Falta de transparencia en el sistema, un factor para la corrupción Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@sanvicentefundacion.com Opacidad es el término que define la característica de lo opaco, que a su vez se entiende como aquello que impide el paso de la luz, o sea lo contrario a lo diáfano. De ahí que sea la imagen de una urna de cristal la que puede ilustrar el sueño de quienes anhelan transparencia en el sistema de salud colombiano y desean que todos podamos ver qué sucede dentro de las organizaciones e instancias que lo componen, de ahí que la opacidad, presente cuando se observan nubarrones o todo no es visible y transparente, sea la condición más favorable para que germine la corrupción. Ahora bien, la falta de transparencia no necesariamente debe asociarse con actos corruptos, aunque si puede ser el facilitador para que tras el velo de lo oculto estos se presenten y más aún, queden en la impunidad. El grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia –GES- viene adelantando un estudio de caracterización de riesgos de corrupción y opacidad en el sistema de salud colombiano, en el marco del Proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE Colombia). Durante los meses de junio y octubre de 2017 se realizó una encuesta para identificar niveles de tolerancia a la corrupción y conocer la percepción y experiencias en este sentido dentro del sistema de salud. Las conclusiones iniciales de la investigación arrojan cifras preocupantes que se suman al ambiente generalizado de corrupción que vive el país desde hace varios años. Para Jairo Humberto Restrepo, coordinador del GES, hay que considerar a la opacidad como el opuesto a la trasparencia, y si lo que se quiere es transparencia e integridad, se debe combatir la opacidad y la corrupción. En ese orden de ideas, para construir transparencia se debe entender que esta se relaciona con comportamientos visibles y a disposición del público, con información siempre disponible desde la fuente, esto dado a que la opacidad resta visibilidad para la toma de decisiones, además de no mostrar ante la ciudadanía la forma en que se toman las decisiones. Un ejemplo claro de cómo la falta de transparencia afecta elementos claves del sistema y la toma de decisiones informadas se aprecia al analizar el gasto en salud y la sostenibilidad financiera del mismo. Como señala el doctor Restrepo, existe en el país la percepción de que es necesario aumentar el gasto, y puede que así sea y necesariamente tendrá que aumentar en un escenario de largo plazo, sin embargo, antes de aumentar el gasto se debería tener muy claro y reconocer los niveles de ineficiencia y corrupción que terminan dilapidando recursos. Conociendo a cabalidad esos dos fenómenos, se podrían contener para liberar recursos. La corrupción, para Jairo Humberto Restrepo, está directamente relacionada con el mal uso del poder encomendado, el cual se desvía para obtener beneficios privados. Esta situación se ha extendido en el país, o por lo menos es más visible, en los años recientes. En Colombia los indicadores que ofrece Transparencia Internacional en el índice de percepción de la corrupción muestran que el país ocupa un lugar medio alto en América Latina en la posición 41 y con un índice de 37 ostentamos el lugar 90 en el mundo. Sin embargo en salud el tema es más preocupante, y según la percepción somos el país más corrupto ya que el 63 por ciento de las personas consultadas responden que éste es un sector muy corrupto, superando a Brasil, Chile, Perú, Venezuela y demás países de la región. La situación puede no ser tan catastrófica como aparenta y los principales responsables para su solución podrían ser los profesionales de la salud con un accionar altamente ético; un editorial del British Medical Journal señala como ante la corrupción en salud la buena gobernanza, la transparencia y la cero tolerancia a la corrupción debe construir la base de toda estrategia anticorrupción. Verdad aparentemente de Perogrullo pero que requiere necesariamente que alguien de un primer paso. ACTUE desde 2013 ha trabajado en el país de la mano de la Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la República, y ha participado en el sector salud en la elaboración del Decálogo de Transparencia e Integridad (2015) y proyectos como Medicamentos a un Click y Médicos sin