Mencionar la palabra
"aborto" en Colombia es levantar un polvorín,
aunque se produzcan 400.000 al año según los últimos
estudios de Profamilia. Sin embargo, la vivencia de la sexualidad,
las relaciones de pareja y la conformación de las familias,
han sufrido una revolución interior que ajena a todos
los preceptos legales, morales, éticos o religiosos,
es real y hay que mirarla de frente. La edad en la primera relación
sexual puede estar entre los once y los trece años; las
parejas ahora no sólo son heterosexuales sino abiertamente
homosexuales o bisexuales; la bigamia es legal y el núcleo
familiar puede tener un origen tan diverso de parentesco como
los seres que lo conforman, dando paso a la popular frase: "tus
hijos, mis hijos y nuestros hijos", con lazos que van desde
la unión libre, el matrimonio y "las parejas abiertas",
hasta los independientes con su propio espacio, los compañeros
"permanentes" de sólo "fines de semana
o vacaciones" y los "amigovios".
En un país donde conviven tantos matices de relaciones,
la segunda causa de muerte femenina es el aborto, 17% según
el Ministerio de Salud, pero aún se levantan polvaredas
cuando alguien se atreve a plantear la necesidad de analizar
esta problemática de la salud pública en un marco
legal que no afecte las creencias religiosas, éticas
y el libre desarrollo de la personalidad. Recientemente, el
blanco de las críticas fue el defensor del Pueblo, Eduardo
Cifuentes Muñoz, quien el pasado 4 de junio, en un foro
sobre sexualidad adolescente, abiertamente expresó la
necesidad de contar con una legislación que permitiera
a las mujeres acceder a un aborto seguro en caso de violación,
riesgo de muerte para la madre, enfermedades congénitas,
"embarazo no deseado" o que pusiera "en serios
problemas económicos y sociales a la persona".
El tema ni siquiera hoy es un proyecto de Ley, sólo una
posibilidad que se vislumbra, pero el Defensor considera que
se debe promover porque estos análisis son parte de sus
funciones en un país democrático donde hay libertad
de cultos y conciencia y la Constitución garantiza el
libre desarrollo de la personalidad. Como la idea provenía
de un importante personaje de la vida nacional, era de suponerse
que no pasaría inadvertida. La protesta más vehemente
la hizo como siempre la Iglesia Católica, que fue una
de las primeras en saltar a la palestra para decir en voz de
monseñor Pedro Rubiano Sáenz, cardenal primado
de Colombia, que "legalizar el aborto sería tanto
como legalizar el secuestro, la extorsión y el asesinato"
y por ello reiteró que "por encima de todo estaba
el derecho a la vida".
Los 600 grupos feministas que se organizaron como una red desde
1990 para luchar por la despenalización del aborto en
América Latina, tampoco se callaron y aprovecharon la
coyuntura para manifestar en la revista Cambio, mediante la
Confluencia de Redes de Mujeres de Colombia, su defensa "del
derecho de las mujeres a no morir por cuenta de un aborto inseguro"
y a reiterar la necesidad de "reducir las tasas con mejores
servicios de planificación y educación sexual".
El ex presidente de la Corte Constitucional, el jurista Carlos
Gaviria Díaz, acogió la propuesta del Defensor
del Pueblo y anunció que propiciará en el Congreso
un debate para despenalizar la interrupción voluntaria
del embarazo a partir de la próxima Legislatura, este
20 de julio, cuando asume su cargo como senador de la República.
En estas circunstancias, la palabra "aborto" también
ha tenido que "salir del clóset", para confrontarse
con una sociedad en la cual el sólo nombrarla levanta
los demonios internos en los debates más encarnizados
cuando se confrontan en una lucha ideológica, legal,
estadística, moral y teológica, los problemas
de salud, libertad, conciencia y ética individual, que
tienen raíces en los principios constitucionales que
sustentan el Estado de Derecho, mientras la realidad camina
clandestina dejando paso a paso entre 350.000 y 500.000 abortos,
según estudios de la OMS, con las secuelas físicas
y mentales previstas.
