Derecho a la salud y a la humanización

Por: Yuly Atehortúa Mira

elpulso@sanvicentefundacion.com

¿Cómo experimentan el derecho a la salud los colombianos? Tradicionalmente, todo derecho ha sido ganado a través de luchas y movimientos, y Colombia no es la excepción. La salud, como derecho inherente al ser humano, ha sido ratificada por el Estado en tratados internacionales del Sistema Universal e Interamericano; incluida en nuestra Constitución y en la legislación interna, y ha necesitado ser refrendada con diversas sentencias de la Corte Constitucional.

Si bien el Estado, en relación con los derechos humanos, se obliga a adoptar medidas para respetarlos y garantizarlos, hay varios principios, como el acceso, la disponibilidad y la calidad, bajo los cuales se puede analizar si, efectivamente, en el país se garantiza la salud.

Pacientes Colombia es un movimiento social que reúne 198 organizaciones, ligas y asociaciones de usuarios del país. Y desde la óptica de Denis Silva Sedano, su coordinador, aun con el respaldo de Sentencias como la T 760/2008, que contempla el derecho a la salud universal e irrenunciable, y la Sentencia T 313/2014, que establece el derecho a la salud con calidad y dignidad, “hay dificultades en el acceso, la disponibilidad de servicios y la falta de talento humano en salud en todo el territorio”.

Esto, teniendo en cuenta que no es lo mismo vivir con una enfermedad en las ciudades capitales del país, donde está el 70 % del talento humano y la infraestructura, o en ciudades intermedias, donde está el 30 % de esa capacidad, que en la zona rural, donde no hay infraestructura ni capacidad instalada.

Según Denis Silva, estas barreras se han fortalecido con la corrupción del sistema de salud: “Con EPS que desvían recursos, órganos de control y vigilancia deficientes y politizados, y polarización política”. Asimismo, “con usuarios que se aprovechan, reclamando hasta 1 000 pañales en un mes o medicamentos que no consumen, y presentando tutelas con fines estéticos que no deberían pagarse con recursos del sistema”.

“IPS que están cerrando porque el flujo de recursos no les llega, pacientes rotando de IPS en IPS, porque las EPS los contratan por tres o cuatro meses, y represamiento en la prestación”, según Silva, son factores que impiden un servicio de calidad.

Los pacientes lo experimentan con atenciones a medias, porque no hay agenda ni prescripción para enfermedades crónicas, y persiste la escasez de medicamentos. El líder de Pacientes Colombia también refiere un aumento en el gasto de bolsillo para ciudadanos con cáncer y enfermedades huérfanas, que solo pueden obtener sus medicamentos por canal institucional, “y están acudiendo a la farmacia autoprescribiéndose”.

Si el cuidado de la salud busca dignificar y humanizar, “la tendencia del sistema es hacia la deshumanización”, afirma Silva, argumentando la sobrecarga laboral del personal sanitario, sin pago oportuno y sin recibir elementos mínimos de bioseguridad; mientras las salas de urgencias se desbordan porque los usuarios no saben diferenciar si deben ser atendidos por esta vía o por consulta externa.

Humanización del servicio

Cabe destacar el caso de los pacientes con cáncer, que, aun con protección especial por la Ley Estatutaria de Salud y la Ley Sandra Ceballos (1384 de 2010- modificada por la Ley 2360 del 14 de junio de 2024), siguen enfrentando barreras de acceso y aseguramiento, demoras en la atención, reprocesos en exámenes y dificultades por razones culturales y de conocimiento digital, afirma Leyla Rocío Galvis García, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Liga Colombiana contra el Cáncer.

Según la Cuenta de Alto Costo, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y, para inicios de 2023, en el país había 458 589 casos prevalentes con algún tipo de cáncer invasivo.

En esta enfermedad, donde la detección temprana y el tratamiento oportuno son indispensables para la garantía del derecho a la salud, “la Cuenta de Alto Costo muestra que la detección temprana ha aumentado, pero los servicios asistenciales no se prestan oportunamente”, observa Galvis García. En promedio, pasan más de 30 días entre diagnóstico e inicio del tratamiento, sin contar el tiempo que demoran los primeros resultados de los exámenes, que es vital para un paciente con cáncer.

