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Los precios de los medicamentos son
ahora el centro del tira y afloje entre EPS y clínicas
y hospitales del país. |
Manual tarifario de medicamentos,
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Un debate para tratar con pinzas Alejandro
Baena Jiménez Periodista, Medellín
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| Unos meses atrás,
la iniciativa de las EPS de aportar los medicamentos requeridos
por los usuarios a las clínicas y hospitales, con el
fin de reducir sus costos, fue objeto de debate entre aseguradoras
y prestadores de servicios. Las primeras, apoyadas en las cifras
sobre el crecimiento desmesurado del costo de estos insumos
médicos, esgrimieron que era una alternativa ante el
índice de variablidad en los precios que, según
afirman, les es desfavorable. |
Para las IPS, esta medida sería una nueva estocada
en sus deteriorados sistemas financieros, pues les significaría
la pérdida de utilidades que consideran legítimas
en la compra y venta de los productos farmacéuticos.
La discusión sobre este particular quedó cerrada
y, por el momento, se descartó la aplicación
de la medida. Sin embargo, una nueva alternativa está
sobre el tapete y comienza a ser objeto de evaluación
de las partes: la creación de un manual tarifario
único para medicamentos, desglosado por áreas.
Aunque entidades como el ISS señalan que esta iniciativa
no es una propuesta formal y que apenas se viene trabajando
en un borrador, reconocen que hay acercamientos con directivos
de la Asociación Colombiana de Clínicas y
Hospitales para exponer puntos de vista y sondear la viabilidad
de esta salida.
Se necesita
equilibrio
Sin embargo, para las IPS, es claro que la propuesta debe
ser estudiada, pues produciría un desequilibrio que
daña el sistema financiero de estas instituciones
en beneficio de las entidades aseguradoras.
Según Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación
de Clínicas y Hospitales, aunque el debate es pertinente,
no se puede desconocer que en un momento de recesión
severa como el que vive el sector de la salud, la idea de
un manual tarifario genera temores para las entidades prestadoras
de servicios, ante la posibilidad de una aplicación
arbitraria y unilateral que entraría a disminuir
las precarias utilidades que perciben en un negocio cada
vez más restringido.
En este sentido, gerentes y directores administrativos de
algunas clínicas y hospitales del país destacan
que en un sistema como la Ley 100, en el que la salud está
planteada abiertamente como un negocio, la compra de insumos
medico-quirúrgicos, para comercializarlos a un precio
que genere utilidades, es una práctica completamente
legítima. Más aún, aseguran que estos
recursos han subsidiado los vacíos financieros generados
por las bajas tarifas para los servicios de salud y los
honorarios médicos implantadas por la misma Ley 100.
Otro de los inconvenientes que observan las IPS para la
instauración de un régimen único tarifario
es la variablidad del precio de estos insumos en un mercado
liberalizado y las dificultades para calcular, a la hora
de hacer una ponderación, el costo administrativo
que implica la contratación de los medicamentos.
"Dentro de nuestra política de reducción
de costos relacionados con el inventario, como clínica
no manejamos un stock de insumos medico-quirúrgicos.
Compramos casi al diario, lo que hace que tengamos que pagar
más por un producto que puede ser adquirido a un
menor costo por otra entidad que lo adquiere en mayor volumen",
explica José Ricardo Masip, gerente de la Clínica
del Caribe, de Barranquilla.
Una situación similar enfrenta el Hospital Universitario
San Carlos, de Bogotá. Según su subdirector
administrativo, César Castaño, aspectos como
el hecho de que ciertos medicamentos se importen y la variabilidad
de los costos en la contratación generan una fluctuación
en los precios que es difícil de unificar en un manual
tarifario.
Para otro de los sectores implicados, el de la industria
farmacéutica, si no hay una concertación previa,
el establecimiento de patrones únicos en los precios
de los medicamentos es un imposible jurídico y un
absurdo económico, teniendo en cuenta que las legislaciones
de defensa al consumidor y de promoción a la competencia
prohíben cualquier tipo de acuerdos entre productores
y particulares.
"Si esta es una iniciativa que parte de las EPS me
sorprende, principalmente, porque no creo que, en cuanto
a la industria nacional se refiere, que provee más
del 55% de las unidades de los medicamentos que consumen
los colombianos, estas empresas consigan precios más
reducidos. Sólo en el caso del ISS estamos hablando
de descuentos del 50%", señala Alberto Bravo,
presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas
(Asinfar).
