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La salud en la era Uribe:
mejor mejora mejoral
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Jairo
Humberto Restrepo Zea Coordinador del Grupo de Economía
de la Salud GES-. Centro de Investigaciones Económicas
-CIE- de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Antioquia jairo@catios.udea.edu.co |
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Quiero recordar el slogan
con el cual se promovía un medicamento de consumo popular,
el Mejoral, para comentar que las propuestas y los
resultados del sistema de seguridad social en salud en el
gobierno actual, con pocas excepciones, son precisamente una
cuestión de pildoritas que pueden afectar la salud
de los colombianos por sus efectos secundarios. Además,
se destaca el ascenso de una tecnocracia distanciada de la
realidad del país, acaso patrocinada o en todo caso
aplaudida por la industria de la pildorita, lo cual se encuentra
acompañado de los intentos por consolidar un Estado
autoritario.

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El informe que presentó
el Ministerio de la Protección Social al Congreso de
la República, en el cual se relacionan y comentan las
actividades realizadas en este campo durante el primer año
de gobierno enseña, en primer lugar, el poco aprecio
que parece tenerse por el Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud, del cual solamente se relacionan en un anexo ocho
Acuerdos y él mismo ni siquiera es reconocido dentro
de la lista de entidades adscritas al Ministerio. Aunque ciertamente
el informe está referido a un campo más amplio
que el de la salud, es importante recordar que, en cuanto a
ésta en particular, se requiere de la discusión
al interior de aquel organismo para presentar el informe a las
comisiones séptimas del Senado y la Cámara.
Lo anterior pudiera ser una mera cuestión formal y acaso
se subsane con la presentación de un texto específico
sobre el sistema de seguridad social en salud, el cual, a la
hora de escribir esta reflexión, entiendo que no había
sido producido o entregado formalmente al Congreso. Sin embargo,
creo que se presenta también una cuestión de fondo
relacionada con la concepción y puesta en marcha del
Estado Comunitario propuesto por el Presidente Uribe. En efecto,
la fusión de los ministerios de salud y trabajo, la incorporación
al gobierno de una nueva generación de técnicos
y economistas con pocos afectos por la discusión y la
participación ciudadana, además de los superpoderes
que concentra el Ministerio de Hacienda, muestran un panorama
que va en contra de una solución no tanto más
democrática como sí garante del bien común,
como sería el fortalecimiento del Consejo y su reconocimiento
como organismo de regulación, con mayor independencia
del gobierno y los gremios.
En segundo lugar, en cuanto al contenido que sobre la seguridad
social en salud ofrece el informe, es importante destacar los
esfuerzos que se hacen en salud pública. El Ministerio,
de la mano con el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
en tanto este organismo autoriza gastos de la seguridad social,
ha retomado liderazgo sobre esta materia desde el anterior gobierno
y prueba de ello es la destinación de recursos de promoción
del Fondo de Solidaridad y Garantía para adquirir biológicos
que permitan seguir aumentando las coberturas de vacunación;
además, se ha hecho muy explícita la preocupación
por la mortalidad infantil y la salud sexual y reproductiva,
en particular la situación que presenta el embarazo en
adolescentes, para lo cual se destinaron recursos con miras
a financiar investigaciones que ofrezcan soluciones a estas
problemáticas; de igual modo, se destacan los lineamientos
acerca de los planes de atención básica a cargo
de las entidades territoriales.
También se destaca, como hecho positivo que resultó
en buena medida de las acciones emprendidas en el año
2001, el alivio financiero del régimen contributivo.
En este caso, en el año 2002 se obtuvo superávit
del ejercicio de compensación, luego de haber presentado
una situación dramática, pero parece que en el
año 2003 vuelve el déficit, debido en especial
a la caída de los ingresos de la población cotizante.
En cuanto a cobertura del régimen contributivo, todo
sigue igual y, si bien el gobierno plantea una proyección
realista, con un incremento en el cuatrienio que apenas supera
el 10% de la población afiliada en el año 2002,
se aprecia que hay un reconocimiento sobre el hecho de que la
creación de empleo no crece al mismo ritmo de la afiliación
(acaso esta última, empleando la propia información
del gobierno, solo absorbe un 30% del empleo nuevo) y que la
cobertura acá seguirá estancada. Esta situación
es reconocida de manera más frontal en el capítulo
correspondiente a pensiones, en el cual se dice que se tiene
el mismo nivel de cobertura de 1993.
En cuanto al régimen subsidiado, deseo insistir en la
importancia de lograr claridad sobre dos cuestiones que hablan
de la situación real y el futuro del régimen.
Por una parte, aunque en el informe se menciona la cifra de
11.4 millones de afiliados, en otros escenarios el propio gobierno
ha señalado que existen personas coladas
y que hay dobles afiliaciones, entre otros fenómenos
que reducirían la cobertura real sobre la población
potencial. Más aún, en la propuesta para la conformación
de la base única de datos, apenas se reconocen unos nueve
millones de afiliados. Por otra parte, a pesar de haber bajado
la meta de nuevos afiliados a tres millones, el informe deja
ver las dificultades para financiar dicha ampliación.
Continuando con lo anterior, creo que el informe no resuelve
un dilema muy complicado que ha ocasionado gastos innecesarios
al país y que, unido al problema de cobertura en el régimen
contributivo, reclama la búsqueda de alternativas para
garantizar una cobertura más universal y dejar de legislar
sobre las excepciones. Me refiero a la tensión que se
tiene entre la ampliación de cobertura en el régimen
subsidiado, por un lado, y la prestación de servicios
y la sostenibilidad de la red pública de hospitales,
por el otro. Concretamente, el informe incurre en una falacia
al pretender ampliar la cobertura del régimen como condición
para asegurar la operación de las IPS, lo cual implica
mantener la ortodoxia de que el sistema se orienta adecuadamente
a través de la demanda.
En otras palabras, si se siguen reduciendo los recursos destinados
a financiar la atención de la población vinculada,
con miras a incrementar la cobertura, también se continuarán
realizando gastos dobles al pagar por una población a
las Administradoras del Régimen Subsidiado y buscar recursos
adicionales para poder sostener la red de servicios. Esta tensión
tiene expresiones concretas, en cuanto a la reestructuración
de hospitales, que pueden verse en el cierre de servicios y
la acomodación de los portafolios de servicios que generan
barreras al acceso (como el cierre de servicios ambulatorios
el fin de semana en hospitales que tiene una gran influencia
sobre la zona rural, o la fragmentación del plan de beneficios
entre una red que implica mayor distancia para el usuario).
Por último, el informe trata de manera soslayada o con
poco desarrollo algunos temas que se encuentran en el centro
de la problemática actual y constituyen factores claves
para proyectar el futuro del sistema de seguridad social en
salud en el marco de los principios asignados al mismo: universalidad,
solidaridad y eficiencia. En este caso se encuentra el tema
del alto costo, en particular la intención de trasladar
pacientes por una sola vez, lo cual considero que
es inconstitucional y no resuelve un problema que seguirá
manifestándose en la medida en que el sistema continúe
madurando; también, el rediseño del régimen
subsidiado merece la mayor atención, en especial por
el impacto que pueda traer sobre el acceso de los afiliados,
pero muy poco se dice del asunto; y sobre otros temas importantes,
como la incorporación de los informales e independientes,
o el recurso humano en salud, apenas se mencionan los estudios
realizados o los que están en proceso. |
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