Según estudios sobre recursos humanos en salud, Colombia cuenta en la actualidad con 1,6 médicos por 1.000 habitantes, los países desarrollados tienen 4,4 a 12,5 médicos por 1.000 habitantes, y con base en estas cifra y un estudio serio, el Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex) de la Universidad Javeriana, plantea que en 2011 nuestro país tendrá un déficit de 25.780 especialistas médicos y 7.153 enfermeras. Estas cifras despertaron preocupación en el Ministerio de la Protección Social, por lo que preguntó en 2010 a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) y las principales facultades de Medicina del país, su pensamiento sobre la formación de especialistas en los hospitales sin el concurso de las universidades.
Ante semejante atrevimiento habría que preguntarse si la solución a los problemas de salud del país estaría en la formación de especialistas a granel o se requiere una mirada más profunda a esta problemática.
Con la implementación de la Ley 100/93 que estableció el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se incrementó el aseguramiento y la cobertura de atención en salud, y además entre 1980 y 2006 los graduados en facultades de Medicina aumentaron 131%, y las facultades de Medicina del país hoy son 56. Este incremento en recurso humano en salud y de instituciones formadoras no fue de la mano de la mejora de indicadores de salud pública.
En 2010 la principal preocupación del Ministerio no fue precisamente la salud de los colombianos como consecuencia del supuesto grave déficit de talento humano, sino “los altos salarios de los especialistas, lo oneroso de las becas crédito” otorgadas a algunos estudiantes para su formación, y a los intermediarios de la salud les preocupa la dificultad para enganchar mano de obra barata para atender las demandas de la población.
En los años de vigencia de la ley de Seguridad Social, el panorama de la profesión médica no puede ser más preocupante: desempleo y subempleo en médicos generales, sobreoferta en algunas especialidades, pérdida de la autonomía médica, deterioro de condiciones laborales como consecuencia de la tercerización en contratación de los profesionales a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, todo lo cual llevó a la pauperización de muchos profesionales médicos, al punto que muchos no cuentan con seguridad social. Este no es el panorama de un país con escasez de especialistas, pues cuando hay déficit de talento humano, hay buenos salarios, trabajo digno y multi-empleo.
Las principales características del SGSSS que en buena parte fueron responsables de la emergencia social decretada en 2009 por el anterior gobierno, son: un enfoque centrado en la enfermedad, fraccionamiento de la atención, carencia de diálogo de saberes y participación comunitaria, gran estímulo a la intermediación costosa y en muchos casos permeada por la corrupción, desarticulación entre el sector académico y el sector salud. Además, instituciones prestadoras cuyo único motor es la productividad y la rentabilidad económica por encima de la calidad de la atención, y subvaloración de la educación médica, la investigación y la generación del conocimiento.
Ante semejante panorama, la academia tiene que preguntarse: ¿Dónde hacer el énfasis en la formación del talento humano: en el médico general, en el especialista o en otro tipo de profesionales para la Atención Primaria en Salud? Y, ¿cuál es su papel en la reorientación del engendro creado por la Ley 100/93, si es que en Colombia de verdad interesa la intermediación de la universidad?
En la formación del talento humano, la universidad pública no puede perder el norte y recordar que su misión no es la rentabilidad económica, que debe anteponer la rentabilidad social a cualquier otra consideración, que debe seguir siendo ese canal lícito de ascenso social que la juventud colombiana tanto necesita y que su pertinencia está en la formación de profesionales idóneos y éticos comprometidos en la solución de los grandes problemas sociales del país.
Para lograr lo anterior se requiere que la universidad reúna lo mejor del talento humano, cuente con profesores altamente calificados, excelencia en investigación, calidad de la enseñanza, financiación pública y privada, infraestructura física óptima, programas de bienestar para el recurso humano y pertinencia social en su misión, gobernabilidad y autonomía universitaria, como requisitos fundamentales para cumplir su misión a través de la calidad, la pertinencia, la eficiencia y la responsabilidad social.
