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Las universidades ganaron con la ley de residentes médicos

Redacción EL PULSO
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A demás de los residentes médicos, que recibirán una remuneración de tres salarios mínimos mensuales, quienes ganaron con la ley que aprobó este mes el Congreso de la República fueron las universidades, quienes seguramente verán mejoras académicas en sus estudiantes.

Así lo ve Camilo Osorio, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), quien consideró que los residentes médicos tienen que pasar “penurias” para alcanzar su especialización, sin que se le diera la dignidad de médico que ya habían alcanzado al momento de titularse del pregrado, deben buscar trabajos extras para mantenerse y terminan descuidando un poco la formación, por el mismo cansancio.

Según Carlos Palacio, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el panorama es el siguiente: cuando un médico decide especializarse en un área clínico-quirúrgica debe ser admitido en una de las 30 universidades que dictan especializaciones en el país, teniendo en cuenta que hay 60 facultades de medicina, y optar por una de las 1.900 plazas para posgrado, por lo que debe estar suficientemente capacitado para sobresalir entre la cantidad de candidatos (debe tenerse en cuenta que cada año salen 5.000 nuevos médicos de las universidades).

Una vez admitido, el médico debe pagar una matrícula que usualmente oscila entre 7 y 30 millones de pesos por cada semestre, ya que todavía no están reguladas (la Universidad de Antioquia es la única que no cobra matrículas para posgrados en Medicina), y además debe dejar de trabajar, para dedicarse a tiempo completo a su nueva formación, que se desarrolla en gran parte en hospitales y clínicas.

Ser médico especialista en Colombia puede costar más de doscientos millones de pesos, “es una práctica de dominación, esclavitud y explotación en donde varios actores extraen rentas sin ninguna regulación, realidad única en el mundo”, aseguraron los gremios médicos.

En este punto es que Osorio considera que se vulnera la dignidad del médico, que deja de ser un profesional para volver a ser un estudiante. Y es que, un médico general vinculado a alguna IPS gana entre $3.520.285 y $6.976.605 mensuales dependiendo de su tipo de contrato en una institución de mediana complejidad, según el estudio de salarios de cargos administrativos y asistenciales de 2017, publicado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. “Necesitamos cerrar ese círculo de negocio y explotación que ha menoscabado la calidad de la formación médica, debido a que únicamente los profesionales con las mejores condiciones socioeconómicas pueden acceder a una residencia. Esa desigualdad social ha hecho que mucho talento humano valioso se quede estancado y no pueda seguir estudiando, o deba buscar opciones fuera del país, lo que se ha constituido en una barrera de acceso para la disponibilidad de médicos los suficientes especialistas que requiere la población para su atención”, señaló la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame).

Esa situación es un factor determinante por el cual hay solo 21.000 médicos especialistas en Colombia, que no son suficientes para abastecer la demanda del país, señaló Palacio.

En cambio, con la “ley por medio de la cual se reglamenta el sistema de residencias médicas en Colombia, su mecanismo de financiación y se dictan otras disposiciones”, aprobada hace apenas dos semanas en el Congreso de la República, el residente tiene más motivaciones para continuar con su formación, ya que dejará de trabajar gratis, contará con seguridad social y el costo de las matrículas disminuirá.

Sí, las matrículas de muchas de las universidades, especialmente las privadas, tendrán una disminución sustantiva, dado que el articulado aprobado dice: “las Instituciones de Educación Superior de carácter público o privado, no podrán cobrar por concepto de matrículas profesionales a residentes, un valor superior al de los costos administrativos y operativos establecidos para cada programa de especialización medico quirúrgicas”, y agrega que “las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPS) o Empresas Sociales del Estado (ESE), no podrán cobrar en dinero a las Instituciones de Educación Superior, por permitir la práctica de los profesionales en formación médica y/o quirúrgica en sus instalaciones”.

Por eso, Osorio afirmó que “las universidades estamos dispuestas a cobrar lo adecuado porque no vamos a tener ese San Benito de los hospitales cobrándonos por rotar a los residentes”.

En ese mismo sentido, Palacio consideró que aunque los hospitales dicen que la docencia les cuesta, las universidades están seguras que con la docencia los hospitales ganan.

Si bien es cierto que la iniciativa legislativa consideraba en un principio que las universidades no cobraran por la formación, como ocurre en la Universidad de Antioquia, ya que gran parte de la carga académica reposaba en los hospitales y clínicas, la discusión llegó a un punto en el que tanto gremios médicos, como universidades y congresistas entendieron que era imposible pedirle a una universidad que no cobrara matrícula, porque no habría ningún incentivo para ofertar los posgrados que tanto necesita el sistema de salud colombiano, porque nadie cubriría los costos administrativos y operativos de dictarlos.

“Las matrículas se corresponden con los costos exigidos por el Ministerio de Educación. En ese debate logramos introducir el parágrafo en el cual quedaba establecido que el valor de la matrícula equivaldría a los costos administrativos y operativos que determina el Ministerio” explicó a medios Gustavo Quintero, presidente de Ascofame.

“La Universidad de Antioquia puede hacerlo gratuitamente porque es pública, es el Gobierno quien al fin de cuentas paga esos costos, pero para las universidades privadas es imposible”, aclaró Palacio.

La UPB, por su parte, no sabe en cuánto van a quedar las matrículas, como la ley ni siquiera ha salido del horno y no está reglamentada no hay cálculos, sin embargo, el decano explicó que sí habrá una merma importante en el costo de matrícula, y que además están dispuestos a aumentar los puestos para estudiantes, siempre y cuando haya capacidad y hospitales para los residentes, con la vista puesta en superar el déficit de especialistas.


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