Durante un extenso debate, la oposición intentó sin éxito frenar la discusión, mientras que los partidos gubernamentales lucharon por obtener los más de 94 votos necesarios para discutir los artículos 122, 123 y 128, que tenían carácter estatutario y requerían mayorías absolutas.

La sesión, que duró más de seis horas, se centró en debatir los últimos cinco artículos restantes de la iniciativa (42, 122, 123, 128 y 143), abordando puntos polémicos del proyecto. Entre ellos, el artículo 42 generó preocupación al cambiar las reglas en la contratación de directores de hospitales y clínicas estatales.

Los primeros en ser aprobados fueron los artículos 122 y 123, de carácter estatutario, relacionados con consultas previas y otorgando al presidente Gustavo Petro la capacidad de expedir normas con fuerza de ley concertadas con comunidades mediante consulta previa. Estos cambios afectan el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural y regulan la “salud intercultural aplicable” en territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y del pueblo Rrom.

Tras esta aprobación, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, expresó la disposición del Gobierno para enfrentar posibles demandas en la Corte Constitucional. Sin embargo, representantes independientes, como Katherine Miranda y Catherine Juvinao de Alianza Verde, consideraron inconstitucionales estos apartados.

La proposición de la representante Olga Lucía Velásquez permitió la eliminación de las facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro consignadas en el artículo 128, lo que representó un revés para el Gobierno. Este artículo era crucial, ya que otorgaba al presidente la capacidad de capitalizar la Nueva EPS.

A pesar de los intentos de la oposición de dilatar el debate, la Cámara negó dos proposiciones del representante de Centro Democrático, Andrés Forero. La plenaria también aprobó rápidamente el artículo 143, que establecía la vigencia de la norma. Finalmente, el artículo 42 generó intensa discusión y fue votado sin modificaciones, siendo rechazado con 53 votos a favor y 66 en contra. Tras este último artículo, surgieron 75 proposiciones de nuevos artículos que se dejaron como constancias para su discusión en la Comisión Séptima del Senado el próximo año.

En respuesta a este avance, el expresidente Iván Duque hizo un llamado al Senado, donde continuará la discusión, para “salvar el sistema de salud del país”. Duque expresó su preocupación argumentando que la reforma podría dar lugar a un modelo que rememora las épocas del Seguro Social, representando un riesgo para el bienestar social.

El exmandatario afirmó: “Quieren volver a las épocas del Seguro Social y activar un sistema de atraco político al bienestar social. Se dicen ‘progresistas’ los que defienden ese esperpento de reforma, pero en realidad son pobrecistas porque van a arruinar la salud de 50 millones de personas”. Duque calificó el proyecto como impulsado por “populismo, demagogia y odio a la participación mixta entre el sector público y privado”.

Duque subrayó la necesidad de mejorar el sistema de salud, pero no a través de su destrucción, y destacó que tanto en el Senado como en las Cortes se defenderá el derecho a una salud digna y de calidad. Concluyó afirmando: “La ‘victoria’ en la Cámara que están cacareando es un llamado a la defensa irrestricta de la salud de todo un país”.

De otro lado, la congresista Catherine Juvinao compartió su análisis con la revista Semana, expresando su preocupación por diversos aspectos del proyecto. En sus palabras, señaló que, en su opinión, “la reforma tiene muchos problemas. Por eso yo la cuestioné tanto. Es porque la mayoría de la reforma es problemática. Parte de un diagnóstico equivocado, para empezar”.

Juvinao destacó que, en su perspectiva, el proyecto de ley podría generar un problema estructural aún más grave en el sistema de salud. En sus declaraciones a Semana, mencionó que “lo que probablemente va a hacer esta reforma es crear un hueco muchísimo más grave y estructural que el que ya tiene el sistema”.

La congresista hizo hincapié en varios puntos de la reforma que considera “preocupantes”. Señaló que la propuesta elimina controles, establece un pago anticipado del 85 % en la mediana y alta complejidad, y financia la oferta de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), incluso a los privados, lo cual, en su opinión, carece de sentido. Además, destacó que el proyecto de ley no se centra en el paciente ni en la calidad del servicio, sino más bien en la gestión financiera, afirmando que “simplemente está centrada en quién maneja la chequera”.

Juvinao expresó su preocupación acerca de la posible exacerbación de la corrupción en el sistema de salud a raíz de la reforma. En sus palabras, comentó que la propuesta, que supuestamente busca combatir la corrupción, no aborda este problema en ningún aspecto del texto.

Con respecto al próximo paso del proyecto en el Senado, Juvinao manifestó: “Ya veremos qué pasa en el Senado de la República, donde la composición de fuerzas políticas es un poco distinta a la de la Cámara”. De esta manera, la reforma ahora continuará su trámite legislativo en el Senado.

¿Qué dicen los autores de la reforma?

Desde su salida del equipo de gobierno, como ministra de Salud, la exministra de Salud, Carolina Corcho ha destinado su tiempo a dos cosas: a ejercer la medicina como psiquiatra y a hacer pedagogía sobre el alcance y proposito de la reforma al sistema de salud que propone el Gobierno.

En conversación con El Pulso, Corcho destacó el objetivo central de lo que se propone desde el gobierno: “Lo que busca es optimizar esos recursos para que lleguen directamente a las clínicas y los hospitales y no le nieguen servicio al ciudadano para que no haya paseo de la muerte, para que le puedan pagar a médicos, enfermeras, profesionales y trabajadores”.

En cuanto a la preocupación de una posible estatización del sistema de salud, aclaró que no será así, subrayando la importancia de un control público en los recursos públicos: “Confunden estatización con control público en los recursos públicos. Los recursos públicos tienen que tener un control público. Esto no es plata de bolsillo para que manejen los dueños de las EPS o los dueños de la clínica”.

En relación con el funcionamiento del nuevo sistema propuesto por la reforma, la exministra explicó el proceso con la EPS transformada en gestora: “El usuario llama a su EPS, que ya se llamará gestora, y escoge un Centro de Atención Primaria en Salud. Ese centro será responsable de su salud, prevención y promoción, ubicado cerca de su trabajo o casa, como ocurre actualmente”.

Además, describió cómo, en este sistema, el paciente no necesitará autorización adicional para recibir atención especializada: “Aquí no se necesita autorización, con la orden del médico el paciente va y es atendido. Eso ya existe en los sistemas de salud del mundo”.

Corcho enfatizó que este enfoque contribuirá a descongestionar los servicios de urgencias de alta complejidad y mejorará la detección temprana de enfermedades, evitando situaciones críticas tardías. Con respecto a las preocupaciones sobre posibles caos durante la transición, la médica aseguró que será un proceso sencillo y no generará el desorden que algunos han anticipado.

Artículo redactado antes de estar publicado la Gaceta del Congreso.