MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 311 AGOSTO DEL AÑO 2024 ISNN 0124-4388
MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 311 AGOSTO DEL AÑO 2024 ISNN 0124-4388
El Ministerio de Salud, debido a la actual situación epidémica tanto en Colombia como a nivel mundial, ha hecho un llamado a las autoridades de salud para intensificar los esfuerzos contra el dengue, debido a los fenómenos de El Niño y La Niña. Dichos fenómenos contribuyen a la proliferación del mosquito transmisor, lo que puede incrementar los casos. Los departamentos más afectados han sido Valle del Cauca, Santander, Tolima, Huila, Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Norte de Santander, Risaralda y el distrito de Cali.
Entre las recomendaciones están evitar almacenar o cambiar el agua de manera frecuente, lavar los bebederos de las mascotas y estar atento a síntomas como fiebre, malestar general y dolor en los huesos. Si se presentan estos síntomas, se debe acudir al médico.
Las superintendencias de Salud e Industria y Comercio suscribieron un convenio con el fin de establecer condiciones para definir de manera coordinada el desempeño de las funciones que ejerce cada una como integrantes del Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia en salud. Una de las funciones principales será compartir la información de las bases de datos y estudios realizados al interior de cada superintendencia y realizar acciones en el marco de la estrategia de la Red de Controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Este convenio tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y permitirá establecer un criterio para realizar visitas, seguimiento en campo y auditorías conjuntas a los vigilados que supervisan ambas entidades.
‘Medellín Te Quiere Saludable’ certificó a 257 personas, entre ellas líderes sociales y profesionales de la salud, con el fin de fortalecer una red de apoyo comunitaria. El programa se enfoca en respaldar a familias en edad reproductiva, así como a madres gestantes y lactantes.
Algunos de los temas más importantes en las capacitaciones fueron el cuidado prenatal, la prevención del bajo peso al nacer, la salud mental durante el embarazo y el posparto, así como la prevención de infecciones de transmisión sexual.
Las comunas que tendrán un impacto significativo son Castilla, La Candelaria, Laureles, La América y San Cristóbal. La iniciativa se lleva a cabo con recursos del Presupuesto Participativo y es un ejemplo de la importancia que tiene para el Distrito la salud de sus ciudadanos.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con representantes de 16 ministerios de salud de América Latina, ha convocado una evaluación de los avances en el fortalecimiento de los sistemas de salud para la atención de la violencia contra las mujeres.
La estrategia subraya la importancia fundamental de los sistemas de salud en la atención de la violencia de género, con el objetivo de aumentar la capacitación del personal de salud y mejorar la recolección de datos sobre violencia contra las mujeres.
Rhonda Sealey-Thomas, subdirectora de la OPS, destacó que esta colaboración con la AECID ha permitido la creación de estrategias innovadoras para mejorar la respuesta del sistema sanitario en la región.
El Ministerio de Salud y Protección Social ha manifestado su preocupación ante los bloqueos que están afectando la movilidad del personal médico, ambulancias y vehículos que transportan insumos esenciales debido al paro de transportadores.
La entidad ha subrayado la crucial importancia de garantizar el desplazamiento de los profesionales de la salud, quienes desempeñan un papel esencial en la atención médica y humanitaria, especialmente en áreas de difícil acceso.
"Estos bloqueos no solo comprometen la seguridad del personal sanitario, sino que también ponen en riesgo la vida de los pacientes que dependen de atención urgente y traslados a centros de mayor complejidad", señaló el Ministerio.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) ha informado que el sector salud en Colombia enfrenta una de sus peores crisis financieras, con un déficit previsto de 5.9 billones de pesos al finalizar 2024.
Este déficit se atribuye principalmente a la insuficiencia de recursos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los presupuestos máximos y el SOAT, lo cual impacta la sostenibilidad del sistema de salud.
Mario Cruz, vicepresidente técnico de ACEMI, ha explicado que la siniestralidad del sistema está alcanzando niveles críticos, donde por cada 100 recibidos en la UPC se gastan 111,5 pesos. Además, ha destacado que la insuficiencia de ajustes en la UPC agrava la situación.
