MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 60   SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

La salud en la era Uribe:
mejor mejora mejoral

Jairo Humberto Restrepo Zea Coordinador del Grupo de Economía de la Salud GES-. Centro de Investigaciones Económicas -CIE- de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia jairo@catios.udea.edu.co
Quiero recordar el slogan con el cual se promovía un medicamento de consumo popular, el Mejoral, para comentar que las propuestas y los resultados del sistema de seguridad social en salud en el gobierno actual, con pocas excepciones, son precisamente una cuestión de pildoritas que pueden afectar la salud de los colombianos por sus efectos secundarios. Además, se destaca el ascenso de una tecnocracia distanciada de la realidad del país, acaso patrocinada o en todo caso aplaudida por la industria de la pildorita, lo cual se encuentra acompañado de los intentos por consolidar un Estado autoritario.
El informe que presentó el Ministerio de la Protección Social al Congreso de la República, en el cual se relacionan y comentan las actividades realizadas en este campo durante el primer año de gobierno enseña, en primer lugar, el poco aprecio que parece tenerse por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, del cual solamente se relacionan en un anexo ocho Acuerdos y él mismo ni siquiera es reconocido dentro de la lista de entidades adscritas al Ministerio. Aunque ciertamente el informe está referido a un campo más amplio que el de la salud, es importante recordar que, en cuanto a ésta en particular, se requiere de la discusión al interior de aquel organismo para presentar el informe a las comisiones séptimas del Senado y la Cámara.
Lo anterior pudiera ser una mera cuestión formal y acaso se subsane con la presentación de un texto específico sobre el sistema de seguridad social en salud, el cual, a la hora de escribir esta reflexión, entiendo que no había sido producido o entregado formalmente al Congreso. Sin embargo, creo que se presenta también una cuestión de fondo relacionada con la concepción y puesta en marcha del Estado Comunitario propuesto por el Presidente Uribe. En efecto, la fusión de los ministerios de salud y trabajo, la incorporación al gobierno de una nueva generación de técnicos y economistas con pocos afectos por la discusión y la participación ciudadana, además de los superpoderes que concentra el Ministerio de Hacienda, muestran un panorama que va en contra de una solución no tanto más democrática como sí garante del bien común, como sería el fortalecimiento del Consejo y su reconocimiento como organismo de regulación, con mayor independencia del gobierno y los gremios.
En segundo lugar, en cuanto al contenido que sobre la seguridad social en salud ofrece el informe, es importante destacar los esfuerzos que se hacen en salud pública. El Ministerio, de la mano con el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en tanto este organismo autoriza gastos de la seguridad social, ha retomado liderazgo sobre esta materia desde el anterior gobierno y prueba de ello es la destinación de recursos de promoción del Fondo de Solidaridad y Garantía para adquirir biológicos que permitan seguir aumentando las coberturas de vacunación; además, se ha hecho muy explícita la preocupación por la mortalidad infantil y la salud sexual y reproductiva, en particular la situación que presenta el embarazo en adolescentes, para lo cual se destinaron recursos con miras a financiar investigaciones que ofrezcan soluciones a estas problemáticas; de igual modo, se destacan los lineamientos acerca de los planes de atención básica a cargo de las entidades territoriales.
También se destaca, como hecho positivo que resultó en buena medida de las acciones emprendidas en el año 2001, el alivio financiero del régimen contributivo. En este caso, en el año 2002 se obtuvo superávit del ejercicio de compensación, luego de haber presentado una situación dramática, pero parece que en el año 2003 vuelve el déficit, debido en especial a la caída de los ingresos de la población cotizante.
En cuanto a cobertura del régimen contributivo, todo sigue igual y, si bien el gobierno plantea una proyección realista, con un incremento en el cuatrienio que apenas supera el 10% de la población afiliada en el año 2002, se aprecia que hay un reconocimiento sobre el hecho de que la creación de empleo no crece al mismo ritmo de la afiliación (acaso esta última, empleando la propia información del gobierno, solo absorbe un 30% del empleo nuevo) y que la cobertura acá seguirá estancada. Esta situación es reconocida de manera más frontal en el capítulo correspondiente a pensiones, en el cual se dice que se tiene “el mismo nivel de cobertura de 1993”.
En cuanto al régimen subsidiado, deseo insistir en la importancia de lograr claridad sobre dos cuestiones que hablan de la situación real y el futuro del régimen. Por una parte, aunque en el informe se menciona la cifra de 11.4 millones de afiliados, en otros escenarios el propio gobierno ha señalado que existen personas “coladas” y que hay dobles afiliaciones, entre otros fenómenos que reducirían la cobertura real sobre la población potencial. Más aún, en la propuesta para la conformación de la base única de datos, apenas se reconocen unos nueve millones de afiliados. Por otra parte, a pesar de haber bajado la meta de nuevos afiliados a tres millones, el informe deja ver las dificultades para financiar dicha ampliación.
Continuando con lo anterior, creo que el informe no resuelve un dilema muy complicado que ha ocasionado gastos innecesarios al país y que, unido al problema de cobertura en el régimen contributivo, reclama la búsqueda de alternativas para garantizar una cobertura más universal y dejar de legislar sobre las excepciones. Me refiero a la tensión que se tiene entre la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado, por un lado, y la prestación de servicios y la sostenibilidad de la red pública de hospitales, por el otro. Concretamente, el informe incurre en una falacia al pretender ampliar la cobertura del régimen como condición para asegurar la operación de las IPS, lo cual implica mantener la ortodoxia de que el sistema se orienta adecuadamente a través de la demanda.
En otras palabras, si se siguen reduciendo los recursos destinados a financiar la atención de la población vinculada, con miras a incrementar la cobertura, también se continuarán realizando gastos dobles al pagar por una población a las Administradoras del Régimen Subsidiado y buscar recursos adicionales para poder sostener la red de servicios. Esta tensión tiene expresiones concretas, en cuanto a la reestructuración de hospitales, que pueden verse en el cierre de servicios y la acomodación de los portafolios de servicios que generan barreras al acceso (como el cierre de servicios ambulatorios el fin de semana en hospitales que tiene una gran influencia sobre la zona rural, o la fragmentación del plan de beneficios entre una red que implica mayor distancia para el usuario).
Por último, el informe trata de manera soslayada o con poco desarrollo algunos temas que se encuentran en el centro de la problemática actual y constituyen factores claves para proyectar el futuro del sistema de seguridad social en salud en el marco de los principios asignados al mismo: universalidad, solidaridad y eficiencia. En este caso se encuentra el tema del alto costo, en particular la intención de trasladar pacientes “por una sola vez”, lo cual considero que es inconstitucional y no resuelve un problema que seguirá manifestándose en la medida en que el sistema continúe madurando; también, el rediseño del régimen subsidiado merece la mayor atención, en especial por el impacto que pueda traer sobre el acceso de los afiliados, pero muy poco se dice del asunto; y sobre otros temas importantes, como la incorporación de los informales e independientes, o el recurso humano en salud, apenas se mencionan los estudios realizados o los que están en proceso.
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