La epilepsia
tiene una prevalencia en Colombia de 17 por 1.000 habitantes,
o sea que existen aproximadamente 800.000 personas afectadas;
de ellos, se postula que del 60 al 70% son niños y adolescentes.
Esta cifra triplica la de países desarrollados. La precaria
formación del médico general en neurología
conlleva a un subdiagnóstico relevante, que contribuye
a la estigmatización en sus diferentes presentaciones
como subempleo, desempleo, rechazo escolar, aislamiento social,
señalamiento de enfermo mental o incluso poseído,
sobreprotección o victimización. Este problema
ha llevado a que la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE)
y el Bureau Internacional de Epilepsia (IBE), desarrollaran
la campaña universal denominada ”Sacar la epilepsia
de las sombras”.
A diferencia de Brasil o Chile, Colombia no posee un Programa
Nacional de Epilepsia. El médico general no puede ordenar
un electroencefalograma ni una tomografía cerebral para
clasificar y diagnosticar la enfermedad. La traumática
remisión a un segundo o tercer nivel de atención,
retardan no solo el diagnóstico sino el tratamiento específico.
El Plan Obligatorio de Salud (POS), dispone de los 4 anticonvulsivantes
básicos; sin embargo, con frecuencia el médico
general no los prescribe en la forma correcta. Y las EPS y ARS,
no garantizan el suministro continuo del medicamento prescrito,
lo que dificulta la adherencia a un tratamiento crónico,
y facilita la aparición de efectos secundarios y la recurrencia
de crisis con sus posibles complicaciones.
El 70% de los pacientes entran en remisión de la enfermedad
después de dos años de tratamiento. El 30% restante,
que en Colombia serían cerca de 242.500 personas, padecen
bajo una enfermedad resistente a los medicamentos convencionales.
Las opciones terapéuticas están encaminadas al
uso de nuevos antiepilépticos o a la posibilidad de cirugía
de epilepsia.
Los nuevos anticonvulsivantes, no estan incluidos en el POS,
son en su mayoría muy costosos y garantizan un control
de las crisis sólo en un 15% de los pacientes resistentes,
o sea alrededor de 48.500 personas en Colombia. El acceso a
dichos medicamentos es con frecuencia irregular y sujeto a múltiples
trámites engorrosos. Las 194.000 personas restantes serían
muy probablemente candidatos a cirugía de epilepsia.
Los protocolos serios de cirugía de epilepsia aprobados
por comités académicos, la evaluación por
equipos multidisciplinarios, el avance de los exámenes
paraclínicos y de las técnicas neuroquirúrgicas
modernas, han permitido el éxito en pacientes bien seleccionados
con un control total de sus crisis entre un 70 a 80%. Incluso
un estudio randomizado y controlado en Ontario, Canadá,
demuestra la superioridad en el control de las crisis y en la
calidad de vida en los pacientes operados, frente a los que
continuaban en tratamiento farmacológico. La cirugía
sigue siendo, infortunadamente, un recurso subutilizado. Se
dan entonces las siguientes recomendaciones para enfrentar el
desafío sobre el diagnóstico y tratamiento de
la epilepsia:
- Fortalecimiento y desarrollo de los programas de salud pública
encaminadas a prevenir las causas secundarias de epilepsia.
- Inclusión de la capacitación sobre epilepsia
al personal médico desde pregrado y en su ejercicio profesional.
- Motivar la posibilidad de creación de un programa nacional
de epilepsia.
- Exigir la continuidad de suministro por las EPS y ARS de los
medicamentos prescritos por el médico tratante.
- Inclusión de la epilepsia refractaria entre las enfermedades
catastróficas en el régimen de seguridad social.
- Fortalecer los programas de cirugía de epilepsia como
opción científicamente válida y efectiva.
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