La Superintendencia de Salud ha señalado la existencia de presuntas deficiencias en la dispensación oportuna de medicamentos, afectando a pacientes en Caldas y Risaralda. En respuesta, Audifarma ha emitido un comunicado tras la apertura de una investigación con fines sancionatorios por parte de la Supersalud.
En el comunicado, Audifarma aclaró que ha respondido a la Supersalud “en los plazos establecidos” para resolver las inquietudes planteadas y “sensibilizar sobre todas las actividades realizadas por la organización para brindar cobertura a todos nuestros usuarios”. La empresa enfatizó que el sistema de salud “enfrenta uno de los momentos más desafiantes de su historia, marcado por una escasez generalizada de recursos”, pero aseguró que siguen trabajando “para garantizar la dispensación de medicamentos”.
Audifarma también manifestó su “total respeto” a las medidas de inspección, vigilancia y control, y expresó su “total apertura y compromiso en disponer de la información que corresponda para dar el trámite respectivo a las solicitudes que sean trasladadas a nuestra compañía”.
La Supersalud, que ordenó el proceso administrativo tras una auditoría integral realizada a finales de mayo en las sedes de Audifarma en Manizales, Pereira, Marquetalia, Viterbo y Manzanares, destacó que los “tiempos establecidos para dispensación excepcional están completamente desbordados”. La auditoría también reveló fallas significativas en los procesos de adquisición, descarga, control y seguimiento de inventarios.
En su comunicado, Audifarma subrayó: “Continuaremos trabajando para acompañar a las personas en el camino hacia su bienestar, con la misma dedicación que nos ha caracterizado, siempre al servicio de la salud de los colombianos”.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) reportó que, en agosto de 2024, 15 medicamentos esenciales están desabastecidos en Colombia. Este problema se atribuye principalmente a dificultades en la producción, como escasez de insumos, falta de proveedores suficientes, problemas logísticos y un aumento inesperado en la demanda.
Entre los medicamentos vitales que no están disponibles se encuentran Somatropina, Nevirapina, Fenitoína, y Clobazam, entre otros. Además, hay otros fármacos esenciales que también enfrentan desabastecimiento, como Semaglutida, Salbutamol, y Pipotiazina.
El Invima también ha identificado varios medicamentos en riesgo de desabastecimiento, incluyendo Somatropina en polvo liofilizado, Propofol, Insulina Regular, Hidroxiurea, y Tobramicina. La entidad ha solicitado a los titulares de registros e importadores que reporten de inmediato la disponibilidad de estos productos para evitar mayores problemas.
En cuanto a los radiofármacos, el Invima aseguró que ninguno se encuentra desabastecido o en riesgo de estarlo en agosto de 2024. Sin embargo, algunos, como Tecnecio 99 y Ioduro Sódico, están bajo un monitoreo constante debido a la disponibilidad limitada de estos productos.
Finalmente, el Invima indicó que hay 50 registros sanitarios de radiofármacos vigentes y que se están evaluando ocho solicitudes de nuevos registros que fueron radicadas en el primer semestre de este año.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), que representa a las EPS privadas del país, ha alertado sobre la profunda crisis financiera que enfrenta el sistema de salud en Colombia. Según el gremio, faltan al menos 3.6 billones de pesos para asegurar el financiamiento adecuado del sistema en 2025. Este déficit se suma a un faltante proyectado de 5.9 billones de pesos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), Presupuestos Máximos (PM) y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) al cierre de 2024.
El panorama es preocupante, ya que siete de cada diez colombianos están afiliados a EPS que se encuentran bajo intervención estatal, lo que refleja la magnitud del problema. ACEMI advierte que el sistema está enfrentando el peor momento financiero de su historia, con una siniestralidad alarmante. Según Mario Cruz, vicepresidente técnico de ACEMI, por cada 100 pesos de UPS que se gastan, el sistema desembolsa 111 5 pesos, lo que agrava aún más la situación.
Las causas de esta crisis son múltiples y complejas. ACEMI señala que la insuficiencia de recursos, la alta inflación, los ajustes salariales y una creciente carga de enfermedades son factores que han deteriorado el sistema. Además, la incertidumbre generada por las futuras reformas al sector salud ha exacerbado el problema, dejando a las EPS en una situación precaria.
