Primer balance de presupuestos máximos, múltiples visiones

La estrategia de presupuestos máximos, aunque se encuentre en etapa de implementación, podría ser en el mediano plazo un alivio para las finanzas del sector, pero también se debe pensar en que en un futuro mediato el país migre a lo que la Ley Estatutaria 1751, la sentencia C313 y la T760 han ordenado, un plan de beneficios que no incluya el concepto de NO PBS para así garantizar la salud como un derecho fundamental real. Y es que como afirma Pacientes Colombia, no es posible seguir con presupuestos máximos mientras continúe existiendo inequidad social entre los regímenes contributivo y subsidiado.

Pacientes Colombia solicitó a las EPS, en las conclusiones de un evento virtual sobre el primer año de la estrategia, que hay que eliminar de manera urgente todo lo que tiene que ver con autorizaciones de NO PBS: “el paciente sale con la prescripción ya autorizada por unos tiempos para el suministro; se tiene que acabar el carrusel de negar lo que el médico ya autorizó mediante Mipres, que todo lo que se autorice se tiene que suministrar, una cosa es la fórmula y otra cosa distinta el acceso al servicio que se garantiza con una entrega puntual”.

Por su parte Gustavo Campillo, presidente de la Fundación RASA que aboga por los derechos de los pacientes de alto costo, se pronunció en contra de la estrategia y considera que la Ley Estatuaria define un solo plan de atención en salud, y que para paliar una ineficiencia del estado durante 27 años, se inventó “el adefesio de los presupuestos máximos, y a un año de su entrada en práctica se habla de ajustar el sistema de información para tener trazabilidad de lo que realmente requiere el paciente y seguir los casos, pero ¿cuántos pacientes no están siendo atendidos?, y es que hay variabilidades en la prestación de servicios de salud que no se sabe en qué se soportan si este es un derecho igualitario para todos”.

Las EPS y su visión

La doctora Carmen Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de GestarSalud, señala que en el régimen subsidiado se sufre nuevamente la inequidad normativa de una política pública: “el ministerio nos mostró que revisó la problemática del régimen contributivo, pasamos de un recobro a tener un pago anticipado, pero sin embargo hay diferencias con los beneficiarios del subsidiado en cuanto a la cantidad de recursos que se destinan a este régimen. Qué pasará con el impacto financiero del 2020 a pesar de haber hecho dos ajustes, no debemos continuar en un aprendizaje eterno porque las perjudicadas serán la EPS y por ende los pacientes, hay una inestabilidad jurídica en este proceso de aprendizaje ya que no ha permitido una continuidad adecuada en la cadena”.

La doctora Torrenegra coloca un ejemplo sobre los problemas que se han tenido en este año de presupuestos máximos: “yo contrato con mis prestadores y de un momento a otro nos dicen, ya no es ese el monto que se dará; la trasparencia en la información de la metodología, y la divulgación, no ha sido clara hasta el momento, hay diferencias de criterios entre instituciones y al interior del ministerio; adicionalmente hemos sentido que no hay coordinación entre todos los actores pues hay un contrato y luego no se tienen los valores acordes”.

Por su parte Andrés Barragán, gerente de salud de Compensar EPS, reconoce que en principio es una buena idea convertir lo que antes se iba por recobros, generando retrasos en los pagos y falta de flujo, a un recurso entregado a las EPS para que hagan una gestión coordinada. Sin embargo tiene sus reparos:

“Cuando salieron los borradores de decretos a mediados y finales de 2019, observamos que la información no estaba tan clara ni tan definida como queríamos; muchos de los medicamentos y procedimientos estaba claro que iban por Mipres y por NO PBS, pero se le incluyeron procedimientos que nunca se habían costeado y no sabíamos cómo funcionaban, por ejemplo lo socio sanitario, y ahí tuvimos una gran dificultad; hubo otro gran factor y fue que el ministerio sacó una lista de medicamentos con precio techo, que no fue obligatorio para el cumplimiento por parte de las farmacéuticas, pero el ministerio sí ajusto los precios con base en esos máximos que después no se dieron”.

Para Barragán, cuando empezó la implementación de los presupuestos máximos, el 1 de marzo de 2020, se coincidió con la pandemia y fue ella la que captó toda la atención, e incluso, recuerda, fue de esos recursos de donde se comenzaron a pagar las pruebas Covid, sin que eso implicara que se hubiera desatendido a los pacientes con enfermedades de alto costo o huérfanas. “Sí hubo un cambio y fue que los recursos estaban llegando de manera anticipada, incluso el año pasado nos anticiparon tres meses por lo que estaba sucediendo con la pandemia, y estos recursos las EPS la fuimos entregando a los operadores para que fueran prestando los servicios y mejorar el flujo mientras salían los recursos que tenemos atrapados desde antes de 2019, y sobre los que estamos trabajando para darles cierre con la ley de punto final”.

Y es que una evaluación de la implementación de la metodología solo se hizo a finales de 2020 cuando se dio un primer ajuste por parte del ministerio, pero según Barragán, para saber que está pasando, es pronto, pero reconoce que algunas cosas ya se observan, como que hubiera más flujo de recursos para los operadores y para los medicamentos, y señala como gran inconveniente detectado hasta ahora la suficiencia de los recursos asignados: “cuando se corre lo que ha entregado el ministerio y las bases de datos de ellos, y lo que nosotros efectivamente hemos entregado a los usuarios, a nuestro gestor farmacéutico y a los hospitales, las cifras son distintas y eso ha generado una distorsión en los montos entregados y los presupuestados por el gobierno. El decreto original habla de que se deben realizar unas revisiones trimestrales para ajustes y eso el año pasado no se hizo, solo hubo una revisión y un pequeño ajuste a final de año; para 2021 se hizo un incremento del 2.4 % para casi todas las EPS, y temporal mientras se ajustaban los presupuestos de este año, y hasta ahora estamos entendiendo la metodología entre todos, pero si los presupuestos máximos ya tienen un desfase, vamos a caer en el mismo problema que se tenía antes de flujo de recursos tanto en las instituciones como en los operadores logísticos”.

El doctor Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC, señala una curva en los Mipres 2017- 2019 con pendientes casi constantes: “cuando se compara 2019 con 2020, en 2019 fueron 5.14 millones de prescripciones entre los ambulatorio, lo priorizado y lo no priorizado, cuando se mira ese mismo concepto para 2020 fueron 4.76 millones de prescripciones, ahí se ve una caída”. Por esa razón Giraldo considera que “aquí no ha habido un cambio de estrategia sino un ajuste táctico, dentro de una misma política; los que tienen que llenarnos de datos y hechos”.

Finalmente, Denis Silva, director de Colombia Saludable y vocero de Pacientes Colombia, cree que la metodología sigue arrastrando las ineficiencias administrativas de las EPS, además se han aumentado las brechas entre regímenes, y se detectan nuevos fenómenos: “no se entrega lo que el paciente necesita, dejan vencer los Mipres y el paciente debe regresar a cita nuevamente para ser reformulado, la otra es el medicamento que no está y colocan al usuario en un reproceso en una modalidad que debería ser más sencilla y sin trabas”.