Financiación de servicios de mediana y alta complejidad, ¿cómo se hará?

La financiación de la atención de la salud es la función de un sistema de salud que se centra en la movilización, la acumulación y la asignación de recursos para cubrir las necesidades de la salud de la población, ya sea individualmente o colectivamente. Para ello, debe diseñarse la financiación con el fin de proporcionar a toda la población el acceso a servicios sanitarios necesarios (incluida la prevención, la promoción, el tratamiento y la rehabilitación) de calidad suficiente para que sean eficaces; y para garantizar que el uso de estos servicios no exponga al usuario a dificultades financieras.

Vale destacar que el gasto en salud (GTS) de $89 billones en 2021 con respecto al PIB, en Colombia se ubicó en 5,8 % (promedio en los últimos cuatro años). Esto evidencia que aún es importante reducir las inequidades en el marco de la cobertura universal de salud.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “eliminar el pago directo en el momento de la prestación de servicios que se constituye en barrera financiera para el acceso a los servicios de salud garantizados. Esto aumentará la protección financiera al disminuir la inequidad y la exposición a gastos catastróficos y al empobrecimiento. Un fondo prepago mancomunado que se base en el principio de la solidaridad y que permita las subvenciones cruzadas de las personas saludables a las personas enfermas, de los ricos a los pobres y de los jóvenes a los adultos mayores, debería sustituir el pago directo. Esta es una estrategia efectiva para aumentar la equidad y la eficiencia del sistema de salud”.

En esta línea, y según lo que contempla el “ARTÍCULO 50. RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD” de la reforma a la salud, los recursos de cofinanciación de la Nación destinados a la atención en salud deberán distribuirse a los fondos regionales de acuerdo con las necesidades de cofinanciación para complementar los aportes per cápita necesarios para las intervenciones de mediana y alta complejidad en salud de la totalidad de la población de la región.

Con relación a ello, el Ministerio de Salud y Protección Social expuso que “anualmente la Nación establecerá el per cápita para el aseguramiento social en salud para los servicios de mediana y alta complejidad de los fondos regionales para la vigencia siguiente, lo cual deberá reflejarse en la apropiación presentada en el proyecto de ley de presupuesto”.

A nivel regional, la agrupación de los departamentos y distritos se efectuará adecuando al sector las Regiones utilizadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el Sistema de Regalías, de forma que se logre el mayor nivel de autosuficiencia en la prestación de los servicios en red y “se incentive un sano desarrollo de la oferta de servicios en salud a través de las redes integrales e integradas para garantizar el derecho fundamental de la salud de todos los habitantes. No obstante, podrán hacerse agrupaciones diferentes de los departamentos y distritos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, si fuere necesario, cuando la integración de tales entidades tenga un mayor impacto o genere mayor equidad”, puntualiza el articulado.

En cuanto al Fondo Regional de Salud, allí se ubicarán presupuestalmente los recursos que se le asignen por parte de la Administradora de Recursos de Salud (ADRES) y formarán parte del sistema de cuentas del Fondo Único Público de Salud. Los recursos de los Fondos Regionales de Salud están constituidos por los recursos asignados por la ADRES, provenientes de la Cuenta Prestaciones Económicas en Salud y la Cuenta Servicios Ambulatorios y Hospitalarios Especializados (SAHE), según corresponda, sin situación de fondos y serán administrados por un Consejo Administrador de Salud.

En cuanto a ello, el director de la ADRES, Félix León Martínez, entregó detalles sobre la conformación y estructura de los fondos regionales que tendría esta entidad. Este diseño específico estaría en el componente de descentralización del banco de la salud en la reforma y funcionaría con siete fondos regionales distribuidos en todo el territorio nacional.

“En esos fondos regionales habría una junta administradora del fondo. La estructura contaría en cada fondo con tres representantes de los empresarios, tres representantes de los trabajadores, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de Salud y un representante de los gobernadores y alcaldes”, explicó Martínez.

Por otro lado, el Ministerio de Salud afirmó que “los recursos de carácter parafiscal no harán parte del presupuesto nacional ni de los territoriales y comprenden los aportes de cotizaciones obligatorias a la salud provenientes de empresas, trabajadores, contratistas y rentistas de capital del respectivo territorio. Adicionalmente, se establecerá un per cápita para la atención en salud de mediana y alta complejidad de cada ciudadano, aplicando criterios de ajuste por riesgo ligados al sexo, grupo etario, zona geográfica, patologías priorizadas y otras variables que sean pertinentes”.

La entidad argumenta que “para garantizar la equidad en la protección del riesgo financiero y de salud de los ciudadanos entre las regiones, las cotizaciones obligatorias al sistema de salud financiarán el valor per cápita de la totalidad de los residentes en el país mediante un mecanismo redistributivo de mancomunación de recursos, los cuales se complementarán en la cuantía necesaria con los recursos del Presupuesto General de la Nación a fin de garantizar la plena cobertura de la seguridad social pública y universal”.

Con relación a ello, la organización enfatiza que “los sistemas de financiación deben diseñarse específicamente para proporcionar a toda la población el acceso a servicios sanitarios necesarios (incluida la prevención, la promoción, el tratamiento y la rehabilitación) de calidad suficiente para que sean eficaces; y para garantizar que el uso de estos servicios no exponga al usuario a dificultades financieras”.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) plantea que del lado de la reforma “resulta preocupante que las entidades territoriales tendrán en sus Fondos de Salud las cuentas análogas del Fondo único Público para la Salud, modificando la estructura actual de los Fondos de Salud de las entidades territoriales”.

También advierte que “hay un alto riesgo de corrupción por el hecho de que el gerente del fondo regional, funcionario de la ADRES regional, realizará la contratación de los servicios de salud, la auditoría y autorización de pago de los servicios de mediana y alta complejidad”.