Proyecto de ley de residencias médicas: entre apoyos y controversias Redacción EL PULSO - elpulso@sanvicentefundacion.com El proyecto de ley 261 Senado - 272 Cámara que cursa en el Congreso de la República sobre las residencias médicas, recibió a finales de abril el apoyo de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas que presentó a los senadores ponentes, la presidencia del Senado y la Secretaría general de la Cámara de Representantes, las apreciaciones y consideraciones frente al mismo, sin embargo los gestores de la iniciativa acusaron a la ACHC de haber introducido un mico al proyecto que va en contravía del espíritu del proyecto y perjudica seriamente a los Residentes. En líneas generales, la comunicación de la ACHC dada a conocer a la opinión pública, señala que teniendo en cuenta las discusiones frente al proyecto de ley y sus modificaciones, y ante la realidad de la relación entre quienes intervienen en la proceso de formación de especialistas, recomienda que el proyecto de ley debe ser integral para que atienda a las necesidades de los médicos residentes, pero además, que se extienda su alcance para que con equilibrio, coadyuve a atender las necesidades y prioridades de la población enferma del país. En este orden de ideas, la ACHC respalda la remuneración a los residentes como “medida equilibrada y adecuada que puede generar un impacto positivo en el bienestar de los residentes”, y además propone que para nutrir el Fondo se exploren diversas fuentes obtenidas en las leyes 1608 de 2013, Ley 1797 de 2016 y en la pasada reforma tributaria: “sumando algunos de esos fondos remanentes podría obtenerse la masa monetaria suficiente y recurrente para darle la viabilidad fiscal al proyecto de Ley”. Frente a la financiación, la ACHC aclaró que: “las instituciones de educación superior y las entidades hospitalarias deberían revisar de manera integral todas las variables de los convenios docencia – servicio con la supervisión de los ministerios competentes, o en su defecto que a las IPS al igual que a las universidades se les reconozca los costos administrativos y operativos que conlleva la formación de los residentes”. Y agregó “impartir docencia requiere la supervisión detallada de los residentes, la delegación progresiva y supervisada, la tutoría y aspectos de orden logístico… Los residentes son conocedores que al ingresar a las IPS deben recibir entrenamiento, capacitación, coordinación; las IPS deben asumir los costos por curvas de aprendizaje, aumento de tiempo en quirófanos; gastos en la prestación de servicios tales como: insumos, materiales, dedicación del docente y personal administrativo, entre otros”. Y es precisamente frente a este punto que los gestores de la iniciativa manifestaron su rechazo al señalar que la ACHC influyó para que se introdujera un mico que “desvirtúa el objeto del proyecto”. El artículo de la discordia dice que la regulación de la matrícula que debe pagar el residente incluirá los costos administrativos de las universidades y de las IPS y por lo tanto se pasaría de ser una ley de remuneración del residente a una ley de financiación del proceso de especialización, que a la par beneficiaría los hospitales y clínicas. El principal argumento de las organizaciones promotoras de la ley es que los prestadores se benefician del trabajo de los más de 5.000 residentes que hay en el país, además de que facturan al sistema de salud por su trabajo, no hacen aportes para su sostenimiento más allá de alimentación y otros gastos menores, y cobran a las Facultades de Medicina al recibir sus estudiantes. El proyecto de ley plantea que el estado pague tres salarios mínimos a cada residente, pero el posible mico haría que se incluya en la matrícula los gastos de las IPS, de esta manera, según los promotores se profundiza la injusticia. El proyecto ha superado ya varios debates, pero esta nueva situación podrían complicar su aprobación final, o desvirtuar el espíritu de la norma.

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