Expertos de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia se han dedicado a examinar las causas detrás del fracaso de esta iniciativa legislativa.

Después de aproximadamente un año de deliberaciones en el ámbito legislativo, la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro fue archivada. Este acontecimiento, ocurrido el 3 de abril de 2024 durante el cuarto debate de la comisión séptima del Senado, puso fin a una de las principales propuestas de este gobierno. Los aspectos más controvertidos de esta reforma incluyeron los altos costos, los cambios en la atención médica, la financiación, la entrega de medicamentos y el papel de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS).

Desde el año 2022, un grupo interdisciplinario de profesores de las mencionadas universidades se ha reunido en lo que denominaron el Seminario Permanente sobre la Reforma a la Salud. En este espacio académico, se hizo evidente que el proyecto de reforma no fue consultado ni discutido con la academia, según lo señalado por Jairo Humberto Restrepo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia.

La falta de inclusión de voces críticas en las discusiones gubernamentales fue resaltada por Restrepo, quien lamentó que no se tuviera en cuenta la participación de los grupos de investigadores de las universidades más importantes del país. Esto, a pesar de que fueron citadas varias audiencias públicas en el ámbito legislativo.

En cuanto al legislativo, fueron citados a varias audiencias públicas, e incluso la presidenta de la comisión séptima del Senado, Norma Hurtado, participó en una de las sesiones del seminario. Ella fue una de las congresistas que firmó la ponencia que hundió la reforma.

El ministro de salud, Guillermo Alfonso- Jaramillo, ha asegurado que el proyecto de ley fue ampliamente discutido y en el camino tuvo cambios y transformaciones. Entre ellos, afirma haber logrado acuerdos con trabajadores, sociedades científicas, pacientes y EPS.

Los resultados de encuestas presentados durante el seminario revelaron las principales preocupaciones de la población, como el control de la corrupción, la disponibilidad de fondos para la implementación y la garantía de la continuidad en la prestación del servicio de salud.

Reforma sin respuestas claras a las inquietudes de la ciudadanía

El pasado 20 de marzo, el seminario realizó su cuarto foro ¿Qué asuntos de la reforma a la salud inquietan más a la población? En este espacio compartieron diversos análisis e investigaciones sobre varios de los aspectos más importantes que planteaba la reforma del gobierno y que, en retrospectiva, se convirtieron en algunos de los factores claves para que fuera archivada.

Restrepo socializó los resultados de una serie de encuestas abiertas para conocer las preocupaciones frente a la reforma. 583 personas han completado esta encuesta, y los aspectos que más desean aclarar son los siguientes: cómo combatir la corrupción en el nuevo modelo propuesto (39 %), si hay suficiente financiamiento para implementarlo (33 %), quién sería responsable de brindar el servicio (32 %), qué sucedería con las tutelas ante la negativa de atención (22 %) y cómo asegurar la continuidad del servicio (22 %).

Según las investigaciones del Centro de Pensamiento, es necesario reorganizar el sistema para que tenga un control institucional sobre la producción y prestación de servicios de salud, debido a las desigualdades estructurales presentes en varias partes del país.

Este análisis refleja algunos de los reclamos surgidos durante el estallido social durante la pandemia, que incluyeron problemas en la atención médica en ciertas regiones. Estas discrepancias abarcan aspectos como la diferencia entre zonas rurales y urbanas, entre el centro y la periferia, niveles de ingresos, acceso geográfico, factores étnicos y de género.

Durante su participación en el seminario, se destacó que, aunque la cobertura es superior al 98 % de la población, aproximadamente el 30 % de los colombianos enfrenta dificultades para acceder a los servicios en promedio nacional. Además, se subrayó que en regiones remotas o entre poblaciones vulnerables, esta cifra puede alcanzar hasta el 90 % de barreras sistemáticas de acceso.

Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, destacó que el verdadero problema de esta reforma no radica en lo técnico, sino en la legitimidad, la confianza en el gobierno y el diálogo con los diversos sectores involucrados.

En cuanto a la financiación del sistema propuesto, Enrique Peñaloza, profesor de la Javeriana, expresó su escepticismo ante las cifras presentadas por el gobierno, señalando la falta de claridad sobre los costos reales y su impacto a largo plazo en el sistema de salud colombiano.

