A unque aún falta la sanción presidencial, que dé no darse podría echar para atrás las celebraciones, los residentes médicos de Colombia lograron tras una fuerte lucha en el Congreso de la República, contar con una ley que dignifique su labor y papel social. Sin embargo el tema no ha sido ajeno a discusiones no tanto por la justicia que encierra en sí misma la iniciativa, sino más bien por la gran inquietud en torno a los recursos que implica la aplicación de la ley, y que podrían estar alrededor de los 180 mil millones de pesos al año, cifra que mirada con detenimiento, tampoco es tan grande comparada con los más de 44 billones de pesos con que cuenta el sistema de salud.

La ley de residencias fue aprobada en cuatro debates en el Congreso de la República y sus principales avances frente a la situación actual de los residentes comienzan con el reconocimiento de una remuneración en dinero que corresponde a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, a los que se deberán sumar las prestaciones establecidas por las leyes laborales que serán definidas por el Ministerio de Salud como cesantías, primas, vacaciones y seguridad social, dándoles así, por primera vez en el país, el estatus que tienen todo trabajador colombiano.

Un segundo punto, considerado como un gran avance por Carolina Corcho, impulsora de la ley y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, tiene que ver con la regulación de la matrícula, la cual solo podrá alcanzar los costos administrativos y operativos de las universidades, y que se definirán en una mesa de la que harán parte el Ministerio de Educación, una veeduría de la sociedad civil, y de las organizaciones médicas, que garantizarán que se llegue a los mínimos costos administrativos y operativos.

El punto relacionado con el valor de las matriculas, que fue uno de los que más discusión generó, parecería estar zanjado luego que ASCOFAME, según Carolina Corcho, y la misma Universidad del Rosario, manifestarán que ellos podrían bajar los montos de la matrícula de los 16 millones de pesos actuales que cobran por semestre, a unos más razonables cuatro o cinco millones, lo que ya es un importante avance, alcanzado según la doctora Carolina Corcho, gracias a la inclusión de un parágrafo donde se prohíben los cobros que hacen algunos hospitales, especialmente en Bogotá, de un porcentaje de la matrícula para recibir los residentes. “Para poder bajar la matrícula se tuvo que prohibir esta contraprestación que se estaba presentando en el país”.

Y es que con la nueva ley se pretende regresar a los principios filosóficos del proceso enseñanza- práctica que nunca debió perder el proceso de las residencias, como lo explica Carolina Corcho: “ Estamos de acuerdo con que en el marco del convenio docencia - servicios debe haber una cooperación entre la universidad y el hospital, pero esta cooperación se debe dar dentro de fines misionales, es decir la universidad debe aportar con reconocimiento docente, becas, procesos de formación, investigación, extensión, definidos de manera explícita en los convenios. Había que acabar con esa práctica viciosa y arbitraria de cobros que hizo que se dispararan las matriculas”.

Fuente de recursos, punto de la discordia

La pregunta que más inquietudes generó en el trámite de la ley fue: ¿y quién asumirá entonces los costos de la formación? La respuesta fue un punto medio, el Sistema de Salud. Los recursos para la formación de los residentes vendrán del SGSSS, a pesar de que contradictores a la iniciativa, como ACEMI, gremio de las EPS, manifestaron a través de su director Jaime Arias, que se podría estar configurando una desviación de recursos públicos, el argumento del doctor Arias era que el sistema iba a pagar dos veces al residente porque, por un lado le paga su remuneración, y por el otro a la clínica por lo que factura. Sin embargo los promotores de la ley señalaron que dicha afirmación no era cierta en la medida que los residentes deben ser considerados como trabajadores del sistema de seguridad social que atienden pacientes dentro del sistema y por sus acciones se facturan servicios, sin que exista entonces una doble facturación.

Pero además, la remuneración que se pagará no equivale a lo que se produce, en la medida que el salario corresponderá a tres salarios, cifra inferior a lo que se paga a un especialista, aunque sus actividades puedan tener diferencias partiendo del entendido que es un trabajador en proceso de formación y que gana de la sociedad y del sistema a través del aprendizaje.

Un segundo argumento en contra de la ley, también presentado por las EPS era un posible vicio de inconstitucionalidad debido a la destinación específica que tienen los recursos públicos dirigidos a la salud. Frente a este punto Carolina Corcho señala que tal afirmación es incorrecta puesto que la ADRES recauda los recursos del régimen contributivo y puede disponer de ellos para la salud, y en este caso no se estaría destinando a la educación, como afirma Arias, ya que el residente está ejerciendo una atención en salud a la población y eso no es educativo, es un fin misional del sector salud, pero además agrega: “ si es constitucional que con los recursos de la UPC se financien plantas administrativas de las EPS, personal que nunca toca al paciente, como va a ser inconstitucional financiar a un médico que atiende a los pacientes, entonces cuando esos recursos se recaudan, ADRES puede disponer de ellos para el pago del residente antes de que se vuelvan UPC. Pese a lo anterior, las EPS continúan en lobby pidiendo ahora al ejecutivo objetar la ley. Un debate adicional fue la inclusión de la exigencia que los residentes cancelaran en la matricula los costos administrativos y operativos en que incurren los hospitales y clínicas, sin embargo este tema se resolvió con un acuerdo entre las bancadas al aceptar que las IPS obtienen beneficios del trabajo de los residentes y facturan por ello al sistema.

Así las cosas, el último paso aún pendiente será la firma presidencial, y si bien existe la posibilidad de la objeción, debido a los costos de su implementación, lo más probable es que la administración le dé vía libre y los residentes comiencen a ver dignificada su tarea en la sociedad colombiana.