Marca, entre otros. El proyecto Identificación y Análisis de riesgos de corrupción y opacidad, adelantado por el GES, durante 2017 ha cumplido varias etapas. La primera se centró en el Sistema de Salud colombiano abordándolo bajo el enfoque de procesos, de modo que se pudieran identificar los puntos críticos y susceptibles a ser vulnerables, a la opacidad y corrupción. Esta fase se adelantó en un trabajo conjunto con la Supersalud y el Ministerio de Salud y Protección Social, y llevó a concentrase en los macro proyectos misionales del sistema, que vienen siendo aquellos su razón de ser y que tienen como característica estar orientados a la ciudadanía y a generar resultados en salud. Los macro proyectos identificados por el GES con estas condiciones fueron: la gestión de la salud pública, el aseguramiento, y la prestación de servicios, y para cada uno de ellos se hizo un seguimiento para detectar cómo están documentados cada uno. Por ejemplo, mirar que significa la dirección y planeación, la financiación, la ejecución, la evaluación y el control. En cada proceso se identificaron actividades gruesas, los actores relevantes, el flujo de recursos y los puntos donde se toman decisiones, todos componentes que deberían ser objeto de una mirada especial para lograr transparencia. Los tres macro procesos fueron analizados a través de discusiones con grupos focales conformados por profesionales de entidades nacionales responsables de su dirección, en particular la Supersalud, el Ministerio de Salud, el INVIMA, el INS, y el Ministerio de Hacienda; de esta manera se validaron los macro proyectos y se seleccionaron los procesos que especialmente vulnerables, o más expuestos, a la opacidad y corrupción. La información levantada, con el aporte de prestadores de servicios de salud y del aseguramiento, permitió identificar en las distintas actividades de los procesos los riesgos referidos a la posibilidad de que ocurra una conducta o un comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta o en una omisión de una conducta. Cada uno de esos riesgos fue valorado en su probabilidad y muy importante, en su impacto. Los procesos seleccionados, y frente a los cuales una fase distinta del estudio los investigó en trabajo de campo, conforman el referente, ante todo en el aseguramiento y prestación, en la medida que allí se concentra el flujo del recurso financiero, y además se presentan en una relación entre múltiples actores y lo más importante, allí es donde se genera el servicio para los ciudadanos. Las actividades identificadas a ser propensas a opacidad fueron los procesos de contratación para la prestación de servicios, la atención a las personas, y la facturación, cobro y pago. En el tema de salud pública se identificó el proceso referente a las ejecuciones de las intervenciones colectivas. Uno de los objetivos del estudio es que una vez terminado el trabajo se deberán calificar los riesgos del sistema a través de una matriz, o mapa de riesgos, que servirá como un tablero de gestión para ejercer el control en todo el sistema, y no en organizaciones sueltas. Se clasificarán los riesgos por niveles que van desde bajo hasta catastrófico, así como su probabilidad de ocurrencia de cero a uno. Si bien hasta ahora las iniciativas contra la corrupción se ven dispersas y no obedecen a una política pública, como lo demuestra un trabajo adelantado por la Universidad de los Andes y coordinado por Tatiana Andia, la invitación del doctor Jairo Humberto Restrepo es a unirse en torno a todas las iniciativas para que se apliquen y conduzcan a unas buenas prácticas de información transparente. ¿Qué tan corrupto es el sistema de salud Colombiano? En desarrollo del estudio de caracterización de riesgos de corrupción y opacidad en el sistema de salud colombiano, el GES realizó una encuesta para identificar niveles de tolerancia a la corrupción y conocer la percepción y experiencias en el sistema de salud. La participación fue de 3.215 personas mayores de 18 años, 1.442 mediante el diligenciamiento de encuesta promovida por redes sociales en todo el país y 1.773 dirigidas por encuestadores en sitios públicos de Bogotá, Cartagena, Medellín, Pasto y Tunja, y en los municipios de Samaná y La Victoria en Caldas, y Sogamoso en Boyacá. Para la edad, se tuvo en cuenta la clasificación del DANE en tres grupos: 18 a 33 