El ministro de Salud ha reconocido la gravedad de la crisis y ha anunciado su intención de presentar una reforma de urgencia para intentar mitigar los efectos financieros. No obstante, el gremio de las EPS insiste en que, a pesar de las dificultades, estas entidades deben seguir garantizando el servicio a sus afiliados. Sin embargo, la viabilidad de esta medida está en duda debido a la magnitud del déficit proyectado.
La situación es tan crítica que ACEMI estima que este año sumará las pérdidas de los tres años anteriores, lo que representa un hueco financiero en el sistema de salud que podría alcanzar el 1,5 % del PIB, es decir, unos 23 billones de pesos. Ante este panorama, el sector salud en Colombia enfrenta un futuro incierto, con desafíos que requerirán medidas urgentes y estructurales para evitar un colapso en la atención de millones de pacientes.
La crisis financiera en el sector salud de Colombia sigue agravándose, y esta vez el foco está en la falta de recursos para cubrir los presupuestos máximos del resto de 2024. Según denuncias recientes, el Ministerio de Hacienda ha reconocido que los pagos de estos presupuestos, que son cruciales para la atención de servicios y tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), están en riesgo. Estos incluyen medicamentos para enfermedades huérfanas y otros tratamientos esenciales, cuya financiación es incierta debido a su alta variabilidad en costos.
El representante a la Cámara, Andrés Forero, fue quien reveló esta preocupante situación tras recibir una respuesta del Ministerio de Hacienda a un derecho de petición que había enviado. En la respuesta, la cartera de Hacienda admitió que la disponibilidad de recursos para pagar los presupuestos máximos de lo que resta del año dependerá del comportamiento del recaudo de ingresos de la Nación, lo que ha generado gran incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con estas obligaciones.
El problema no es nuevo. Hace apenas tres semanas, Forero también denunció que el Ministerio de Hacienda no había pagado las deudas de presupuestos máximos correspondientes a 2022, a pesar de una orden de la Corte Constitucional. La falta de pago de estas deudas, sumada a la actual incapacidad para financiar los compromisos de 2024, pone en evidencia una crisis de caja en el Gobierno que podría tener graves consecuencias para el sistema de salud y los pacientes que dependen de estos servicios complementarios.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, ha sugerido que, en el mejor de los casos, los presupuestos máximos podrían ser programados para pagarse en diciembre, siempre y cuando los ingresos de la Nación lo permitan. Sin embargo, esta falta de certeza genera preocupación entre los actores del sector salud, quienes ven en este retraso un riesgo inminente para la continuidad de servicios críticos.
La situación se agrava aún más con las declaraciones de Forero, quien ha calificado de "criminal" la gestión del Gobierno en este asunto. Según el congresista, la falta de recursos para el sector salud es una muestra de la mala administración y priorización del Gobierno, lo que podría desencadenar un "apagón" en el sistema de salud en los próximos meses, afectando a millones de colombianos que dependen de estos servicios.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha cuestionado las solicitudes de retiro voluntario del sistema de salud presentadas por las EPS Compensar y Sura, afirmando que ninguna de estas entidades puede retirarse sin la autorización de la Superintendencia Nacional de Salud. Jaramillo subrayó que las solicitudes, que generaron controversia cuando fueron presentadas, aún están siendo evaluadas por la Superintendencia, y hasta ahora no se ha tomado una decisión definitiva
Jaramillo criticó duramente a las EPS, señalando que no es aceptable que pretendan retirarse solo porque no están obteniendo los beneficios económicos esperados. El ministro enfatizó que estas entidades deben cumplir con su obligación de garantizar la atención médica a todos los colombianos, especialmente a aquellos con enfermedades raras o crónicas. Añadió que, si no cumplen con esta responsabilidad, la Superintendencia Nacional de Salud intervendrá para asegurar que los servicios sean prestados de manera adecuada.
El ministro también destacó que, hasta agosto, todas las EPS han recibido los pagos correspondientes, tanto del régimen subsidiado como del contributivo. Jaramillo fue enfático en señalar que los recursos destinados a la atención en salud se manejan de manera unificada, y ninguna EPS puede justificar la falta de atención a los pacientes bajo ninguna circunstancia.