Sociedades científicas hacen un llamado al Gobierno para que se garanticen los derechos

Ante el fracaso de la reforma en el Congreso, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), representante de 69 asociaciones, sociedades y colegios de especialistas médicos en el país, ha manifestado su preocupación. “Se hace un llamado al Gobierno para garantizar los derechos de pacientes y trabajadores de la salud, promover una reforma inclusiva y proteger los derechos fundamentales de todos los involucrados en el sistema de salud colombiano”.

Además, enfatizan en que “se evidencian posibles vacíos jurídicos en los actos administrativos emitidos por el Gobierno, lo que podría tener consecuencias negativas para el sistema de salud y la prestación del servicio. Se requiere una UPC (Unidad de Pago por Capitación) y un manual tarifario actualizados, que reflejen las necesidades reales del sistema de salud y en los cuales las sociedades científicas participen activamente en su elaboración”.

El Colegio de Abogados en Derecho Médico enfatiza la necesidad de mantener el objetivo común de garantizar los derechos fundamentales y el bienestar de todos los ciudadanos. “A pesar de las diferencias que puedan existir, el propósito compartido de mejorar el sistema de salud debe permanecer en el centro de todas las acciones y conversaciones. Es momento de dejar de lado divisiones y polarizaciones que solo obstaculizan la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta el país”.

Además, agregan: “Se hace un llamado al sector en su conjunto, incluyendo al Estado, EPS, IPS, talento humano, usuarios, pacientes, academia y sociedad civil, para unirse en la búsqueda de soluciones que beneficien a todos los actores del sistema. Solo a través del diálogo constructivo y la cooperación mutua será posible superar los retos actuales y avanzar hacia un futuro mejor para todos”. Como lo expresan en el Colegio de Abogados en Derecho Médico: “Es hora de la unidad por el bien común”.

Otras asociaciones se dirigen al Gobierno

En su calidad de presidentes de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, la Asociación Colombiana de Otología y Neurotología, y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial y Rinología, entidades científico-gremiales que representan a los médicos especialistas en otorrinolaringología en el país, se dirigieron al Gobierno nacional para expresar su voz de alerta y preocupación por la prestación de servicios de salud y la garantía del estado de bienestar de todos los colombianos.

En su comunicado, hicieron hincapié en el alto estándar de la medicina en Colombia, especialmente en el campo de la otorrinolaringología, y en la importancia de asegurar un acceso equitativo a los servicios de salud sin barreras de atención, así como la disponibilidad de recursos y tecnologías necesarias para diagnósticos precisos y tratamientos efectivos.

Ante la intervención y eventual liquidación de las EPS, plantearon varias solicitudes para garantizar la prestación oportuna de servicios, la continuidad en la atención de los pacientes y la protección de los derechos a la vida digna y al trabajo. Estas solicitudes incluyen asegurar los recursos necesarios para los pagos contractuales del personal de salud y los proveedores del sector, promover el pago directo al personal de la salud y los especialistas en otorrinolaringología, y generar espacios de diálogo para evitar decisiones apresuradas que puedan empeorar la crisis.

Destacaron la importancia de estos puntos para el buen funcionamiento del sistema de salud, señalando que las intervenciones y liquidaciones anteriores de EPS han tenido consecuencias negativas para pacientes y trabajadores del sector. Expresaron su preocupación por el posible colapso del sistema de salud y rechazaron cualquier vulneración de este derecho fundamental, llamando a la dignificación del personal y proveedores del sector.

De otro lado, la Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC) argumentó: “Aceptamos las recomendaciones del Grupo de Acuerdos Fundamentales, liderado por la Academia Nacional de Medicina, que hace un llamado al Gobierno nacional para garantizar el derecho fundamental a la salud. Instamos a favorecer la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, evitando la interrupción de tratamientos y servicios a los pacientes que los necesitan”.

A lo que agregaron: “También exigimos garantizar la estabilidad y las condiciones laborales para los médicos y trabajadores del sector. Hacemos un llamado a las entidades de vigilancia y control, así como a la rama judicial, para que tomen decisiones que protejan la salud de los colombianos dentro de sus competencias, minimizando las barreras administrativas impuestas por el modelo de Seguridad Social en Salud actual”.