Desafíos en el acceso y atención de la salud mental

La percepción de la salud mental en Colombia ha experimentado cambios significativos en los últimos años. Aunque todavía existen barreras y estigmas asociados a los problemas de salud mental, la sociedad colombiana ha comenzado a reconocer la importancia de abordar estos temas de manera abierta y a buscar soluciones. Esto se ha debido en parte a la creciente disponibilidad de información y educación sobre salud mental, así como a la influencia de movimientos internacionales que promueven la salud mental y la prevención del suicidio.

La depresión en Colombia es más alta que en el promedio del mundo, así lo estableció un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indica que el 4,7 % de los colombianos sufren este trastorno. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, dice la Organización Mundial de la Salud. En Colombia, según los datos recogidos por el Dane en 2021, fueron 2 595 casos: unos siete suicidios al día. Esta entidad explica que en los últimos diez años han aumentado en 44 %. Los intentos son más frecuentes aún. Los datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública muestran que cada 20 minutos hay uno. Los números no mejoran. Hasta marzo de este año iban 482 suicidios, según Medicina Legal.

Los dos principales trastornos que afectan el mundo son la depresión y la ansiedad, que aumentaron entre un 25 % y 28 % en el primer año del covid- 19, “sumándose a los casi 1 000 millones de personas que ya sufren algún trastorno mental”, de acuerdo con la OMS en su Informe Mundial sobre Salud Mental, actualizado en junio de 2022.

Vale resaltar que, aunque en Colombia se han realizado esfuerzos para promover la atención de la salud mental y reducir el estigma asociado, aún existen desafíos importantes. La falta de recursos y la inequidad en el acceso a servicios de calidad son obstáculos para muchas personas que necesitan atención. Además, persisten los estigmas sociales, lo que dificulta que las personas busquen ayuda y se sientan cómodas hablando sobre sus problemas mentales.

A su vez, existen diversas barreras que afectan la percepción sobre la atención y el acceso a la salud mental en Colombia, por ejemplo, existe una tendencia a ocultar los problemas de salud mental debido al miedo, al rechazo y al juicio social. Aunque ha habido avances en la conciencia sobre este tema, todavía existe una falta de comprensión generalizada sobre los trastornos mentales y su impacto. También la disponibilidad limitada de recursos, tanto financieros como humanos, es una barrera importante en el país. La falta de inversión adecuada en esta materia resulta en una infraestructura insuficiente, escasez de profesionales capacitados y falta de acceso a tratamientos y servicios de calidad, especialmente en áreas rurales y comunidades marginales.

Las personas de bajos ingresos, comunidades rurales, grupos étnicos minoritarios y personas en situación de vulnerabilidad tienen más dificultades para acceder a la atención adecuada debido a barreras geográficas, socioeconómicas y culturales. A ello se suma que el sistema de salud en Colombia presenta una fragmentación en la atención de la salud mental, lo que dificulta la coordinación y continuidad de la atención.

Según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, las enfermedades mentales en Colombia se cuadriplicaron. Pues, en 2009 se registraron 405 124 personas con problemas de salud mental y, en 2021, el número se incrementó a 1 500 000.

Asimismo, según los reportes del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), el Observatorio Nacional de Convivencia y Salud Mental, y el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), en 2021 se notificaron 29 792 casos de intento suicida, que representan una tasa de incidencia de intento suicida del 58,4 por cada 100 000 habitantes.

En 2020 se reportó una tasa ajustada de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento del 2,19, por lesiones autoinfligidas intencionalmente del 5,29, y por epilepsia del 1,74. También, una tasa de años de vida potencialmente perdidos por lesiones autoinfligidas intencionalmente del 247,7, y por trastornos mentales y del comportamiento del 35,6.

Frente a lo anterior, Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección de Promoción y Prevención, señaló que la salud mental se configura en un reto estratégico, en cuanto a su fomento y garantía desde la política pública, durante los próximos años.

La funcionaria explicó que condiciones como la alta vulnerabilidad económica, inestabilidad laboral, violencias, falta de acceso a servicios básicos, a vivienda digna y a ingresos decentes, para que las familias puedan garantizarse una alimentación saludable, son aspectos que afectan la salud mental de la población.

“Sumado a los fenómenos de aculturación y pérdida de los territorios y prácticas ancestrales, inequidades de género, el estigma y la discriminación, por ejemplo, que, como sociedad, nos han llevado a preocupantes desenlaces, como el suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas”, agregó.

Frente a esto, el Periódico El Pulso consultó al médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia (UdeA), miembro de la Asociacón Colombiana de Psiquiatría (ACP), psiquiatra de la Clínica SOMA y profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, Felipe Marino Mondragón, sobre la percepción de los colombianos con respecto a la atención de la salud mental, si bien es cierto que esta puede variar dependiendo de las experiencias individuales y las circunstancias específicas de cada persona. Existen algunas tendencias y preocupaciones comunes que se pueden identificar en la percepción general de la población colombiana sobre este tema, por ello es importante dar a conocer ¿cuál es la principal deficiencia de la atención de la salud mental en el país? ¿Si las EPS sí están jugando un rol fundamental para mejorar o seguimos rezagados y por qué?

Según afirmó el doctor Felipe Marino, “como todo en medicina, puede haber pacientes que se traten de forma ambulatoria, pero hay otros que van a requerir de manejo intrahospitalario y esto es un problema porque el número de camas disponibles por hospitalización, en especial por psiquiatría, por ejemplo, en la ciudad de Medellín está muy por debajo de lo que se necesita”.