En su advertencia a las EPS, Jaramillo no descartó futuras intervenciones administrativas obligatorias si las entidades no cumplen con sus obligaciones. El ministro dejó claro que se han realizado pagos adelantados a las EPS y que no tienen excusas para no brindar los servicios que les corresponden. En caso de incumplimiento, la Superintendencia intervendrá para asegurar que se cumpla con la atención de los pacientes.
Conmoción en la opinión pública en Colombia luego de que el pasado 19 de julio se diera a conocer el suicidio de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, residente de primer año de cirugía general y estudiante de la Universidad Javeriana de Bogotá. Según manifestaron personas cercanas, el presunto acoso laboral que sufría la médica fue la causa de su fatídica decisión.
El hecho generó una ola de denuncias a nivel nacional por parte de médicos y exestudiantes de especializaciones, quienes manifestaron que hay una afectación sistemática tanto física como psicológica y un maltrato evidente por parte de docentes y administrativos. Horarios extensos de hasta 100 horas semanales, acoso laboral, acoso sexual y discriminación son algunas de las problemáticas que aquejan al personal médico.
Instituciones científicas y médicas, al igual que entidades públicas como el Instituto Nacional de Salud (INS), la Secretaría Distrital y la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR), también manifestaron su total rechazo por los abusos a los que se ven sometidos los médicos en su proceso de formación.
“En algunas instituciones no se ha considerado a los médicos residentes como personal en formación, sino en muchas ocasiones como mano de obra barata, que, por supuesto, es calificada, pero que, al ser vista de esta manera, no garantizan los derechos que como estudiantes deberíamos tener”, afirmó el doctor Leonel Vega, expresidente de la ANIR.
Según un estudio conjunto entre las universidades de La Sabana, Pontificia Javeriana, El Bosque y la de Antioquia, titulado Acoso laboral y sexual en residentes de cirugía general en Colombia, en el que se incluyeron un total de 302 residentes, las tasas de acoso laboral y sexual fueron del 49 % y 14,9 %, respectivamente. Las principales formas de acoso sexual correspondieron al acoso de género (47 %) y la atención sexual no deseada (47 %); las mujeres fueron las más afectadas y los cirujanos fueron los principales perpetradores.
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas condenó las circunstancias causantes del hecho; por esta razón, hizo un llamado al Gobierno nacional, especialmente al Ministerio de Salud y Protección Social, para que se tomen medidas preventivas y, a su vez, se estructure la efectividad de la Política de Talento Humano en Salud. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, convocó a la Asociación de Médicos Internos y Residentes y a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina para analizar lo sucedido con el objetivo de velar por el sano desempeño del personal de salud en el país. Actualmente, la Superintendencia de Salud trabaja en una línea de comunicación para denunciar cualquier tipo de maltrato laboral que exista para todos los trabajadores del sector.
La temporada de lluvias en Colombia ha provocado un notable incremento en los casos de enfermedades respiratorias agudas (ERA). Bogotá registró una ocupación del 86 % en las camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI); de las 1 139 que hay disponibles, 980 están actualmente en uso, según informó la Secretaría de Salud de la capital. El importante pico respiratorio combina virus altamente contagiosos como rinovirus, virus sincitial respiratorio, adenovirus, influenza A y COVID-19; los principales afectados son los niños y las personas mayores.
Según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el 15 de junio del año en curso, se notificaron 175 691 atenciones por consulta externa y urgencias por infecciones respiratorias agudas (IRA) en todo el país. Departamentos como Atlántico, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Norte de Santander, Magdalena, Santander, Vaupés y Vichada son los que registran un incremento considerable de estas afecciones.
“Los pacientes mayores que tienen comorbilidades o con esquemas incompletos de vacunación en los últimos dos años favorecen el riesgo de formas más severas de las enfermedades”, según indicó Jorge Cortés, infectólogo del Hospital Universitario Nacional.
Se estima un segundo pico respiratorio entre septiembre y octubre.
