Autoridades locales, ygremios de profesionales de la salud, incluyendo las especialidades directamente relacionadas con el tratamiento de los pacientes de Covid-19, han señalado la necesidad de que Colombia regrese a una cuarentena estricta que permita disminuir el incremento acelerado de casos visto en el país desde mediados de julio. El gobierno nacional ha descartado esta posibilidad ante por la necesidad de mantener viva, también, a la economía, mientras enfrenta una gran disyuntiva, garantizar el cuidado de la vida sosteniendo en funcionamiento el sistema productivo.

Ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Tunja, entre otras, han tratado de aislar los sectores barriales que muestran mayor número de contagiados, sin embargo estos cierres no se prolongan en el tiempo entre otras razones por la incapacidad de los gobiernos de garantizar los recursos de subsistencia mínimos e indispensables de los residentes.

Una de las explicaciones al incremento de casos que más fuerza ha tomado entre los especialistas, es que si bien Colombia fue oportuna en la declaratoria de la primera cuarentena obligatoria, su manejo ha sido flexible ante la necesidad de mantener la economía activa y evitar una debacle peor.

El ministro de salud y protección social, Fernando Ruiz, señaló en entrevista con El Tiempo, que: “la reactivación gradual se hizo, igualmente, en función de que el peor momento de la pandemia llegara cuando ya tuviéramos prácticamente concluido el proceso de expansión hospitalaria”, y defendió la estrategia del gobierno señalando que el incremento de casos era previsible: “viene un mes largo en el que veremos números elevados en las principales ciudades. Ese aumento está contemplado desde el inicio. La estrategia no ha fracasado. Fracaso habría sido una explosión incontrolada. Fracaso habría sido una cuarentena estricta y perpetua que simplemente, por agotamiento físico o de los medios de subsistencia, aplazara el momento de la explosión. La apertura gradual ha buscado salir del problema de una manera controlada, protegiendo la vida por encima de todo”.

La efectividad de las cuarentenas estrictas se ha evidenciado en varios países al frenar la propagación del virus, sin embargo, en las últimas semanas, luego de que fueran levantadas, se ha observado la necesidad de volverlas a decretar ante los rebrotes de casos de Coid-19, como se ha visto en España, Australia, e incluso en algunas regiones de China, aunque estas nuevas declaratorias han tenido menor intensidad o han sido focalizadas.

La dinámica de las cuarentenas ha variado según el país. China, por ejemplo, la declaró el 23 de enero, fecha de las celebraciones de su año nuevo; el 25 de marzo, dos meses después, se levantó la cuarentena masiva en toda la provincia de Hubei, excepto en Wuhan, pero el 8 de abril, dos semanas después se decretó el fin del confinamiento estricto. Italia, uno de los países más afectados de Europa, la declaró el 9 de marzo y fue estricta en todo el país, para el 23 de marzo las regulaciones se fortalecieron y en mayo comenzó una reapertura gradual. El día 56 del decreto inicial, se liberó a la población. En España, uno de los principales focos del Covid, el 14 de marzo se ordenó la reclusión estricta que se extendió hasta el 26 de abril cuando comenzó la llamada “fase de desescalada”, acompañada de aislamiento preventivo. Finalmente uno de los primeros países en recuperar toda su normalidad fue Nueva Zelandia que había entrado en emergencia nacional el 25 de marzo; 75 días después se regresó a la vida sin restricciones.

En Colombia la cuarentena inició el martes 24 de marzo a la media noche, pero el Decreto 531 del 8 de abril, solo 15 días después, ya le daba vía libre a 35 excepciones y anunciaba el reinicio de dos sectores productivos que movilizan a millones de personas, y mostraba en su texto que la finalidad era rescatar la economía. “El Presidente de la República tiene como objetivo recuperar paso a paso la economía del país, por tal razón autorizó a dos sectores a retomar sus actividades desde el lunes 27 de abril. Se trata del sector de la construcción y el de la industria de manufactura. Lo harán bajo unos protocolos puntuales”. Para el 1 de junio ya eran 43 las excepciones (decreto 749 de 2020) y aunque la “cuarentena” se sigue extendiendo, su efecto parece más simbólico que práctico y real.

