Las reservas técnicas son un requerimiento emitido por la Superintendencia Nacional de Salud y está reglamentada en un compendio de resoluciones y decretos tales como: Resolución 4175 del 2014 y Decreto 2702 del mismo año, el cual establece los requisitos de habilitación financiera de las EPS (capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas líquidas), donde se resalta que las reservas tienen como propósito mantener una provisión adecuada para garantizar el pago de la prestación de los servicios de salud; así como el decreto 412 de 2015 y el decreto 2117 de 2016.

Según el superintendente, al momento de la entrada en vigor del Decreto 2702 de 2014, las EPS acumulaban un déficit cercano a los $5 billones, que deberían haber ido corrigiendo a través del fortalecimiento patrimonial en un plazo de siete años, el cual venció en diciembre de 2021 para las entidades que no tenían aprobado un Plan de Reorganización Institucional (PRI) y Plan de Ajuste Financiero (PAF). No obstante, en vez de disminuir, el déficit ha aumentado hasta llegar a los 12.4 billones de pesos.

De acuerdo con Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral): “La reserva técnica es en esencia el pasivo que tienen las EPS por los servicios facturados, por los que han sido autorizados y aún no están facturados y por los imprevistos que puedan surgir de las prestaciones autorizadas. Para cubrir estas prestaciones, la ley obliga a invertirlas en activos financieros con características de alta liquidez y seguridad”.

De hecho, durante los últimos años, las reservas técnicas han dado de qué hablar, ya que se han presentado en momentos de crisis, como durante la pandemia por COVID-19, donde los recursos se utilizaron para atender la emergencia sanitaria: “Tenemos unas IPS que han venido sufriendo porque, al estar todos en aislamiento preventivo, han dejado de tener demanda de servicios. Esto tiene un efecto importante para utilizar la capacidad instalada en pacientes con COVID-19, pero dejan de recibir ingresos en otros aspectos. Por esa razón firmamos un decreto bajo el cual se pueden utilizar las reservas técnicas”, afirmó en su momento el entonces ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez. Siendo así, el decreto 600 autorizó a las EPS a destinar $1.7 billones de sus reservas técnicas para pagar deudas vencidas a hospitales y proveedores por concepto de servicios y tecnologías incluidos en el Plan de Beneficios.

Así mismo, en junio de 2022, con el fin de disminuir la cartera y generar flujo de recursos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y proveedores, el Gobierno nacional expidió el Decreto 995 de 2022, habilitando de esta manera el uso de las inversiones que respaldan las reservas técnicas para aquellas EPS que la Superintendencia Nacional de Salud evidencie que la cartera presenta una concentración mayor al 15 % de la deuda en acreencias mayores a 180 días. Para esto, señaló la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego, las EPS deben utilizar los recursos que tengan invertidos en depósitos a la vista, títulos de renta fija, fondos de inversión colectiva, o títulos de deuda pública interna, este último en el evento de considerarlo pertinente.

Acción que la ACHC (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas) reconoció en su momento, ya que desde hace varios años le había solicitado al gobierno dicha medida para pagar las deudas a las IPS y así darle liquidez al sector salud. No obstante, no ha sido suficiente, por lo que ha propuesto reajustar los criterios y aplicar un mecanismo adicional de liberación de reservas técnicas, “que permita un alivio en flujo de caja; para el efecto, proponemos se ajusten los criterios de aplicación, disminuyendo el porcentaje de concentración de la deuda y el tiempo de morosidad, a fin de que se genere una mayor cobertura y beneficio de esta medida”, se lee en el comunicado que la Asociación le envío al Ministerio de Salud en julio de este año.

Gracias a la liberación de las reservas técnicas para este propósito, se giraron $848 mil millones, distribuidos de la siguiente manera: 1 050 IPS públicas con $217 mil millones; 1 205 IPS privadas con $591 mil millones; $9 mil millones entregados a IPS de naturaleza mixta y $30 mil millones a otros acreedores.