Con el fin de mitigar este impacto, las autoridades de salud emitieron varias recomendaciones para prevenir y tratar estas enfermedades. Se implementaron puntos de vacunación tanto públicos como privados; de esta manera, se espera asegurar que todos los ciudadanos tengan un fácil acceso a las vacunas necesarias. Es vital no fumar ni exponerse al humo del cigarrillo, no automedicarse y estar atento a los síntomas graves que requieran atención médica inmediata.
El pasado viernes 5 de julio de 2024 y por primera vez en una entidad del Estado, se realizó un acto de disculpas públicas por parte de un ciudadano tras apropiarse de recursos públicos de la salud. Los hechos se registraron entre el 5 de diciembre de 2015 y el 22 de febrero de 2017, cuando actuaba como representante legal de la IPS Mundo Salud S. A. y presentó ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) más de 70 reclamaciones por accidentes de tránsito que involucraban vehículos sin SOAT en el Atlántico.
Considerando los beneficios a los que podía acceder, el hombre obtuvo más de 231 millones de pesos, incurriendo en delitos como fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa. Por lo tanto, se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía considerando la devolución total de los recursos, esto bajo el programa de justicia restaurativa que busca la verdad, justicia, reparación y no repetición.
Félix León Martínez, director general de la ADRES, considera que la situación es de una gravedad enorme, pues se han encontrado clínicas que se inventan accidentes de tránsito ficticios que involucran “carros fantasmas” sin SOAT o que supuestamente se dieron a la fuga, o clínicas fantasmas que están facturando alrededor de 10 mil millones de pesos mensuales hasta confirmar su existencia.
Cabe señalar que en mayo de 2023 se presentaron 44 823 reclamaciones ante la ADRES, las cuales totalizaron $101 540,2 millones. Estas reclamaciones fueron realizadas tanto por entidades jurídicas (IPS) como por personas naturales, y correspondieron a servicios de salud, indemnizaciones y gastos relacionados con accidentes de tránsito causados por vehículos sin identificar o sin póliza de SOAT, eventos catastróficos naturales y actos terroristas.
A raíz de estas irregularidades, a partir del segundo semestre del año, para la radicación de reclamaciones por accidentes de tránsito, la ADRES exigirá la notificación de la autoridad judicial por lesiones. Esta es una medida que busca prevenir nuevas irregularidades en el cobro de cuentas y desfalcos en el sector salud.
Tras una deuda de aproximadamente $98 054 millones de pesos por parte de las EPS, entre estas Sura y Nueva EPS, el Hospital Universitario de Caldas anunció que toma la decisión de disminuir los servicios electivos, especialmente los quirúrgicos y ambulatorios de ayudas diagnósticas, así como algunas consultas. El déficit financiero actual afecta el pago al personal de salud y la correcta prestación de los servicios a los usuarios.
Actualmente, el hospital el SES tiene 1.237 empleados, de los cuales 823 desempeñan funciones asistenciales y 345 trabajan en áreas administrativas. Es una institución mixta (pública/privada), sin fines de lucro, con un régimen de contratación privado y acreditada en el sector salud.
La reducción en la atención de las operaciones mencionadas anteriormente se llevará a cabo de manera gradual, comenzando con un 20 % menos. En este contexto, "si antes se realizaban 1 000 cirugías, ahora se harán 800, lo mismo ocurrirá con los servicios ambulatorios y las consultas especializadas", así lo afirmó el gerente de la institución, Juan Felipe Valencia.
Pese a la situación, el hospital conserva una buena relación con las EPS, las cuales, según Valencia, están realizando un esfuerzo para mejorar el flujo de caja. Instancias nacionales como la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y los interventores de las EPS están al tanto de la coyuntura que atraviesa la institución, consiguiendo así saldar algunos pagos.
El presidente Gustavo Petro, en el inicio de la nueva legislatura, reafirmó su compromiso con las reformas sociales, incluyendo la reforma a la salud. A pesar de que este proyecto fue rechazado en la Comisión Séptima a comienzos de abril, el Gobierno Nacional está decidido a reactivar la reforma. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que tanto la reforma a la salud como la laboral deben ser aprobadas antes de finalizar el año.