Falta un
estudio oficial
Voceros de la otra cara de la moneda -las EPS privadas y
el Seguro Social-, señalan que el incremento del
valor en los productos farmacéuticos es una preocupación
no sólo de las entidades aseguradoras sino del sector
salud en general, por lo que debe implementarse un estudio
comparativo formal de las tarifas del mercado.
"Los medicamentos parecen estar fluctuando enormemente.
Bajo estas condiciones yo no sé si un hospital pueda
garantizar un precio promedio para estos productos anualmente.
Esto lo que nos indica es que aquí no hay ninguna
disputa y que en algún momento nos vamos a ver obligados
a hacer un frente común porque, a fin de cuentas,
tanto EPS como IPS somos consumidoras y ambas nos vemos
afectadas por los altos precios", afirma Juan Carlos
García, director de Planeación de la EPS del
ISS.
García aclaró que en ningún momento
se está poniendo en duda la legitimidad de las utilidades
que devengan las clínicas y hospitales por la comercialización
de los medicamentos y señaló que lo que se
está buscando con el borrador del manual tarifario
es hacer una negociación conjunta para facilitar
el precio de compra.
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“La idea de
un manual tarifario genera temores para las entidades prestadoras
de servicios, ante la posibilidad de una aplicación
arbitraria y unilateral que entraría a disminuir
las precarias utilidades que han logrado percibir en un
negocio cada vez más restringido".
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Voceros de la otra cara de la moneda -las
EPS privadas y el Seguro Social-, señalan que el incremento
del valor en los productos farmacéuticos es una preocupación
no sólo de las entidades aseguradoras sino del sector
salud en general, por lo que debe implementarse un estudio
comparativo formal de las tarifas del mercado.
"Los medicamentos parecen estar fluctuando enormemente.
Bajo estas condiciones yo no sé si un hospital pueda
garantizar un precio promedio para estos productos anualmente.
Esto lo que nos indica es que aquí no hay ninguna disputa
y que en algún momento nos vamos a ver obligados a
hacer un frente común porque, a fin de cuentas, tanto
EPS como IPS somos consumidoras y ambas nos vemos afectadas
por los altos precios", afirma Juan Carlos García,
director de Planeación de la EPS del ISS.
García aclaró que en ningún momento se
está poniendo en duda la legitimidad de las utilidades
que devengan las clínicas y hospitales por la comercialización
de los medicamentos y señaló que lo que se está
buscando con el borrador del manual tarifario es hacer una
negociación conjunta para facilitar el precio de compra.
En términos generales, ambas partes EPS e IPS- coinciden
en afirmar que al momento de debatir el tema del manual tarifario
debe apelarse a una discusión abierta y sin intereses
particulares. Sin embargo, otros sectores no descartan alternativas
como la intervención seria de los organismos del Estado
encargados de velar por el óptimo funcionamiento del
sistema de salud.
Para el director de la Asociación Colombiana de Clínicas
y Hospitales, es necesario regresar a una política
de control de precios centralizada, ante el efecto inflacionario
que produjo la liberalización. Según Juan Carlos
Giraldo, es la Comisión de Precios de Medicamentos
-conformada por la Presidencia de la República, el
Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Salud- la que
debe trazar políticas que eviten impactos negativos
para cualquiera de los actores del sector, bien sean aseguradoras
o prestadoras de servicios.
Otras voces afirman que la única forma de conjurar
la situación es que el Ministerio de Salud, en una
función que le es plenamente competente, aborde una
investigación detallada sobre el comportamiento de
los costos de cada uno de los servicios prestados en el campo
de la salud, incluyendo los medicamentos, con el fin de que
la idea de un manual tarifario tenga un soporte real y no
genere desconfianzas.
"Es un hecho que el Estado debe intervenir en la cuestión
de los precios para los insumos médicos, pero no con
medidas arbitrarias que no se ajustan a las necesidades reales
de las instituciones, como ocurrió en el caso del SOAT",
advierte César Castaño, quien señala
que, en últimas, el más afectado por los traumatismos
causados con estas normas "dictadas a ojo" es el
paciente.
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