El hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso de la República de Colombia ha desatado una serie de reflexiones sobre el futuro de la atención médica en el país. Sin embargo, mucho antes de que se tomara esta decisión, diversas comunidades y alcaldes ya expresaban su descontento con varios aspectos del proyecto.

Este revés legislativo ha generado un impacto importante, sobre todo porque ofrece la posibilidad de mejorar las decisiones territoriales en materia de salud. Bajo la propuesta original, se anticipaba que los alcaldes enfrentarían numerosas tutelas, ya que desempeñarían un papel crucial en la implementación de la reforma. Ahora, sin embargo, tienen la oportunidad de abordar estas cuestiones desde una perspectiva local, adaptando las políticas de salud a las necesidades específicas de sus comunidades.

Una de las disposiciones más controvertidas de la propuesta era la asignación de responsabilidades a los gobiernos regionales en la aprobación de recursos sanitarios. Aunque esta medida no se materializará, planteaba riesgos importantes, especialmente debido a la naturaleza temporal de los funcionarios electos y la incertidumbre en cuanto a la continuidad de las políticas presupuestarias. Con la reforma hundida, los alcaldes ahora tienen la posibilidad de gestionar los recursos de manera más autónoma y eficiente, sin depender de políticas centralizadas que podrían no ajustarse a las realidades locales.

Además, al no centralizar el control de los recursos y las decisiones en materia de salud, se exime la interferencia política excesiva en un área tan crucial para el bienestar de la población. Lo que le brinda a los alcaldes la oportunidad de enfocarse en la asistencia de sus comunidades sin presiones políticas externas.

Si bien el hundimiento de la reforma no significa que no existan desafíos en el sistema de salud colombiano, representa una oportunidad para abordar estos problemas desde una perspectiva más local y adaptable. Los alcaldes y líderes locales ahora tienen la responsabilidad de tomar decisiones informadas y centradas en las necesidades específicas de sus comunidades, manteniendo la calidad y la accesibilidad de los servicios para todos sus habitantes.

Impacto del hundimiento de la reforma: preocupaciones para las entidades territoriales

El hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso de la República de Colombia ha generado una serie de inquietudes y desafíos para los líderes locales en todo el territorio nacional. Desde antes de conocerse la decisión, muchas comunidades y alcaldes ya expresaban sus dudas sobre el nuevo modelo y las responsabilidades que conllevaría, especialmente en lo relacionado con los procesos para remitir a los pacientes a otros centros de salud y cómo abordar otras problemáticas más complejas.

La incertidumbre generada por la reforma se refleja en las declaraciones de líderes como Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, quien destacó la preocupación por los tiempos de atención a los pacientes y la necesidad de colocar al usuario en el centro de las decisiones para mejorar la calidad del servicio. Esta incertidumbre se profundizó durante el primer foro temático “ANDI Más País”, donde el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó sus dudas respecto a la reforma y la falta de claridad sobre los roles que desempeñarían las entidades territoriales en el nuevo modelo.

Además, las asociaciones de pacientes de Nueva EPS, Famisanar y Compensar manifestaron su preocupación por la falta de respuestas claras por parte del Gobierno y del Congreso de la República en cuanto a cómo se solventarían sus legítimas preocupaciones en todo el país.

El director jurídico de Asocapitales, Everaldo Lamprea Montealegre, advirtió sobre el riesgo de una “tormenta perfecta” para las entidades territoriales, especialmente para los alcaldes, quienes podrían enfrentar demandas judiciales si el sistema fallaba. Mientras tanto, Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, criticó la estrategia gubernamental que implicaba trasladar las dificultades a los alcaldes sin proveer los recursos necesarios para resolverlas.

En contraste, Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico y ponente de la reforma, argumentó que los alcaldes y gobernadores deben ser responsables de las políticas de salud y su gobernanza, aunque aclaró que no manejarían directamente los recursos debido a la centralización prevista en la reforma.

Sin embargo, con la reforma hundida, los alcaldes tienen la oportunidad de gestionar los recursos de manera más autónoma y eficiente, adaptándose mejor a las realidades locales y trabajando en estrecha colaboración con sus comunidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios de salud.