En el plan de desarrollo del gobierno del presidente Duque, al que prácticamente le restan dos años de ejecución, se reconoce la falta de una visión de conjunto y de largo plazo sobre el sistema salud. Aunque no quedó contemplado en la Ley 1955 de 2019 (Ley del Plan), en el documento con las bases técnicas se generó la expectativa de construir una visión de largo plazo, mediante un pacto “que permita que todos los agentes del sistema de salud y la sociedad civil, de manera concertada y a través de compromisos claros, se apropien del sistema de salud como uno de los aceleradores para la movilidad social y la equidad” (PND, p. 214).

Una visión de largo plazo, sobre el sistema de salud que queremos y pudiéramos tener en Colombia, debería asumirse como un imperativo, más aún de cara a la pandemia. El sector privado y la academia pueden ejercer un liderazgo clave pidiendo al gobierno que se lleve a cabo un proceso de diálogo, pero sobre todo, generando propuestas para contar en el futuro con un mejor sistema de salud, eficaz y sostenible.

La situación que va dejando tras de sí el Covid-19, en particular las consecuencias económicas y sociales del confinamiento y distanciamiento social, ubica el péndulo de la historia sobre el lado del estado y de los bienes públicos. La fuerza de la realidad parece suspender debates sobre cuál debería ser el rol del estado, cuando precisamente desde todas las orillas ideológicas y grupos de interés se acude a él para que dirija la economía y se encargue de un amplio número de medidas compensatorias.

Nuestro sistema de salud, en medio de las fortalezas y logros alcanzados en las últimas décadas, necesita un cambio estructural, de manera especial para fortalecer la salud pública y hacer realidad el acceso universal. En este contexto, encuentro los siguientes asuntos claves como parte de la discusión:

Fortalecimiento de la rectoría y la salud pública. Lo sucedido durante los primeros tres meses, desde cuando se confirmó el primer caso positivo de Covid-19, deja claro que hace falta mayor financiamiento para mantener vigorosas unas actividades que deben ser tratadas como bienes públicos, como es el caso de la vigilancia epidemiológica y las pruebas de detección y diagnóstico. Además, persisten fallas de coordinación entre agentes del sistema, principalmente entre direcciones territoriales de salud y EPS, y entre los distintos niveles de gobierno. Así que un foco fundamental de cara al futuro, sobre el cual se tienen diagnósticos claros y soluciones no adoptadas, debe ser el fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza del sistema de salud. Si todos somos parte del sistema, este debe actuar y garantizar derechos y resultados sin importar a qué EPS estemos afiliados ni en qué territorio nos encontremos.

Vigilancia y control de la oferta hospitalaria. La distribución desigual de la oferta hospitalaria entre las diferentes regiones, de manera especial en los niveles de mayor complejidad y específicamente las UCI, sumado a los incentivos que puedan tener los prestadores para ofrecer disponibilidad de camas, exige una profunda reflexión sobre la lógica que deben seguir estos servicios y la remuneración del talento humano. Es necesario contar con un modelo de vigilancia a cargo del Estado, en el marco de lo establecido en la Ley Estatutaria de Salud sobre el goce del derecho, incluyendo la financiación pública de cierta disponibilidad.

Innovación en modelos de atención. Además de poner al descubierto problemas estructurales, la pandemia también representa oportunidades o exige soluciones a partir del aprendizaje y los recursos disponibles. Es el caso del tratamiento de enfermedades no Covid, en particular las crónicas y la salud mental, que se encuentran en riesgo de bajar su control, con consecuencias graves sobre la situación de salud. Sumado al temor para acudir a los servicios de salud, es hora de acelerar la adopción de las TIC en los modelos de atención en salud y contar con atención en casa, incluyendo entregas de medicamentos y toma de muestras.

Garantizar la cobertura y la sostenibilidad financiera. Entre las ganancias que ha alcanzado el sistema de salud se encuentran la cobertura universal y la protección financiera, expresada en un bajo gasto de bolsillo. La situación actual, con un mayor desempleo y una reducción del ingreso, constituye una prueba sobre las ventajas de la seguridad social, del seguro público, pues sin importar las condiciones de las personas la cobertura deberá mantenerse. Eso sí, se agranda el reto de la sostenibilidad financiera, de manera que es necesario continuar diversificando e incrementando fuentes de recursos, especialmente los impuestos generales, insistir en impuestos específicos como los propuestos para las bebidas azucaradas, y concebir estrategias audaces para mejorar la eficiencia.