Aciertos y desaciertos de la Ley 100 vistos desde Ecuador Luz Enidia Largo Arteaga Periodista elpulso@elhospital.org.co El presidente de la Fundación Ecuatoriana para la Salud y el Desarrollo, Fesalud, el doctor Fernando Sacoto, analizó los primeros 10 años de Ley 100 desde una perspectiva externa, fuera de la dinámica de aplicación de la ley en el ámbito colombiano. Según el doctor Sacoto, la reciente realización de un certamen organizado por el Organismo Andino de Salud -Convenio Hipólito Unanhue-, en la ciudad de Lima, en el que se presentaron distintas visiones y posiciones sobre el proceso colombiano, contribuyó a reconocer intereses diferenciales muy profundos entre los diversos actores del sistema colombiano de seguridad social en salud (aseguradores, proveedores y médicos, especialmente). El presidente de Fesalud considera que la Ley 100 pone en evidencia la existencia de una voluntad política nacional por reformar el sistema de salud en Colombia y por alcanzar un verdadero aseguramiento en salud. Destaca además como un aspecto positivo el impulso a procesos de participación ciudadana y democratización en procesos y servicios de salud, a través de la municipalización de la gestión y el establecimiento de veedurías populares, señalando que dada la heterogeneidad en cuanto a capacidades institucionales de gestión local, tal logro debe ser visto como proceso en construcción, como es el caso de los problemas que se presentan en la categorización poblacional a través del Sisbén. También apunta el doctor Sacoto que la Ley 100 ha permitido la modernización empresarial ubicando al usuario en el centro de la atención, aunque parece necesario colocar precauciones y controles que eviten desfigurar el objetivo de servicio de instituciones de salud y reemplazarlo por un criterio utilitario-mercantilista En cuanto a los posibles desaciertos, señala la insuficiente regulación estatal para impedir desviaciones en los distintos “nodos” del sistema, particularmente en lo relativo a flujos financieros, problemas que al parecer se ubican en determinadas Empresas Promotoras de Salud (EPS) que privilegian el rendimiento económico en perjuicio de la calidad de la atención y de un adecuado tratamiento a personal de salud. Apunta el directivo que otros dos graves problemas generados por la ley son, en primer lugar, la competencia de establecimientos públicos con proveedores privados en condiciones desventajosas que han llevado al cierre forzado de establecimientos hospitalarios con notable tradición de servicio, y en segundo lugar, la evidente subordinación de componentes preventivo promocionales y de salud pública a actividades de recuperación, claramente ubicadas en una dinámica de mercado. Las consecuencias han sido documentadas con retrocesos en actividades prioritarias como vacunación infantil y materna, por ejemplo. Concluye el doctor Sacoto que desde su perspectiva, hasta ahora el saldo parece positivo, debiendo registrarse como logro la incorporación de más de 10 millones de colombianos al sistema de seguridad social en salud, a pesar de sus características restrictivas en el régimen subsidiado, y afirma que quizás el reto más importante para Colombia sea construir un sistema de aseguramiento verdadero que no se sustente en diferencias discriminatorias (afiliados contributivos-subsidia-dos-vinculados) sino que, por el contrario, garantice un conjunto universal de prestaciones sostenible política, social y financieramente, adecuado a las necesidades de la población, además de que el sistema debería verse como un elemento complementario a acciones de salud pública y promoción de la salud. 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