Frente a la vulnerabilidad que implica una enfermedad como esta, hay que preguntarse qué tan humanizador es prestar un servicio en un contexto de fragmentación, donde “las entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) obligan a los pacientes a moverse en diferentes redes, sin garantizar una IPS primaria que se encargue de su evolución y seguimiento”, enfatiza Galvis García, y “solo se preocupan por costos y no por garantizar el acceso, la calidad y la continuidad”.

Análisis de la atención centrada en el paciente

Como sujetos de derecho, los colombianos vienen quejándose y movilizándose. En la Superintendencia de Salud, entre enero y mayo de 2023 se presentaron 800 000 PQRS. En el mismo período de 2024 ascendieron a 1 300 000. Según la Defensoría del Pueblo, a fines de 2023 se habían presentado 198 000 tutelas de salud, en su mayoría de pacientes con cáncer.

María Esperanza Echeverry López, docente e investigadora líder del grupo Derecho a la Salud y Luchas Sociales por la Salud en Colombia, de la Facultad Nacional de Salud Pública (FNSP), sostiene que “la tutela ha venido perdiendo eficacia en salud, porque se ha convertido más en un requisito de acceso a servicios, ya que las entidades entuteladas no cumplen las órdenes judiciales, y los incidentes de desacato no resuelven las necesidades o lo hacen tardíamente”.

En sus estudios ha encontrado que se recurre a la tutela en situaciones de urgencia vital, falta de recursos económicos o al agotar otros recursos como automedicación, consulta a la farmacia y al médico privado o derechos de petición.

Movilización social por la salud

En el reconocimiento del acceso a servicio de salud en el país ha sido decisivo el impulso de las luchas sociales por la salud (LSS), en términos de movimientos sociales y protestas.

Según Mauricio Archila, investigador de la acción colectiva en Colombia, a finales de los años ochenta, las protestas por salud y educación representaban el 5 % del total. Posteriormente, las LSS se han mantenido con “heterogeneidad de actores, motivos y estrategias, logrando vincular otras fuerzas sociales, incidiendo en espacios de poder y enriqueciendo la investigación sobre el derecho a la salud”, observa la investigadora María Esperanza Echeverry.

Además, “han contribuido a instalar en la mentalidad colectiva la noción de la salud como derecho fundamental y asunto de interés público, no solo del personal sanitario, dando lugar a diversos movimientos sociales”.

De las LSS y su incidencia en la política de salud se pueden destacar tres avances: primero, el reconocimiento de la Corte Constitucional, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales internacionales como interlocutores en la producción y seguimiento de la jurisprudencia, liderando debates y activismo. Segundo, que la Corte declarara inexequibles las medidas regresivas de la emergencia social en 2010, y en 2021, cuando el estallido social obligó a retirar el Proyecto de Ley 010. Por último, han logrado la participación de personas formadas en las LSS en gobiernos alternativos.

Derecho a la salud en la ruralidad

¿Y cómo percibe la garantía del derecho a la salud un colombiano que vive en la ruralidad?

El panorama es incierto. Desde antes de la Ley 100/93 hay una deuda histórica de inequidad en salud con el campo, y después, el modelo de salud privilegió a las grandes ciudades.

En la ruralidad, además de tener los peores indicadores de salud, más barreras de acceso, menos capacidad resolutiva de las instituciones de salud, las comunidades han soportado el conflicto armado, el cierre de puestos de salud, el reclutamiento y asesinato de personal sanitario, y la supresión de cargos de salud por la violencia o la falta de presupuesto, según el informe final de la Comisión de la Verdad 2022.

En ambos casos, argumenta Echeverry, “las poblaciones han quedado temporal o definitivamente sin servicios de salud. De ahí la pertinencia de un modelo de salud con equipos básicos que atiendan en terreno”.