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INFORME PARA EL
SECTOR SALUD
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Participación
del sector salud en proyectos que lo regulan
Francisco
de Paula Gómez Director Ejecutivo de la Cámara
Sectorial de Salud ANDI fgomez@andi.com.co
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En
medio de intensas discusiones y airados debates se encuentran
dos propuestas de gran importancia para el sector salud, como
lo son el proyecto de ley 017 sobre recursos humanos de salud
-con su contrapropuesta el proyecto de ley 033-, y el anunciado
proyecto de decreto sobre transplantes.
No examinaré aquí las mencionadas propuestas ni
sus pro o sus contra: más bien intentaremos hacer un
breve análisis acerca del impacto negativo que pudiera
tener y que tendría en el futuro, la escasa participación
de los diferentes estamentos médicos, científicos
y gremiales especializados en la discusión previa de
éstos y otros temas de salud.
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La
Constitución Política colombiana dice así
en su primer artículo: “Colombia es un Estado social
de derecho, organizado en forma de república unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general.” No queda duda alguna que la Asamblea Constituyente
de 1991 de manera inequívoca plasma en la Constitución
la vocación democrática de este país y
señala, entre otras cosas, que somos una nación
participativa y pluralista.”
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Por su parte, la Ley 100 de 1993 plantea sus principios generales
en el primer capítulo, señalando como uno de
ellos, la participación: “PARTICIPACION. Es la
intervención de la comunidad a través de los
beneficiarios de la seguridad social en la organización,
control, gestión y fiscalización de las instituciones
y del sistema en su conjunto.”
Partiendo del hecho de que el Sistema General de Seguridad
Social en Salud está inserto dentro de una democracia
y que la participación es uno de sus principios, no
debe quedar duda alguna acerca de la legitimidad que tienen
las asociaciones científicas, la academia de medicina,
las asociaciones médicas, las asociaciones de profesionales
de la salud y demás, en conocer, proponer, debatir,
concertar y participar en la toma de decisiones que les competen
de manera extensa. Igualmente, también les asiste el
derecho de poder opinar acerca de temas técnicos que
por su gran especificidad, en muchos casos solo ellos conocen
profundamente.
Es evidente que la vertical reacción que han generado
estos proyectos y el avanzado estado de desarrollo en el que
se han conocido las propuestas, muestra que no se consultó
suficientemente algunos aspectos de vital importancia y que
no se han llevado a cabo debates lo suficientemente amplios
que conduzcan a la toma de una cabal decisión. Se entiende
claro, que los debates y las discusiones no pueden durar toda
la vida y que en ellos participan toda clase de intereses
buenos -y “no tan buenos”-, y que el gobierno está
allí para eso, para gobernar. Sin embargo, es conveniente
llamar la atención sobre el necesario establecimiento
de un mecanismo de consultas por parte del Ministerio de la
Pro-tección Social, el que seguramente en un principio
retrasará tal vez un poco su vertiginosa agenda de
trabajo, pero que con seguridad una vez establecido y socializado,
sería de gran ayuda para la ejecución efectiva
de las políticas del Estado.
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No debe quedar duda alguna
acerca de la legitimidad que tienen las asociaciones científicas,
la academia de medicina, las asociaciones médicas,
las asociaciones de profesionales de la salud y demás,
en conocer, proponer, debatir, concertar y participar en la
toma de decisiones que les competen de manera extensa. Igualmente,
también les asiste el derecho de poder opinar acerca
de temas técnicos que por su gran especificidad, en
muchos casos solo ellos conocen profundamente.
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Se
debe entender que la participación debe ser “ex
ante”, o sea que debe permitir el esbozo de ideas, propuestas
y proyectos por parte del ente ministerial ante la comunidad
médico-científica con el ánimo de consultarle,
de proponerle y debatir, para finalmente decidir por parte del
gobierno -claro está-. Proponer “participación”
cuando las decisiones ya están tomadas, solo lleva a
sentimientos de impotencia y de desconfianza, a enfrentamientos
y a choques que hacen más difícil el ya tortuoso
camino en que se ha convertido la conducción de la Seguridad
Social en Salud.
Existen algunos estamentos creados ya sea por la reforma de
salud o por la misma democracia, que deben aprovecharse precisamente
para hacer esos debates y esas consultas previas, pues tengo
la certeza que cuando los temas se ilustran, se consultan, se
discuten con los diferentes entes representativos de la sociedad,
llámense agremiaciones, asociaciones, sindicatos, ligas,
etc., y se tiene la firme convicción de tomar la mejor
decisión, una vez tomada ésta, ya no causa sorpresas
ni perspicacias y más bien en numerosos casos, se cuenta
con el apoyo de muchos de ellos.
También es cierto que el poder estudiar en conjunto un
tema determinado con la presencia de varios puntos de vista
enriquece lo estudiado; precisamente esa pluralidad le permitiría
al gobierno tener la certeza de haber revisado la mayor cantidad
posible de variables parar lograr un mayor acierto en la toma
de sus decisiones, desechando la influencia de intereses y pareceres
particulares.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) como
organismo rector del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, debiera ser el foro natural para discutir previamente
una propuesta de política de transplantes, una propuesta
de política para el recurso humano de la salud o cualquier
otra política de salud. Infortunadamente el Consejo no
se reúne, en evidente contravía de mandatos legales;
ello delata la imposibilidad que tienen para acercarse al gobierno
una buena parte de representantes y de instituciones democráticas
y plurales, e igualmente se coloca el Ministerio a sí
mismo una barrera que no le permite tener un diálogo
fluido y permanente con los diferentes estamentos del sector.
Debido a que las democracias y la participación ciudadana
conllevan cada vez un mayor grado de perfeccionamiento, es de
esperarse que una sociedad como la colombiana -al igual que
su sector salud- no renuncien a esa capacidad de concertación
que le otorgaron la Constitución y la Ley 100; por tanto,
si se insiste en cerrar al sector las puertas de participación
en el CNSSS, me temo que éste busque alternativas para
lograr ser escuchado, ya sea ante el Congreso de la República,
ante otras instancias del ejecutivo, ante los medios de información,
etc., donde operan otras lógicas y donde es más
difícil mantener control.
Es importante entender que la participación es un aspecto
fundamental dentro del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, y que corresponde a la sociedad y a sus instituciones
civiles demandarla, y al Estado promoverla y facilitarla. |
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