Uno de los aspectos fundamentales de la reforma es el fortalecimiento del modelo preventivo de salud. Esto incluiría la reasignación de recursos del Sistema General de Participaciones y la cooperación de las EPS. Además, se busca establecer un sistema tarifario y desarrollar Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). La ampliación de servicios por parte de las EPS en los municipios más pobres y la reducción de la remuneración per cápita de estas entidades también son prioridades.
La gestión del riesgo es otro pilar de la reforma. El Gobierno pretende coordinar estrategias entre los actores del sistema de salud para identificar y mitigar riesgos en salud pública. Esto se traduciría en una menor vulnerabilidad ante emergencias sanitarias y en el fortalecimiento de las entidades estatales en términos de gobernanza y capacidad para implementar políticas públicas. Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, subrayó la importancia de recuperar las capacidades de las entidades territoriales y fortalecer las funciones esenciales de la salud pública.
El Ministerio de Salud ha identificado 112 subregiones funcionales dentro de 10 regiones, sobre las cuales se formularán planes de política pública. Esta territorialización busca mejorar la atención a nivel local, garantizar la financiación sostenible y coordinar las diversas entidades del sistema. Además, se ha discutido que la ADRES podría gestionar los giros directos a todas las IPS que conforman las redes de servicios de las EPS.
Desde el Congreso, hay voces críticas que señalan los desafíos de implementar estas reformas. Víctor Manuel Salcedo, representante por el Partido de la U, expresó sus preocupaciones sobre la capacidad de la ADRES para asumir nuevas responsabilidades y la necesidad de fortalecer la atención primaria sin descuidar las necesidades inmediatas de la población. La discusión sobre la reforma a la salud continúa siendo un tema central en la agenda legislativa del país.
Fotografías: Karen González Abril, OPS/OMS
Una delegación conformada por miembros de equipos técnicos del Congreso de los Estados Unidos, representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y funcionarios de alto nivel de la UN Foundation, visitó Colombia del 16 al 22 de junio. El objetivo de la misión fue conocer los impactos de la cooperación internacional en salud y fortalecer los lazos bilaterales y multilaterales. La delegación fue recibida por la representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Colombia, doctora Gina Tambini Gómez.
Durante su visita, la delegación estuvo en Bogotá y Quibdó (Chocó), donde sostuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), delegados del Equipo País de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias del Cluster Salud. En Chocó, visitaron hospitales y comunidades rurales para evaluar cómo la cooperación de Estados Unidos, a través de la OPS/OMS y UNICEF, ha contribuido al aumento de la cobertura de vacunación infantil, la disminución de muertes por malaria, la mejora en la salud materno-infantil y el fortalecimiento de la vigilancia y respuesta a brotes de enfermedades infecciosas.
En Bogotá, la delegación se reunió con el ministro de Salud y Protección Social, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, para conocer la propuesta del gobierno colombiano de consolidar un sistema de salud universal y equitativo. La reforma propuesta busca mejorar la salud de la población, reducir las disparidades en el acceso a servicios, aumentar la eficiencia y sostenibilidad del sistema, y elevar la satisfacción de los usuarios. Además, visitaron el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud (INS), donde conocieron la estrategia de vigilancia epidemiológica y los resultados del proyecto en Guapi (Cauca) para el control de vectores, especialmente mosquitos causantes de la malaria.
En Quibdó, la delegación observó el trabajo conjunto de la OPS/OMS, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, el Ministerio de Salud y la Secretaría Departamental del Chocó, para mejorar la calidad de la atención y fortalecer el sistema de salud. La visita incluyó un recorrido por el Hospital Ismael Roldán, donde UNICEF apoya el programa de vacunación, y el centro de salud de Lloró, municipio con la mayor carga de malaria en Colombia. También visitaron la comunidad de Bahía Solano para evaluar los desafíos de la ruralidad y la infraestructura deficiente que obstaculizan el acceso oportuno a la atención neonatal y obstétrica.