Aunque el Defensor del Pueblo se mantuvo en que "la prohibición
de abortar es un principio religioso que no debe imponerse a
toda la colectividad" y en que no se trataba de "contrariar
a la Iglesia sino de generar opciones e invitar al uso de la
libertad de conciencia" porque a su juicio "la mujer
es un ente moral libre", lo cierto es que el momento no
era el más apropiado para la Iglesia que acaba de perder
una importante batalla política y legal en Suiza, donde
a pesar de tener una mayoría católica, el voto
popular por la despenalización de aborto obtuvo una contundente
aprobación con el 80% de los sufragios. En este país
europeo se producen 12.000 abortos anuales, aunque sólo
estaban autorizados cuando peligraba la vida de la madre.
Algo parecido se vivió precisamente hace un año,
en enero del 2001, cuando se aprobó la venta de "la
píldora del día después", que se consideró
un abortivo y levantó gran polémica en Colombia;
luego, en junio, cuando la Corte Constitucional declaró
exequible el parágrafo del artículo 124 del Código
de Procedimiento Penal, Ley 599 de 2000, en el cual se otorga
potestad al juez para abstenerse de proferir condenas en casos
de abortos por circunstancias extraordinarias como acceso carnal
violento, acto sexual abusivo o sin consentimiento e inseminación
artificial o transferencia del óvulo fecundado no consentido
por la mujer.
A partir del 24 de julio del 2001 empezó a regir esta
ley que no significó la despenalización del aborto
en Colombia, sino un poder al juez para eximir de la pena por
aborto (uno a tres años) a las víctimas de violación
e inseminación tras el respectivo análisis de
los casos. Hasta la fecha no se conoce de ninguno reportado
por inseminación artificial, mas si se tiene información
oficial por estudios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de 67.000 agresiones sexuales por año, desconociéndose
el número de las no reportadas y de cuántas de
ellas pueden desencadenar un embarazo indeseado. En el 80% de
los casos, las víctimas son mujeres y menores de 14 años
y es muy factible que de ellas provengan los 300 fetos muertos
y abandonados que ha recogido este año la Fiscalía
en diferentes ciudades del país.
En Bogotá, dos años atrás, es decir, el
7 de junio de 2000, una mujer fue condenada por primera vez
en Colombia a un año de prisión por haberse practicado
un aborto. Para este mes de junio de 2002, la Fiscalía
General de la Nación adelanta 535 investigaciones en
todo el país por abortos provocados, observándose
una curiosa mayor incidencia de casos en Cali, Bogotá
y Barranquilla. En el mundo se producen 53 millones de abortos
al año, de ellos cuatro millones se causan en América
Latina y 2.8 millones en sólo cinco países: Brasil,
Colombia, México, Perú y República Dominicana.
Además, cerca de un 30% de las camas de los servicios
de ginecología y obstetricia en toda Sudamérica
están dedicadas a atender las secuelas de los abortos
incompletos, según datos de la ONU y la OMS. Los colectivos
organizados de mujeres que operan en el país, afirman
que Colombia pertenece al 0.4% de la población mundial
en donde está totalmente penalizado el aborto, aunque
es la segunda causa de mortalidad materna, con el agravante
de que el 26.5% de las menores de 20 años ya ha tenido
un embarazo y de éstas el 44.6% se ha practicado un aborto,
mientras un 50% de ellas lo han hecho en el segundo trimestre,
cuando el procedimiento es más riesgoso para la madre.
Con razón, por esos días, en la revista Actualidad
Colombia, la sicóloga francesa Florence Thomas decía:
"En un país que de 100 embarazos hay 50 no deseados
y 25 acaban en aborto, es muy importante repensar, conocer,
divulgar y socializar lo que significan los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres, que hoy día hacen parte
de los derechos humanos”. |
