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Defensoría del
Usuario financiada con 0,19% de UPC
Olga
Lucia Muñoz López Periodista -
elpulso@elhospital.org.co
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El
proyecto de ley 020/09 presentado por la senadora Dilian Francisca
Toro, propone crear la figura del Defensor del Usuario en Salud
en cada departamento y distrito, como su representante y vocero
ante aseguradoras y entes territoriales, para gestionar y resolver
quejas, reclamaciones y sugerencias relacionadas con derechos
y obligaciones de los usuarios. Actuará bajo la coordinación
y articulación de la Defensoría del Pueblo, y
será nombrado por el Defensor del Pueblo de terna que
presenten las asociaciones de usuarios de cada departamento
y distrito. Sus decisiones serán vinculantes y el desconocimiento
de las mismas será sancionado. El gobierno tendrá
6 meses para determinar y reglamentar sus características,
organización sistémica, equipo de trabajo, perfil,
elegibilidad, requisitos e inhabilidades, atribuciones y competencias,
estructura, recursos y operatividad, de acuerdo con la propuesta
de la Supersalud y la Defensoría.
Se financiaría mediante la creación de un fondo-cuenta
en la Defensoría del Pueblo, un sistema separado de registro
para el manejo y control de los recursos dispuestos para su
sostenibilidad económica, y que se constituirá
hasta con 0.19% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC),
que transferirá el Fosyga con cargo a las EPS en proporción
al número de afiliados al 31 de diciembre del año
anterior, por lo que no acarrearía costos fiscales al
erario público ni es una nueva tasa parafiscal. El estimado
de costos de operación para poner en marcha del Defensor
a nivel nacional, bajo la dirección de la Defensoría
del Pueblo a salarios de 2009 asciende a $25.269 millones, considerando
gastos de servicios personales, generales y de inversión.
Se calculó que el aporte per cápita sería
de $866,23 anual por afiliado al régimen contributivo
y de $487,70 anual por afiliado al régimen subsidiado,
que equivale al 0.19% de la UPC equilibrado para cada régimen.
La planta de personal a nivel nacional se estima en 206 funcionarios
a un costo de $13.381 millones. Los cargos propuestos corresponden
de manera análoga a los cargos de planta de la Defensoría
del Pueblo: un Coordinador de la Defensoría Nacional
del Usuario, 6 asesores y 2 auxiliares; 33 Defensores Regionales
del Usuario, con 125 asesores y 33 auxiliares; y adicionales
administrativos, 3 profesionales y 3 técnicos.
Las funciones del Defensor serían: Ser instrumento de
garantía para gestionar, encauzar y resolver reclamaciones
no satisfechas de los usuarios; ser instrumento de participación
de los usuarios para impulsar la adecuación y reforma
del sistema de salud; ser mediador y enlace entre las partes,
capaz de lograr soluciones; actuar como órgano consultivo;
ser instrumento de mejora de la calidad del sistema a través
de estudios o conceptos; presentar propuestas a la Comisión
Nacional de Regulación -CRES- sobre revisión,
modificación o adición del POS; y emitir conceptos
a petición de jueces de tutela.
La nueva figura se articularía con las 35 regionales
de la Defensoría del Pueblo, donde contaría con
más de 1.300 defensores públicos en caso de ser
necesaria la interposición de demandas judiciales. Así,
el Defensor del Usuario se orientaría a impedir que a
los ciudadanos se les lleve al extremo de permitirles la única
opción de la tutela.
Según la doctora Dilian Francisca Toro, la autonomía
es la característica clave para lograr un eficaz funcionamiento
de una Defensoría del Usuario de la Salud, tal
como puede concluirse de experiencias como la española
y de los pobres resultados obtenidos por las llamadas oficinas
de servicio al cliente o de las mal llamadas Defensorías
del usuario creadas por las EPS, sometidas a varios niveles
de su jerarquía interna. Por último, considera
que una Defensoría del Usuario en Salud coordinada por
la Defensoría del Pueblo, tendría valores agregados. |
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