Al finalizar la visita, Sean Smith, asistente legislativo para la congresista María Salazar de Florida, y Brandon Ramsay, director de la Subcomisión de Salud Global del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, expresaron su satisfacción con los resultados alcanzados en Colombia. Ambos destacaron la importancia de la cooperación continua y la necesidad de financiar e invertir en las comunidades menos afortunadas para no dejarlas atrás. Smith subrayó que estos esfuerzos son cruciales para mantener la salud de los individuos en Colombia, mientras que Ramsay enfatizó que el trabajo de la cooperación internacional marca la diferencia entre una vida salvada y una vida perdida.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 "Colombia potencia mundial de la vida", el Ministerio de Salud y Protección Social ha propuesto un cambio significativo en el diseño y funcionamiento del sistema de salud. Este cambio incluye un modelo de territorialización que busca asegurar el acceso universal a servicios de salud de calidad, equitativos y eficientes. Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, destacó la necesidad de recuperar las capacidades de las entidades territoriales para avanzar hacia un modelo de atención eficaz y sostenible, enfocado en cerrar brechas y disminuir inequidades en salud.
El nuevo modelo plantea ordenar el país basándose en cómo las personas interactúan y se desplazan en los territorios. Este "flujo natural" de la población orientará la distribución y desarrollo de los servicios de salud, desde los más básicos hasta los más complejos. La disposición de estos servicios se adaptará a las necesidades de las personas y a un uso racional de los recursos, asegurando que la oferta de servicios esté alineada con las demandas de la población.
Actualmente, el ministerio ha identificado 112 subregiones funcionales dentro de 10 regiones funcionales. Estas subregiones servirán como base para formular políticas públicas que ordenen la prestación de servicios de salud individuales y colectivos. La organización de estos servicios reflejará cómo los ciudadanos se movilizan y utilizan las capacidades territoriales para satisfacer sus necesidades de salud, integrando municipios y distritos en conjuntos funcionales que faciliten una mejor atención.
El modelo de territorialización también implica reestructurar el sistema de aseguramiento social del país. Las subregiones funcionales y las regiones definidas guiarán la provisión de servicios de salud según las reglas establecidas para cada segmento, adaptándose a las necesidades y expectativas de atención de la población. Esta reorganización pretende mejorar la planificación territorial centrada en las personas, con un sistema de información robusto que apoye la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
El director de la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), Felix León Martínez, explicó en una entrevista la actualidad del sistema de salud colombiano. En esta conversación, abordó cómo se han manejado los recursos desde la creación de la Ley 100, la integración vertical, el giro directo de recursos, y las irregularidades en el sistema de accidentes de tránsito.
Desde la creación de la Ley 100, el sistema de salud colombiano se diseñó como un sistema de seguridad social que cubre a todos los ciudadanos. Inicialmente, los recursos provenían principalmente de las cotizaciones de trabajadores y patronos, pero reformas tributarias en 2012 y 2017 modificaron esta estructura. Hoy en día, solo un tercio de los recursos provienen de los trabajadores, mientras que dos tercios son aportados por el Gobierno Nacional.
Uno de los problemas más significativos del sistema es la integración vertical. Las EPS, que actúan como aseguradoras y administradoras de los recursos, han tendido a crear y contratar sus propios servicios de salud en lugar de utilizar la red existente de hospitales y clínicas.
El Plan Nacional de Desarrollo introdujo el giro directo de recursos, donde el 80% de los fondos que se envían mensualmente a las EPS se destinan directamente a clínicas y hospitales. Este cambio ha proporcionado mayor estabilidad financiera a estas entidades, asegurando que reciban pagos regulares y eliminando la incertidumbre anterior. De los 7 billones de pesos que se giran mensualmente, la mayor parte ahora va directamente a las instituciones que proveen los servicios de salud.
Martínez mencionó que actualmente están investigando 53 clínicas que podrían ser inexistentes y cancelando pagos sospechosos por valor de 10 mil millones de pesos. Un caso reciente involucró a un ciudadano que pidió disculpas públicas y devolvió dinero obtenido fraudulentamente por reclamar accidentes de tránsito, ejemplificando la gravedad de la situación y las acciones legales necesarias.
Con la propuesta de reforma a la salud, las EPS se transformarían en Gestoras de Salud y Vida. Estas entidades seguirían administrando los servicios pero ya no manejarían los pagos, los cuales serían gestionados exclusivamente por la Adres. Las EPS cobrarían un 5% por administrar los servicios, mientras que la Adres asumiría el rol de pagadora única, buscando mejorar la eficiencia y transparencia del sistema de salud.
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