada por la Defensoría del Pueblo, tendría valores agregados.
 
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