Hay nombres que permanecerán en nuestra conciencia colectiva. Como el de Yuliana Samboní, la niña indígena de siete años, que en 2015 fue abusada y asesinada. Una de las pocas que a un alto costo consiguió una sentencia pronta, luego de que la sociedad se uniera para pedir justicia contra su agresor.

Una movilización similar no ha vuelto a suceder. Ni con las niñas explotadas sexualmente en Cartagena y Cali, o los niños en mendicidad, muriendo de sed en La Guajira; ni los que se están suicidando por malentender el uso de tecnología, o los bebés golpeados y muertos por sus cuidadores en Medellín.

Son niños de los que desconocemos sus nombres, casos que parecen aislados, pero hace poco la Procuraduría General de la Nación reveló cifras que denotan patrones de violencia en los hogares colombianos, donde fueron asesinados 607 niños, niñas y adolescentes en 2023.

Otros 69 660, de los cuales 18 523 fueron afectados de omisión o negligencia, 18 420 de violencia sexual, 4 299 por permanencia en calle, 3 478 por abandono, 2 020 por violencia física y 1 173 por violencia psicológica, ingresaron al programa de restitución de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras que en enero y febrero de este año ya ingresaron otros 7 433.

No a la indiferencia

Las niñas han sido especialmente vulneradas, con un abanico de condiciones que facilitan la agresión física y sexual, como residir en regiones afectadas por el conflicto armado o en zonas turísticas y de frontera; moverse con los flujos migratorios en Putumayo y Darién; o vivir en un entorno de pobreza donde son moneda de cambio para “mejorar” las condiciones económicas de su núcleo familiar, con aquiescencia de padres y cuidadores.

Solo de los casos que son denunciados, en 2023 Medicina Legal realizó 2 372 exámenes por presunto delito sexual a niñas, mientras que a niños se realizaron 351. Igual en 2022, cuando se realizó este examen a 2 475 niñas y a 375 niños. Esto, mientras la tasa de impunidad de delitos sexuales en el país es del 97 %.

Este año el Observatorio Colombiano de Feminicidios reporta 271 feminicidios y 193 intentos, reflejando “un incremento de violencias contra niñas y mujeres de todas las edades y condiciones”, cuando solo el 32 % de las denuncias interpuestas por esta razón en la Fiscalía han terminado en una sentencia condenatoria.

Recientemente la Asociación Colombiana de Salud Pública ha invitado al Gobierno nacional a trabajar para dar respuesta efectiva y pronta, integrando a profesionales de la salud, del sector educativo, líderes sociales y empresariales, sistema judicial y medios masivos.

En este llamado “a no ser indiferentes y actuar para prevenir la revictimización”, propone que se brinden orientaciones claras para prevenir la violencia, además de activar mecanismos de alerta temprana, dar atención psicológica y psiquiátrica adecuada, potenciar las Escuelas de Padres en escuelas públicas y privadas, y fomentar desde casa una crianza basada en el respeto y el amor.

Lamentablemente esta es una problemática pública que trasciende fronteras, con el ilimitado acceso a la tecnología y la información como caldo de cultivo para redes de explotación de menores, pero que tiene su base en lo privado.

La Organización Mundial de la Salud sostiene que en el mundo tres de cada cuatro niños sufren regularmente violencia física o psicológica de sus padres y cuidadores, y cada año aumentan los homicidios de menores de 18 años, presuntamente atribuidos a su núcleo familiar. Así las cosas, si la agresión y la violencia es la propuesta de futuro para nuestros niños, más que nunca es un tema que nos compete a todos.

Para ampliar los impactos que está teniendo la agresión a nuestros niños y niñas, consultamos a Angélica Cuenca, directora ejecutiva de Alianza por la Niñez, que integra 32 fundaciones y ONG que trabajan por la niñez en Colombia.

EL PULSO (EP): Los casos denunciados ya revelan un problema de salud pública, ¿qué pasa con el subregistro a raíz de los flujos migratorios, la violencia y la explotación sexual en zonas turísticas?

Angélica Cuenca (AC): Siempre ha habido un subregistro, no se denuncian en la mayoría de hogares porque no se quiere atentar contra la integridad de ese papá o mamá violentadores.

En los flujos migratorios hay un subregistro muy importante, porque al ir cambiando de ciudad es difícil hacer seguimiento a una denuncia, y muchas familias vienen sin identificación para acudir a las autoridades. En la explotación sexual es más complejo denunciar porque es muy difícil diferenciar un adolescente entre 16 y 18 años, que son las mayores víctimas, de uno de 20 años y actualmente con el alquiler de apartamentos y espacios vacacionales, no se puede lograr un registro real, ya que las administraciones no tienen capacitación ni personal para hacerlo.