A lo que agregó que dicho problema “lo único que hace es demorar las remisiones. Esto significa que los pacientes van a estar mucho tiempo en el servicio de urgencias. Esto se da porque algunos se pueden pasar a habitación, pero otros no, ya que, por sus condiciones personales y clínicas, en algunos casos, no tienen habilitación para tener pacientes de psiquiatría. Entonces, una de las principales falencias tiene que ver con el número de camas para hospitalización de psiquiatría”.

En cuanto a la percepción que se tiene sobre si las EPS sí están jugando un rol fundamental, el psiquiatra argumentó: “Ahí vemos un problema. Y es básicamente respecto a los medicamentos. En este caso, las EPS se demoran o simplemente no entregan los medicamentos o dilatan la entrega a un paciente que, por ejemplo, requirió hospitalización, se compensó en la hospitalización con algunos medicamentos, pero cuando sale la EPS no se los entrega”.

Adicional a ello, el estigma asociado a los trastornos mentales sigue siendo una barrera importante en la búsqueda de atención de salud mental en Colombia. Muchas personas temen ser juzgadas o estigmatizadas si revelan sus problemas asociados a este tema, lo que puede llevar a que no busquen ayuda o posterguen la atención necesaria.

Según expuso la Fundación Saldarriaga Concha, “hace algunos años se pensaba que quienes tenían un diagnóstico de este tipo debían estar internados en un manicomio, una idea que, aunque ha ido cambiando, sigue alimentando la autodiscriminación o la discriminación hacia las personas que presentan algún problema mental”.

Para Lina González, psiquiatra y líder de Salud y Bienestar de dicha institución, “la pandemia nos sirvió para reconocer más abiertamente estos problemas de salud. También para mostrarnos que los servicios de salud mental que hay son de difícil acceso”.

“Tener salud mental en donde hay pobreza extrema es difícil. Este tema involucra salud, vivienda, trabajo y todos los escenarios en los que los seres humanos nos desenvolvemos. Elementos como el acceso al agua potable o a educación no dependen de nosotros, sino del Estado. Ahí los gobiernos tienen una misión muy importante”.

La magíster en Salud Mental, María Isabel Ramírez Valencia, explicó que las afectaciones en la ruralidad no son tan altas como en las urbes, pero el mayor problema es la falta de acceso a los servicios de salud en general y de una ruta clara de atención.

“El acceso es muy difícil por las condiciones físicas del territorio, las distancias y la violencia. La mayoría desconocen qué es salud mental porque la nombran de otra manera, pues está generalizado no prestarles atención a estos temas. Frente a lo que ocurre durante o después de la pandemia en la ruralidad no hay datos en estas zonas”, enfatizó la profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública.

La psicóloga destacó que “hay preocupación por estas poblaciones, pues muchas de ellas estaban en camino a la recuperación por situaciones como la desaparición y el desplazamiento forzado; sin embargo, con el retorno de algunos grupos ilegales se han visto enfrentadas de nuevo a estas problemáticas”.

Poca oferta de profesionales en salud mental, otra de las barreras

La percepción es generalizada, cuando se habla de la atención de salud mental, en la mayoría de las ocasiones se expone que no es fácilmente accesible en Colombia. Muchas personas sienten que hay una falta de servicios disponibles en sus comunidades, especialmente en áreas rurales o de bajos recursos. La falta de profesionales capacitados y la escasez de recursos en el sistema de salud mental también se citan como barreras para recibir atención oportuna. ¿Por qué hay tan poca oferta de profesionales psiquiátricos?

Para el psiquiatra Marino Modragon, “influyen varios factores, el primero es que la especialización es transversal; los especialistas no nos queremos ir a vivir a un pueblo de 4 000 habitantes, por ejemplo, y eso no solo en psiquiatría, sino en todas las especialidades y subespecialidades, tanto clínico cómo quirúrgicas. Hay una tendencia a permanecer en las cuatro o cinco ciudades más grandes de Colombia”.

De otro lado, reconoce que “en psiquiatría hay algo que facilitaría el acceso, y es que la psiquiatría es la especialidad que mejor se acomoda a la telemedicina, lo cual quedó demostrado durante y luego de la pandemia, entonces sería una opción para acceder”. Sin embargo, expone: “Muchos especialistas no queremos trabajar para las EPS, por los salarios que ofrecen y por las condiciones laborales. Sacar un permiso es un problema, ver pacientes cada media hora o incluso cada 20 minutos es lo que ofrecen, y esto por un sueldo que en realidad no es bueno. Entonces, son todos estos factores los que le hacen a uno desistir de trabajar específicamente para una EPS. Por lo tanto, la mayoría de especialistas buscan atender su consulta de forma particular o buscan vincularse a una clínica o a un hospital para trabajar”.

En ese mismo sentido, Laura Ospina, psiquiatra y profesora asistente del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, explica que una de las causas es el número limitado de plazas de formación y de residencias. A esto se suma que en los pregrados de medicina, el entrenamiento en psiquiatría es muy básico.

También está el Síndrome de Burnout o Síndrome de Desgaste Ocupacional, una enfermedad laboral reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que se ha vuelto cada vez más común entre estos profesionales. “Esta profesión tiene altas cargas emocionales a comparación de otras especialidades en medicina. Además del amplio relacionamiento con las familias de los pacientes, se requieren otros esfuerzos como realizar prescripciones médicas que necesitan cierta documentación”, señala Ospina.

Según la Asociación Colombiana de Psiquiatría, la mayoría de especialistas (80 %) se concentra en las ciudades capitales, dificultando o limitando el acceso a las consultas en los lugares más apartados. Esto afecta especialmente a las poblaciones vulnerables, los adultos mayores, niños y adolescentes, entre otros.