América Latina, una de las regiones más afectadas por el COVID-19

América Latina es una de las regiones del mundo que durante más tiempo ha ocupado la atención de los radares de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al manejo de la pandemia por COVID-19. En varias oportunidades el organismo multilateral y otras instituciones académicas han calificado al subcontinente como una de las más afectadas por el COVID-19, y no solo por el peso significativo que le aporta Brasil a las estadísticas, sino por la presencia constante de países como Colombia, México, y Perú en los listados de indicadores negativos frente al virus.

La Red de Salud Urbana de América Latina y el Caribe (LAC-Urban Health) reúne a investigadores, profesionales y formuladores de políticas que permitan mejorar la salud en las ciudades de la subregión; trabaja con el respaldo de la Drexel University de Filadelfia y cuenta con la participación de investigadores y académicos de trece países, además de especialistas de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas. El objetivo central de la red es promover la colaboración multisectorial para generar conocimiento científico sobre los determinantes de la salud urbana y la equidad en salud con el fin de traducir ese conocimiento en políticas e intervenciones para mejorar en América Latina y el Caribe.

A más de 18 meses de los primeros casos de SARS-Cov2, es posible gracias al cúmulo de información recopilada, comenzar a hacer análisis que permitan trascender la especificidad del COVID y detectar los puntos débiles de los sistemas de salud en su manejo, y así plantear las adaptaciones necesarias para futuros eventos similares, o incluso, para mejorar el funcionamiento general.

Dentro de las acciones de la Red, se encuentra SALURBAL (Salud Urbana en América Latina), un proyecto que investiga las formas en que el ambiente urbano y las políticas afectan la salud de los residentes de las ciudades. Los hallazgos de las investigaciones pretenden propiciar políticas e intervenciones para crear ciudades más sanas, justas y sostenibles. Con base en información del reservorio de la Universidad Johns Hopkins y de cada uno de los ministerios de salud de la región, el grupo de investigación revisó a profundidad los impactos y comportamientos del COVID-19 en América Latina, resultados que han sido publicados de manera reciente.

Algunas de las conclusiones del estudio ya venían siendo planteadas por diferentes analistas, siendo tal vez la principal de ellas, que los altos niveles de desigualdad han influido en el impacto de la pandemia en las ciudades de la región, lo que ha agravado la situación general en la medida en que la actual ha sido una crisis que ha afectado principalmente a las urbes. Según Salurbal, Argentina, Colombia, Perú y Brasil tienen las tasas de mortalidad urbana más altas por causa del COVID en los últimos meses (corte a mayo de 2021), pero las ciudades con mejores condiciones sociales y económicas han mostrado menor riesgo de enfermedad, y en cada ciudad, el riesgo de infección en los vecindarios con mejores condiciones sociales y económicas es generalmente menor, como lo evidencia el caso de Ciudad de México.

Otra constante detectada en el estudio fue que las limitaciones de acceso a las pruebas diagnósticas han dificultado el seguimiento sistemático de la incidencia, lo que puede haber obstaculizado los esfuerzos de prevención. Pero además, la existencia de problemas previos a la pandemia en cuanto al subregistro de defunciones, enfermedades y asignación precisa de las causas de muerte, ha hecho más difícil la estimación de la mortalidad real. “El subdiagnóstico de casos y el subregistro de defunciones se concentran en los grupos y áreas de menor nivel socioeconómico. Esto junto con la falta de información socioeconómica y racial/étnica sobre casos de COVID-19 y muertes por el virus ha hecho que se subestimen las desigualdades y ha obstaculizado los esfuerzos de prevención”.

En cuanto a la respuesta a la pandemia, lo primero que señala el grupo es que esta ha puesto de relieve las debilidades en los sistemas de salud en aspectos como el acceso, limitación de recursos, atención deficiente, falta de coordinación, así como en la infraestructura de salud pública y talento recursos humano encargado de la vigilancia epidemiológica, la identificación de casos, el rastreo de contactos, las comunicaciones de salud pública y la preparación para posibles pandemias.

Y agrega el informe: “Los niveles elevados de pobreza, desempleo y trabajo informal previos a la pandemia, así como las limitadas prestaciones de desempleo, licencia por enfermedad y otras políticas de apoyo al ingreso han magnificado los impactos sanitarios, sociales y económicos y han reducido la efectividad de las políticas de aislamiento y otras medidas para combatir la pandemia. Se estima que en América Latina y el Caribe la pandemia ha hecho que 22 millones de personas caigan en la pobreza”.

Un indicador que debe generar preocupación es que la tasa de mortalidad acumulada (hasta el 1 de junio de 2021) de la región era la segunda más alta del mundo, muy cercana a la de Estados Unidos/Canadá, esto, a pesar de que la población de América Latina y el Caribe es más joven que la de Estados Unidos/ Canadá y Europa. Durante mayo de 2021, las tasas de mortalidad por COVID en A.L. estuvieron entre las más altas del mundo, situación que podría ser peor si se considera el subregistro de muertes por COVID en América Latina y el Caribe. Estos subregistros quedaron evidenciados en el mes de mayo cuando por ejemplo, se estimó que las muertes por COVID-19 en Perú eran el doble de lo que se había estimado anteriormente.

Por otro lado la pandemia también ha profundizado la situación vulnerable de las mujeres incluyendo la violencia de género, y ha contribuido a la agudización de otros problemas de salud preexistentes, incluida la carga de enfermedades transmisibles y enfermedades mentales.

Una de las críticas del informe al manejo dado a la emergencia en la subregión se enfoca en el papel de algunos líderes políticos y personalidades nacionales han favorecido la desinformación y a generar confusión y desconfianza en la población magnificando las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia.

Sin embargo, lo más interesante del informe se encuentra en la ventana que abre frente a la posibilidad que la pandemia trae para generar oportunidades para mejorar la salud pública en la región.

Lo primero sería aprovechar que en varios países se implementaron programas de protección social como reacción a las consecuencias económicas de la pandemia, acciones estas que podrían ser la base de iniciativas a largo plazo para reducir la desigualdad y expandir las redes de seguridad social, incluyendo mejoras para los trabajadores informales y una protección social universal garantizada, lo que redundaría en beneficios de salud pública más allá de la pandemia.

Otros mejoramientos girarían en torno a los sistemas de registro relacionados con el seguimiento de la pandemia (casos y muertes) que sentarían las bases para cambios estructurales en las estadísticas de salud y el uso inteligente de datos para implementación de políticas. Asimismo es la posibilidad para volver a dar relevancia a la necesidad de acceso a la atención médica integral universal garantizada por los estados, así como de inversiones en infraestructura de salud pública y salud comunitaria.