Con Ley de residencias, hospitales ven disminuidos recursos por docencia

E l Congreso aprobó la ley de residentes médicos, que consagra nuevas condiciones para quienes se quieran especializar en áreas clínico-quirúrgicas, el primer gran avance es que tendrán una remuneración de 3 salarios mínimos mensuales y que el costo de las matrículas disminuirá, pero como la mayoría de las leyes en el país, no dejó a todos contentos.

La propuesta llegó al Congreso de cuenta del senador Jorge Iván Ospina, quien era ponente de la iniciativa que ya había hecho su tránsito por la Cámara de Representantes. El congresista incluyó un artículo en el que se establecía un cobro de matrícula para acceder a los programas de especialización, cuyo valor no podría exceder los costos administrativos y operativos, tanto de la Institución de Educación Superior como de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en donde el residente realiza su labor.

Aunque Ospina dijo que no recibió ninguna presión, su propuesta coincidía con la realizada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que insistía en que el Congreso “explorara alternativas de texto que den equilibrio y acerquen a las Entidades de Educación Superior, a los residentes y a los hospitales y clínicas a un punto medio. En un ejercicio de transición de la ley las instituciones de educación superior y las entidades hospitalarias deberían revisar de manera integral todas las variables de los convenios docencia – servicio, actualmente vigentes en el país, con la supervisión de los ministerios competentes, o en su defecto que a las IPS al igual que a las universidades se les reconozca los costos administrativos y operativos que conlleva la formación de los residentes”.

La Asociación agregaba que “impartir docencia requiere la supervisión detallada de los residentes, la delegación progresiva y supervisada, la tutoría y aspectos de orden logístico. En efecto los propios residentes son conocedores que al ingresar a las IPS deben recibir entrenamiento, capacitación, coordinación; las IPS deben asumir los costos por curvas de aprendizaje, aumento de tiempo en quirófanos; gastos en la prestación de servicios tales como: insumos, materiales, dedicación del docente y personal administrativo, entre otros”.

Y Ospina está de acuerdo con ese postulado. El congresista fue director del Hospital Universitario del Valle, y con su experiencia aseguró que: “durante los primeros años de residencia aumentan los tiempos quirúrgicos. La falta de experticia, los mayores tiempos de anestesia, el uso de materiales y los gastos generales hacen que esas instituciones incurran en gastos con el residente”.

Sin embargo, no todo son perdidas, como quieren hacerlo ver.

Carolina Corcho, vocera de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud y vicepresidenta gremial de la Federación Médica Colombiana, explicó a EL PULSO, que los residentes hacen ayudantías quirúrgicas entonces las clínicas y hospitales no tiene que contratar un ayudante quirúrgico, “el residente muchas veces asume la labor del especialista, es decir, un médico especialista con cinco residentes atiende un número mayor de pacientes y no tiene que contratar cinco especialistas”. Sin embargo, Jesús Eugenio Bustamante, gerente del Hospital General de Medellín, dice que los residentes “no tienen el mismo rendimiento de un especialista y, además, los prestadores debemos garantizar insumos, capacitación, docentes, preparar reuniones académicas, entre otras acciones” que demandan dinero y tiempo. No obstante, un estudio de la Universidad Javeriana y del Hospital Universitario San Ignacio titulado “Los costos de la docencia”, realizado en 2006, calcularon cuánto ganaba la clínica con el servicio docente y médico que prestan los residentes y más o menos las ganancias fueron alrededor de 1.400 millones de pesos anuales, lo que indica que el hospital, además de tener médicos en servicio sin pagarles un peso, tiene ganancias , aunque estos resultados no pueden extrapolarse a otras instituciones de características diferentes.

Tanto es así, que el Hospital Universitario San Ignacio, desde hace algunos años da un incentivo económico semestral a cada residente que rota en la institución, dijo su director Julio Cesar Castellanos, quien aseguró que “en el futuro, cuando apliquemos la norma, veremos las opciones de incentivos flexibles, porque los buenos resultados hay que compartirlos”.

Por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene 300 residentes distribuidos en la IPS Universitaria, el Hospital San Vicente Fundación, entre otras entidades, lo que representa al año 250.000 horas en actividades en formación.

Al fin no habrá pago a hospitales

La plenaria del Senado consideró que aplicar el cobro administrativo de los hospitales en la matrícula haría perder los beneficios que la misma ley le estaba otorgando a los residentes, quienes terminarían destinando gran parte del salario en ese rubro.

La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame, le dijo al Congreso que “el objetivo de la ley original era cerrar ese círculo de negocio y explotación que ha menoscabado la calidad de la formación médica, debido a que únicamente los profesionales con las mejores condiciones socioeconómicas pueden acceder a una residencia” y no lo contrario.

Además, Ascofame puso de precedente que en la ley no quedó establecido, cómo se había propuesto inicialmente, que los hospitales pagaran parte de la remuneración que recibirán los médicos residentes sino que saldrán de las arcas del Estado: el Gobierno Nacional creará el mecanismo de financiación de residencias médicas a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, y los recursos serán girados directamente a la Institución Prestadora de Servicios de Salud.

Dicho mecanismo será financiado con los dineros destinados actualmente al fondo de becas establecido en el parágrafo 1° del artículo 193 de la Ley 100 de 1993, y hasta el 0.5% de los recursos de la cotización recaudados para el régimen contributivo de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, dependiendo de las necesidades lo cual se definirá en el Presupuesto General de la Nación de cada año.

Analistas consultados por EL PULSO coincidieron en que es probable que, además de los hospitales, sea el presidente Juan Manuel Santos, o su sucesor, quien se niegue a sancionar la ley, arguyendo déficit fiscal, ya que solo la remuneración de los cerca de 5.000 residentes que hay hoy en el país costaría al año cerca de 180.000 millones de pesos.