El sistema de salud en Colombia ha sido objeto de discusión y reforma a lo largo de los años, y la última propuesta no es la excepción. La introducción de las “Redes Integrales e Integradas de Atención en Salud” en el proyecto de ley plantea una serie de preguntas y desafíos que deben ser considerados con cuidado.

Uno de los aspectos clave de esta propuesta es la idea de que las redes estarán conformadas por entidades públicas, privadas y de orden mixto. Esta integración de diferentes actores en la prestación de servicios de salud es una medida ambiciosa que busca mejorar la coordinación y la calidad de la atención. Sin embargo, también plantea preguntas importantes sobre cómo se garantizará la equidad y la transparencia en este proceso.

El concepto de “integral e integrada” en las redes se centra en la creación de una única red de prestadores de salud que atienda las necesidades de diversos grupos poblacionales en todo el país. Si bien esto suena prometedor en teoría, la implementación efectiva de esta idea es un desafío. La autonomía hospitalaria y la diversidad de necesidades locales son factores que deben tenerse en cuenta para que estas redes sean verdaderamente eficaces.

La propuesta también plantea preguntas sobre el papel de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) dentro del nuevo sistema. Se busca transformarlas en gestoras mediante un pago por administración, al tiempo que se mantienen aspectos como la prima, el plan de coberturas y se crea un fondo de estabilización. Sin embargo, no está claro quién asumirá el riesgo financiero del sistema ni cómo se logrará la complementariedad en funciones clave, como la constitución de Redes Integrales e Integradas.

La implementación de estas redes también plantea retos importantes en términos de acreditación y eficiencia de los prestadores públicos. Mejorar lo anterior en las redes públicas es fundamental para que estas puedan competir en igualdad de condiciones con los prestadores privados.

El monitoreo de los resultados en salud y el seguimiento financiero de las redes son aspectos esenciales que deben ser rigurosamente implementados para garantizar la calidad de la atención. La rendición de cuentas por parte de las EPS y el cumplimiento de indicadores de salud deben ser gestionados a través de un sistema de información efectivo.

Finalmente, la unificación del régimen contributivo y el subsidiado es un objetivo a largo plazo que debe abordarse con precaución y teniendo en cuenta las necesidades y realidades específicas de cada uno. La Atención Primaria en Salud en zonas remotas y la infraestructura pública son factores que deben ser considerados en este proceso.

La fragmentación, un desafío crítico

Mientras se buscan mejoras y avances, un reto fundamental persiste: la fragmentación en la atención médica especializada. Este problema, que ha sido reconocido por las autoridades de salud, sigue sin resolverse de manera efectiva y sigue afectando a los pacientes que necesitan asistencia de mediana y alta complejidad.

Uno de los aspectos más preocupantes es que la atención de pacientes dependerá en gran medida del sistema de referencia y contrarreferencia de su Centro de Atención Primaria (CAP). Esto implica que la asistencia médica de quienes necesitan tratamientos especializados estará sujeta a una serie de intermediarios y coordinadores, incluyendo la Gestora de Salud y Vida, las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud, así como instancias de coordinación a nivel regional, departamental y municipal.

Si bien la intención de esta estructura es mejorar la coordinación y la eficiencia en la atención médica, la realidad es que esta lógica territorial crea nuevas formas de fragmentación que afectan de manera significativa a los pacientes. Esto significa que los programas especializados se encuentran divididos en múltiples redes, cada una con un número limitado de pacientes, lo que dificulta la optimización de recursos y la curva de aprendizaje.

Además de ello, la existencia de niveles de complejidad separados también crea fragmentación. Los pacientes deben navegar entre estos niveles, lo que a menudo resulta en retrasos y desafíos en la atención.

En contraste, según lo que porpone el Ministerio de Salud y Protección Social, una posible forma de incentivar una mejor gestión y operación eficiente del sistema de referencia y contrarreferencia es otorgar un 3 % adicional, basado en indicadores de resultados en salud, satisfacción de los usuarios y uso competente de los recursos. Sin embargo, esto plantea preguntas sobre cómo se medirán y evaluarán estos indicadores de manera justa y precisa.

Si bien se han propuesto medidas para abordar este problema, es esencial que se implementen de manera efectiva y se evalúen de manera constante para garantizar una atención médica de calidad y continua para todos los pacientes, independientemente de su nivel de complejidad o ubicación geográfica.