En 2008 la salud era considerada un derecho como el trabajo, la educación o la vivienda, pero una década después ya se cuenta con una Ley Estatutaria que le recuerda a todo el sistema que la salud no es un negocio, ni una mercancía, ni un derecho cualquiera, que es un derecho fundamental.

Para el logro de ese objetivo la Personería de Medellín fue pionera en la constitución del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud, desde allí iniciaron todo un trabajo con el ejecutivo, el congreso y la Corte Constitucional que hoy se traduce en el amparo para todos los colombianos.

Diana Patricia Guerra, coordinadora del Observatorio, recordó todo ese trabajo de incidencia política que empezó con la bancada antioqueña: “A los congresistas, con cifras en mano, les mostramos cómo el derecho fundamental a la salud no era un asunto de ideología política, que era una responsabilidad del legislativo por el bien de la sociedad en su conjunto. Logramos tener el apoyo de los liberales, conservadores, Cambio Radical, Centro Democrático, en fin, todas las expresiones políticas estuvieron de acuerdo en adelantar la normativa”.

El lobby se extendió al Ministerio de Salud donde contaron con el apoyo del entonces ministro Alejandro Gaviria, y luego en las revisiones de la Corte Constitucional el Observatorio fungió como amicus curiae (amigo de la Corte).

“En varias oportunidades la Corte nos han pedido concepto y ha sido maravilloso poder aconsejar desde la experiencia que tenemos en Medellín”, señaló Guerra y agregó que “nos hemos convertido en un ejemplo no solo para Medellín sino para Antioquia y el país, incluso organizaciones internacionales que necesitan conocer cómo está la situación de atención en salud, o cómo es el acceso de pacientes con VIH, o de pacientes venezolanos, vienen a la Personería de Medellín a observar nuestro trabajo”.

La lucha por el acceso

El Observatorio nació por la necesidad de conocer cuáles son las barreras de acceso, cuáles tipos de patologías son las que más afectadas están por esas barreras, por qué tantas tutelas, por qué tantos incidentes de desacato, pero también por qué las personas tienen que interponer acciones judiciales antes de acceder al sistema. En 2008 y 2009, el 75 % de las personas que llegaban a la Personería lo hacían reclamando por el derecho a la salud.

Que el Congreso y la Corte hayan admitido que la salud es un derecho fundamental, no quiere decir que ya todo el sistema esté listo para atender a los pacientes en condiciones de dignidad. El acceso sigue siendo el reto principal, pero también las demoras en la atención, por eso el trabajo del Observatorio también se concentra en evaluar y denunciar las prácticas irregulares de las IPS y las farmacias que le prestan servicios a las EPS.

“Hacemos visitas encubiertas donde podemos averiguar con los pacientes cómo está la atención en los servicios de urgencias en la red pública o privada de la ciudad o en las farmacias y ahí podemos darnos cuenta cuándo las atenciones están en exceso demoradas y cuáles son las explicaciones que argumentan en esos lugares; pero también hacemos visitas de dos o tres días donde podemos identificar las falencias, luego de ellas hacemos informes donde manifestamos a las EPS y a los prestadores cuáles problemas fueron evidenciados y se alcanzan ciertos compromisos”, detalló la coordinadora del Observatorio.

Diana Guerra celebra que en muchas oportunidades la sola presencia de los funcionarios de la Personería hace que se mejore la atención a los pacientes: “La gente muchas veces nos pide que sigamos yendo o que nos quedemos, pero logísticamente es muy difícil hacerlo, por eso nuestro trabajo principal radica en las transformaciones de fondo que son las más complejas de lograr”.

De hecho, en 2019 la Personería de Medellín interpuso 8.497 tutelas relacionadas con el derecho a la salud, en 2018 habían sido 11.427 y en 2017 fueron 11.452. Para esos mismos años en la rama judicial de Medellín se recibieron 17.483 tutelas en salud (2017), 17.617 (2018) y 12.527 (2019)

Aunque siguen siendo cifras muy altas, si se tiene en cuenta que en 2008 la Personería interpuso 17.596 tutelas y la rama judicial recibió 46.029 tutelas en salud, se da cuenta de una significativa disminución.

“Con algunas EPS podemos interlocutar antes de interponer una tutela para que no sea necesario llegar a ella”, anotó Guerra.

Con relación al resto del país, Medellín muestra una tendencia favorable, porque mientras en la ciudad las tutelas han ido disminuyendo con el tiempo, en el país se mantienen en aumento, en 2008 fueron 142.957 y en 2018 se interpusieron 207.734.

“Lo que buscamos es que todo el sistema pueda entender que la tutela no debe ser la norma, porque al servicio se debe prestar en condiciones de dignidad sin que medie una acción judicial, pero para eso falta mucho todavía”, dijo Guerra.

El control social

El Observatorio también viene trabajando con el control social: veedores en salud, consejos de ética en salud, las ligas o alianzas de usuarios de las EPS y las IPS, en la articulación con los entes de control como la Procuraduría, la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Salud a través de la Red de Controladores en Salud, para hacer una mayor exigibilidad.

“También trabajamos con los jueces para poder entender qué era lo que estaba pasando en lo real, cuáles eran las motivaciones de las tutelas y si se cumplían o no las providencias judiciales. Por su parte, las EPS empezaron a manifestar que había excesos que no se podían costear y juntos empezamos a mirar si era cierto o si eran carencias que tenían ellos en sus servicios”, adujo Guerra.

Además, desde el Observatorio le hacen acompañamiento a grupos focales de pacientes trasplantados, con VIH o con cáncer para hacerles monitoreo a su situación.

Trabajo con poblaciones vulnerables

“Otra de las cosas en las que concentramos nuestra labor es en jornadas socio-jurídicas en salud en las comunidades más vulnerables, en las que abordamos las problemáticas de acceso a las EPS o al régimen subsidiado, pero también logramos traer a otros sectores como EPM para garantizar el acceso al mínimo vital de agua potable o de energía, para quienes tienen concentrador de oxígeno y requieren electricidad durante las 24 horas del día”, explicó Guerra.

Su gestión se extendió también hasta el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) para facilitar el acceso a vivienda digna y así mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los barrios más vulnerables, “entendiendo que la salud no solo es la ausencia de enfermedad sino un completo bienestar físico, psíquico y social, y la vivienda hace gran parte de ese bienestar, si la casa es de piso de tierra o no tiene servicios sanitarios adecuados no hay manera de garantizar la salud a largo plazo”.

También llevaron hábitos y estilos de vida saludables con el Inder, y la atención a víctimas del conflicto.

“Hemos tratado de llevar a través del Observatorio de Salud, no solamente unas estadísticas sino bienestar a la población, para que haya unas políticas públicas más integrales e integradoras a nivel local, departamental y nacional”, concluyó Guerra.