No obstante, la Superintendencia Nacional de Salud reveló que, con corte a junio de 2023, de las 24 entidades que tienen licencia de funcionamiento para el aseguramiento en salud de afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado, solo cuatro de ellas (Aliansalud, Coosalud, Salud Bolívar y Salud Mía) cuentan con los recursos suficientes para cubrir la reserva técnica. La reserva técnica registrada es de $18.7 billones y las inversiones líquidas que la respaldan cierta y efectivamente ascienden a $6.3 billones representados en inversiones líquidas. Siendo así, el informe señaló que hay un faltante de $12.5 billones.

“Casualmente, las que sí cumplían son cuatro EPS con pocos afiliados o de reciente creación, pero el grueso de las grandes y medianas EPS no tendría recursos suficientes para cubrir sus obligaciones, pese a que a la ADRES les había girado los recursos oportunamente. La pregunta, por supuesto, es, como dice el analista Vicente Calvo: ¿dónde está la plata? ¿O sea, donde están los $18 billones que deberían estar en inversiones de respaldo?”, reflexiona Iván Jaramillo Pérez, investigador independiente.

Valga aclarar que la Superintendencia tuvo que esclarecer que “el informe no desconoce que cuando se les computan los $4.5 billones en impactos transitorios normativos, 10 Empresas Promotoras de Salud (EPS) de las 24 cumplen con el indicador del régimen de inversiones de la reserva técnica. Sin embargo, debe decirse que ese monto NO representa liquidez para responder por los pasivos, conforme a lo dispuesto en la Resolución 5118 de 2017, Decreto 600 de 2020, Circular externa 013 de 2020 y los Decretos 1492 y 995 de 2022”.

Ante esto, el superintendente, Ulahy Beltrán López, manifestó: “Esto demuestra que la mayoría de las entidades de aseguramiento en salud tienen un faltante histórico que ha venido creciendo por la falta de capitalización o de fortalecimiento patrimonial y no se originan por incumplimientos del actual Gobierno en torno al flujo de recursos. Estas situaciones se ven evidenciadas por la acción de una Superintendencia decidida a vigilar el flujo de los recursos públicos del sistema y su uso específico en la atención de los afiliados”.

No obstante, este informe implicó un debate en el sector, donde especialmente Acemi señaló que no comparte “las afirmaciones sobre el uso indebido de dichos recursos e invitamos a un diálogo técnico con el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y las EPS, para dar claridad al país sobre el cumplimiento del régimen de inversión”.

Para esta asociación hay tres factores que influyen en el no cubrimiento de los 12 billones faltantes: primero, de las reservas técnicas es permitido deducir ciertos conceptos como cuentas por cobrar a la ADRES relacionadas con el no PBS, pagos efectuados a través de mecanismos de giro directo y anticipos realizados a la red de prestación; segundo, para el 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social autorizó el uso de reservas invertidas para que las EPS paguen sus obligaciones con la red de prestación. Específicamente, se gastaron 1.7 billones de pesos en los respectivos pagos a la red, que se descuentan de las reservas; tercero, el respaldo se ve afectado debido al pago de Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es otorgado por Minsalud, el cual Acemi asegura que es insuficiente.

Esta explicación sobre el manejo de las inversiones “deja entrever que muchas EPS no recurren a entidades financieras, sino que invierten en sus propias IPS mediante anticipos, en ocasiones amparadas en el sistema de los Pagos Globales Prospectivos que no tienen una regulación clara y que permiten convertir los anticipos en préstamos sin interés a largo plazo en beneficio de sus IPS vinculadas mediante integración vertical. Vicente Calvo calcula que 100 grandes IPS de 2 170 capturan el 80 % de los anticipos. A lo anterior hay agregar la existencia de una cartera consolidada de Cuentas x Pagar que estaría en 23 billones y que se registra como contrapartida de los activos corrientes. En consecuencia, es posible que los anticipos e inversiones estén radicados en redes financieras o de prestación vinculadas a la EPS”, expone Jaramillo.