Como conclusión podríamos decir que formar especialistas sin el concurso de la universidad, implicaría formarlos sólo para el trabajo, y de paso, desconocer el concepto de integralidad en la formación y la autonomía universitaria, tan incómoda para muchos. La formación de especialistas requiere programas de óptima calidad con altos niveles de exigencia, donde las competencias humanas estén en sano equilibrio con la formación científica y técnica: ésta se debe hacer en hospitales universitarios en convenio con universidades acreditadas.
Las universidades deben construir el modelo de hospital universitario que el país requiere; convertir la evaluación de sus programas e instituciones en una verdadera cultura; enfatizar en la formación en las especialidades básicas deficitarias que tiene Colombia; articular sus currículos a los perfiles epidemiológicos del país; crear programas de educación continua pertinentes como alternativas a la recertificación de profesionales; recuperar el acto médico como proceso humanizante, en el cual la comunicación y la ética se conviertan en ejes centrales del mismo; darle a las IPS universitarias el carácter de centros de excelencia docente, en los cuales lo fundamental sea la rentabilidad social por encima de la económica y no persistir en centros de negocios como ha venido ocurriendo hasta ahora; y por último, enfatizar en la formación integral en la cual el humanismo y la formación científica estén en sano equilibrio.

Ambas, intimidad y libertad, son fundamentos esenciales de la persona humana, que le permiten disponer de sí misma, tomar decisiones que afirman ontológica y antropológicamente el «Yo soy yo mismo», «Yo soy mi propia realidad»,“Yo soy mío”, afirmaciones que le exigen responder ética, legal y socialmente por su decisión.
Todo desconocimiento de esta intimidad es un atropello a la dignidad de la persona humana, tanto de quien sufre el ultraje como de quien lo ejecuta. El ofensor mancha su propia dignidad porque no se comporta como lo exige ontológica y antropológicamente su condición de “ser humano” dotado de inteligencia racional y lógica, y de una voluntad que le permite orientar sus acciones. Este atropello es más grave si proviene de quienes por su profesión recibieron una preparación académica que los obliga a saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, ante quién decirlo; qué callar, cuándo callar y ante quién callar; en otras palabras, profesionales que deben distinguir entre la misión de informar con la verdad, pero también el deber de no convertir en 'chiva' la realidad que es motivo de noticia, aunque la 'chiva' le represente ganancias económicas que lo convierten en comerciante de seres humanos, en lo que hace unos siglos la historia llamaba negreros, esclavistas.
Es preocupante y vergonzoso que entre los comunicadores o periodistas haya quien olvide que su misión es tratar de elevar el nivel moral y cultural de lo llamado “masa” -Jaspers- para convertirlo, gracias a su noble misión educativa, en “pueblo” -Jaspers-, es decir, en personas capaces de distinguir entre lo que nos hace más y más humanos, y dedique su quehacer en satisfacer la morbosa curiosidad de un público que disfruta del dolor ajeno, que se sacia con la destrucción del buen nombre de quienes aparecen en dichas 'chivas', sin pensar siquiera cuánto hay de exageración en lo publicado y cuántas lágrimas se derraman por esta causa, lágrimas de inocentes que ven convertida en piltrafa el nombre de los suyos. De esta vergüenza participa la casa editorial que para engrosar sus ingresos económicos, hace parte del ignominioso comercio que venimos condenando.
La muerte de alguien no exime éticamente del respeto por el buen nombre y la guarda de su intimidad. Nuestra constitución vigente, la de 1991, afirma: «Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de protección». «Artículo 74. […] El secreto profesional es inviolable». Y por secreto profesional, en todas las profesiones, se entiende todo lo que una persona por razón de su profesión u oficio conozca plena o parcialmente de la intimidad de otra viva o muerta, es decir, de su manera de existir interior y exteriormente, que es el núcleo verdadero de la intimidad de la persona, viva o muerta.