años (adulto joven), 34 a 59 años (adulto maduro) y las personas con más de 60 años (adulto mayor). La participación de estos tres grupos en el estudio fue 45%, 47% y 8%, respectivamente. Teniendo en cuenta las poblaciones, se contó con una mayor participación relativa de personas más adultas entre la población de la web (30%, 59% y 10,3% para cada grupo de edad), y entre la población dirigida se obtuvo una participación mayor de los más jóvenes (57, 3%, 37, 3% y 5,1%).En relación al género de los participantes, la participación femenina fue de 52% y la masculina de 47,5% (0,5% no respondieron). La encuesta del GES evidencia que las personas perciben la corrupción entre alta y muy alta para el país en general, y que el sistema de salud y algunos de sus actores como alcaldías, gobernaciones y secretarías de salud, hospitales públicos y EPS, son percibidos por las personas con una corrupción alta o muy alta, según el siguiente porcentaje de personas para cada uno de esos casos: 88%, 85%, 87%, 80% y 76%. Un hallazgo de significación para comprender el tema de la percepción, es que la corrupción está influenciada por muchos factores, entre ellos los medios de comunicación que informan sobre los hechos de corrupción y pueden incidir en la opinión. Para saber cómo se enteran las personas de los casos de corrupción, se indagó en la encuesta por los medios principales donde conocen las diferentes prácticas de corrupción, con los siguientes resultados: los medios de comunicación fueron el principal, indicado por el 61% de los participantes (55% para la población de la web y 67% para la población dirigida), seguidos por las redes sociales con una participación del 14% (16% y 12%), los amigos o colegas con 11% (15% y 8%), experiencia propia con 8% (8% y 7%), y los informes de organismos de control con 3% (3% y 2%). Para el doctor Restrepo existe una brecha entre lo que realmente sucede y lo que la gente piensa que sucede, y al ser los medios de comunicación, la principal fuente de información sobre actos corrutos, para acercarse a mediciones más exactas de cuanto significa realmente la corrupción en Colombia y cuál es su impacto, se necesitan otro tipo de evaluaciones, pero lo que sí es claro es que la percepción se vuelve una bola de nieve y si los medos informan que hay corrupción los ciudadanos se forma la idea que hay corrupción, lo que ayuda a que al momento de encontrar el caso puntual para sancionar se vuelve en una búsqueda sin salida. Aceptación social de la corrupción Resulta de especial gravedad que las personas califican la corrupción con una ocurrencia alta, pero también refieren el reconocimiento de la corrupción como un fenómeno aceptado socialmente. Es así como solamente el 19% de las personas del estudio consideran que existe cero tolerancia a la corrupción, en la medida en que ésta no es aceptada socialmente, mientras para el resto el fenómeno es muy aceptado (47%) o existe cierta aceptación por casos aislados, de bajo monto o porque resuelven necesidades de las personas(34%). Reforzando lo anterior, frente a la expresión “la corrupción hace parte de la cultura de los colombianos”, el 35% de las personas manifiesta no estar de acuerdo y el restante 65% adhiere un acuerdo total o parcial. Que el 81% considere que la corrupción si es aceptada socialmente resulta ser uno de los indicadores más preocupantes en términos de que se asume que el fenómeno es algo que se deja pasar. Finalmente para el doctor Restrepo la lucha contra la corrupción no es un tema de formalismos, ni un asunto de seguir una planilla para revisar el cumplimiento de normalidades, ni siquiera de expedir códigos de ética y buen gobierno. Debe ser un acto consiente de compromiso de todos para comportarnos conforme a la integridad, y es ahí donde si bien las entidades públicas están obligadas a elaborar los planes anticorrupción y de atención al ciudadano, uno de los instrumentos claves de esos planes son los mapas de riesgo de corrupción, sin embargo al examinar en un muestreo en 91 municipios se encontró que los registrados realmente no son riesgos de corrupción y muchos riesgos que deberían estar no son considerados. Lo que dice que se está haciendo una tarea a medias porque la lucha contra la corrupción no es el cumplimiento de una simple formalidad.

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