EP: ¿Cuáles son las causas que están generando la agresión? ¿Falta sanción, educación, aprender a gestionar emociones?

AC: Más que sanción falta acompañamiento y formación a los padres. Hay situaciones propias en el desarrollo de los niños que las familias no tienen la capacidad de manejar y por eso acuden a la violencia. Y en nuestra cultura tenemos el pensamiento que los niños son menores qué, menos qué y son propiedad de los adultos.

Al respecto, trabajamos en un proyecto de prohibición de matrimonio infantil en edades tempranas, para que en familias en condiciones de pobreza donde aparece un adulto que ofrece darles todo si entregan en matrimonio a su hija, eviten estas acciones de poder. No significa que familias pobres sean las únicas que vulneran. Hay vulneración en todos los estratos, pero se denuncia menos.

EP: Si bien el Estado trabaja en la restitución de derechos, ¿qué medidas se deben tomar para eliminar el trabajo infantil en calle?

AC: Una medida es crear espacios protectores para los niños. Un ejemplo son los recicladores que dejan a sus niños en casa o al cuidado de un ajeno, porque toda la familia sale en la noche a hacer la ruta de reciclaje. Si el Estado brinda espacios donde los niños estén cuidados, en condiciones de higiene y sueño, asegura a la familia un entorno seguro mientras trabajan.

También es necesario que las prácticas culturales de algunos grupos étnicos no estén por encima de la garantía de derechos de los niños. Las familias que los utilizan para mendicidad en calle deben estar acompañados del Estado para que entiendan que los están vulnerando y deben estar en espacios distintos para su seguridad y desarrollo.

EP: ¿Qué hacer en los casos de explotación sexual?

AC: Los niños están siendo contactados por medios digitales y a través de los juegos en línea con chat. Por eso es muy importante regular desde casa el acceso a la tecnología, y mejorar las capacidades de las familias para ser cuidadores y protectores, porque así tendrán más posibilidad de saber dónde y cómo están sus hijos, en una cultura donde están creciendo muy solos.

Además, hay que fortalecer el abordaje y acceso a la justicia, porque la tasa de impunidad de delitos sexuales es del 97 % y las familias temen denunciar porque piensan que será un proceso largo, en el que revictimizarán a su hijo.

EP: ¿Cuáles son las consecuencias de la agresión continuada y sus efectos a mediano y largo plazo?

AC: Los suicidios han aumentado por situaciones de salud mental, ansiedad y depresión, generados por las agresiones, mientras el otro extremo son las familias sobreprotectoras que no brindan condiciones a sus niños para entender que frustrarse y sentirse triste está bien.

Adicionalmente, el mayor acceso y exposición a pantallas y redes sociales, donde los niños ven materializada la agresión, generan efectos negativos en su desarrollo y comportamiento.

EP: ¿Cuál es el impacto social y educativo que se puede observar en niños víctimas de agresión?

AC: Bajo rendimiento escolar, dificultad para concentrarse, trastorno bipolar, con muchas dificultades para interactuar con compañeros y resolver asuntos propios de su edad. Pueden ser fácilmente agresores o víctimas de agresión.

EP: ¿El menor maltratado será el joven transgresor, se convertirá en el futuro padre maltratador?

AC: La transmisión intergeneracional de la violencia es muy importante al analizar temas de violencia continuada, un papá agresor tiene mayor probabilidad de tener un hijo agresor y que este tenga mayor probabilidad de agredir a sus hijos, pero no es determinante al 100 %, porque hay papás que logran resignificar las historias de violencia vividas en su infancia y comprometerse con ser cada vez más asertivos en la forma en que educan.

EP: ¿Desde la Alianza para la niñez cómo se viene aportando al trabajo para reducir el maltrato a los menores de edad?

AC: Impulsamos la Ley de Prohibición de Castigo Físico y Humillante, una de nuestras grandes apuestas, porque la primera forma de acercamiento de los niños a la violencia es el grito, la palmada, el golpe.

Trabajamos en la creación de Unidades de Justicia y Niñez, iniciativa de la ONG Aldeas Infantiles, para reducir las cifras de maltrato y atender a los niños víctimas. Ha sido significativo en términos legislativos, de movilización social y control político para lograr que el Estado cumpla.

Finalmente, hemos generado distintas herramientas para la prevención de todo tipo de violencia, que se pueden encontrar en alianzaporlaniñez.org.co, y nos hemos comprometido a visibilizar la participación de niños y niñas en este proceso.