En un informe conjunto: “Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe” de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) , dado a conocer el 30 de julio, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, afirma que “no hay dilema entre economía y salud, la salud es primero”, y destaca que la salud es un derecho humano, y también un pilar económico de las sociedades.

La Cepal – OPS, señalan que: “No hay apertura económica posible sin que previamente se haya controlado la curva de contagio. Es primordial aplanar la curva y controlar la enfermedad mediante medidas de salud pública tales como la detección de casos, el distanciamiento físico, la trazabilidad y aislamiento de los casos y contactos, y la intensificación de los testeos. Esta última medida es crucial para lograr el equilibrio óptimo entre la prevención y las condiciones económicas” situación que Colombia está lejos de cumplir.

Y siguen las recomendaciones: “Una vez que la tasa de propagación del virus se estabiliza en un nivel aceptable para la capacidad de los servicios de salud, es posible habilitar medidas menos estrictas o implementar un menor número de medidas simultáneamente, en un proceso de reapertura. La experiencia de los países europeos sugiere que el proceso de disminución de las medidas es, en muchos aspectos, más complejo que el proceso de su imposición y ajuste, y que debe ser gradual, priorizado y planificado (OPS, 2020d)”.

Ahora bien, el informe no desconoce que en América Latina las condiciones para una cuarentena son complejas, y por eso señala la necesidad de medidas paralelas: “Las medidas de salud pública para aplanar la curva deben ir de la mano de medidas de protección social que permitan mantener niveles básicos de bienestar en la población, particularmente la más vulnerable, garantizando su acceso a ingresos, alimentos y servicios básicos en las viviendas. Es necesario un gran esfuerzo de generación de espacio fiscal para reforzar las acciones del sector de la salud y la protección social y preservar la capacidad productiva de la economía” y agrega: “Se justifica la implementación de un ingreso básico de emergencia equivalente al monto de una línea de pobreza, con una duración de seis meses, para toda la población que en 2020 se encontrará en situación de pobreza (estimada en 231 millones de personas), lo que supondría un costo adicional del 2,0% del PIB. Este ingreso permitiría sostener el consumo y satisfacer necesidades básicas, favoreciendo la adhesión a medidas de distanciamiento social y cuarentena (CEPAL, 2020a)”.

Para la fase de control, el informe señala que se requieren medidas de reconfiguración y fortalecimiento de los servicios de salud que garanticen los servicios esenciales, con un modelo que asuma un enfoque de atención primaria basado en la comunidad y su territorio. La territorialización de las medidas de diagnóstico y testeo masivo permiten focalizar la respuesta y administrar la planificación de la reactivación económica en las zonas con menor riesgo de contagio.

Este enfoque debe venir acompañado de capacidades, prestaciones y medidas específicas orientadas a las necesidades de la población más vulnerable, sobre todo en las ciudades, donde resulta imprescindible facilitar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y confinamiento.

Y se hace una aclaración muy importante de la cual Colombia también se ha alejado: “La reasignación de los recursos y la focalización de la atención en contener y responder la pandemia no debe comprometer la continuidad de los servicios y de la atención a otras enfermedades complejas y de alto riesgo para la salud, las enfermedades crónicas y de salud sexual y reproductiva, los controles pre- y posnatales, la salud mental y los programas de prevención regulares, entre ellos los de inmunización”. Y va más allá: “„ Es indispensable eliminar o mitigar considerablemente las barreras de acceso a la salud que enfrentan las poblaciones vulnerables, en particular barreras como las económicas, culturales, geográficas o de capacidad de oferta, entre otras, que representan una dificultad para la prestación de servicios. En referencia a las barreras económicas, se debe asegurar la gratuidad del diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y sus comorbilidades (OMS, 2020c).

Si bien las recomendaciones del informe están planteadas para toda América Latina, las condiciones y características de cada país son diferentes, así como las capacidades económicas y logísticas de los gobiernos, de ahí que su implementación depende no solo de la voluntad política de los mandatarios, sino también de las posibilidades reales para aplicarlas.