Seguridad social en América Latina: una mirada desde el pasado y hacia el futuro

La seguridad social en América Latina varía de un país a otro. En términos de atención médica, muchos países tienen sistemas de salud pública que brindan atención básica a toda la población, aunque la calidad y la disponibilidad de los servicios pueden variar. En cuanto a la jubilación, la mayoría de los países latinoamericanos tienen sistemas de pensiones que ofrecen beneficios a los trabajadores cuando se jubilan. Estos sistemas pueden ser administrados por el gobierno, por empresas privadas o por una combinación de ambos. Sin embargo, muchos países de la región enfrentan desafíos en términos de sostenibilidad financiera de sus sistemas de pensiones.

Además de la atención médica y la jubilación, la seguridad social en América Latina también abarca otras áreas de protección social, como el seguro de desempleo, los subsidios familiares y los programas de asistencia social. Estos programas tienen como objetivo proporcionar apoyo a las personas en situaciones de vulnerabilidad, como el desempleo, la pobreza o la maternidad.

La seguridad social en América Latina enfrenta enormes retos que se han agudizado a partir de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. En varios países de la región se adelantan procesos de reforma que renuevan discusiones sobre temas trascendentales, como el rol del Estado y del sector privado para la garantía de los derechos en materia de seguridad social, el ahorro pensional y el crecimiento económico, el diseño de los sistemas de seguridad social y las estrategias para superar brechas sociales. Vale destacar que uno de los mayores desafíos es la falta de recursos financieros para mantener y expandir los programas de seguridad social.

A su vez, el rápido envejecimiento plantea un desafío para los sistemas de seguridad social. A medida que aumenta la esperanza de vida y disminuye la tasa de natalidad, los sistemas deben adaptarse para proporcionar pensiones adecuadas y servicios de atención a largo plazo para las personas mayores.

Por otro lado, la alta proporción de empleo informal en la región es un desafío importante para la seguridad social. Muchos trabajadores no están protegidos por los sistemas formales de seguridad social debido a la falta de empleo registrado y contribuciones. Esto deja a una gran parte de la población sin acceso a servicios de salud, pensiones y protección social. También, la corrupción y la mala gestión son problemas persistentes que afectan.

Para Fabio Durán, especialista en Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de Costa Rica, otros de los desafíos “se dan por las tendencias de los mercados de trabajo y necesidad de adaptación de los sistemas de seguridad social: formas atípicas de empleo, plataformas digitales y el riesgo de aumento de la informalidad”.

Con relación a esto, es importante señalar, según el experto, que hay nueve principios normativos contenidos en los estándares de la OIT para el diseño de pensiones. Por ejemplo: realización progresiva de la cobertura universal, solidaridad social y financiamiento colectivo, derechos a las prestaciones sociales adecuadas y previsibles, responsabilidad global y primaria del Estado, no discriminación, igualdad de género y respuesta a las necesidades especiales, sostenibilidad financiera, fiscal y económica, gestión y administración transparentes, participación de los interlocutores sociales y consultas con otras partes interesadas, revisión periódica de las personas para adaptarlas a la evolución del costo.

Mario Cimoli, secretario ejecutivo interino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), afirma que “el contexto económico actual es muy difícil, con retrocesos en materia social en los países de la región. Nos preocupan los indicadores de pobreza, desigualdad y bienestar de la población”.

Por lo anterior, la CEPAL ha instado a los países de la región a avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes en el marco de un Estado de bienestar. “Para ello se requiere un nuevo pacto social-fiscal que contribuya a un desarrollo social inclusivo y transformador con igualdad de género y que garantice la sostenibilidad financiera de las políticas para enfrentar la desigualdad, dice el organismo regional de las Naciones Unidas”.

Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), recordó que “la integración efectiva entre los sectores de salud, finanzas y desarrollo social para construir mecanismos de protección social universal constituye una prioridad para esta región. Ha llegado el momento de la acción”.

En el caso de Colombia se ha ratificado los siguientes convenios de la OIT en materia de seguridad social: Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3), Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12), Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17), Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18), Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19), Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24) y Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (núm. 25).

Problemas de compatibilidad en Colombia

En nuestro país, se evidenció problemas de compatibilidad entre regímenes del sistema de pensiones, frente a ello, la oficial de la OIT, Maya Stern-Plaza Logal, señaló “hemos concentrado nuestro enfoque sobre los sistemas de pensiones de vejez, y los insumos preliminares muestran que hay todavía problemas de compatibilidad entre el régimen de pensiones tanto el de prima media, como el del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que necesitarían unos cambios estructurales, con el fin de asegurar la suficiencia en la prestación”.

Como puntos de referencia que constituyen las normas mínimas de protección social, se contemplaron la definición de la contingencia, personas protegidas, tipo y monto de las prestaciones, condiciones para tener derecho a las prestaciones, incluido el periodo de calificación y la duración de la prestación y el periodo de espera.

Según el Departamento de Protección Social, OIT, Ginebra, la Oficina de la OIT para los países Andinos, Lima y Organización Internacional del Trabajo, es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones relativas al diseño del sistema de seguridad social sobre la base de las normas internacionales, tales como “establecer mecanismos que permitan a las instituciones administradoras garantizar que las personas protegidas utilizarán de manera razonable la indemnización en caso de incapacidad permanente parcial proporcionada por el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), en caso de pérdida de capacidad laboral parcial superior a un determinado nivel”.