El debate sobre el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 2025 no logró aprobación en las Comisiones Económicas. El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, propuso un presupuesto de 488 billones de pesos, con un recorte del 5 % en gastos de funcionamiento comparado con 2024, lo que equivale a 14 billones de pesos. Uribe argumentó que el presidente aumentó en 100 billones los costos de funcionamiento, mientras que la inversión ha disminuido. “Lo que genera política social e incentivos a la economía es el presupuesto de inversión”, afirmó.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, atribuyó el déficit fiscal al gobierno anterior, mencionando un “hueco” de 37 billones de pesos en 2022. Bonilla aclaró que los recursos para la Registraduría Nacional son transitorios y se entregan a solicitud del registrador.

El proyecto de presupuesto también incluye una propuesta de 518 billones de pesos presentada por la representante Olga Lucía Velásquez, la cual redistribuye recursos a entidades clave. Aunque su propuesta no fue debatida, el ministro Bonilla destacó la reducción de tasas de interés como una señal positiva para la economía.

¿Qué dicen las EPS?

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), que representa a las principales EPS del país, presentó un balance sobre la situación financiera del sistema de salud y el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para 2025. Según ACEMI, para finales de 2024 se estima que el déficit del sector alcanzará los $5.9 billones, una cifra que refleja la falta de recursos necesarios para financiar componentes clave como la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los Presupuestos Máximos y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

La situación empeora para 2025, cuando ACEMI proyecta un déficit adicional de entre $2 y $3.6 billones, dependiendo de los ajustes que se hagan en la UPC y los Presupuestos Máximos. Este panorama amenaza la sostenibilidad del sistema y la atención de millones de colombianos.

Este déficit se debe a varios factores que han presionado el sistema de salud. El envejecimiento de la población, la expansión de los planes de beneficios, y el uso de tecnologías innovadoras han incrementado los costos. A esto se suma la judicialización, que ha ampliado los derechos de los ciudadanos sin garantizar los recursos necesarios para cumplirlos.

Además, la pandemia de COVID-19 dejó huellas profundas en el sistema, incrementó la carga de enfermedades y dejó rezagados muchos servicios esenciales. Según ACEMI, en marzo de 2024, la siniestralidad de las EPS alcanzó un 111,5 %, lo que significa que por cada 100 pesos recibidos, las EPS gastan $111.5 en atención médica, sin contar los costos administrativos.

¿Qué plantea el Gobierno para el sector salud?

El Ministerio de Salud y Protección Social tiene un presupuesto de $65.1 billones para 2025, distribuido en $63.2 billones para ejecución y $1.8 billones para inversión. Se destinarán $879.4 mil millones a salud pública y $873 mil millones a aseguramiento y prestación de servicios. El Instituto Nacional de Salud (INS) contará con $123.7 mil millones, divididos entre $61 mil millones para funcionamiento y $62.6 mil millones para inversión.

Por ejemplo, la ampliación de la infraestructura hospitalaria, un componente esencial para garantizar el Derecho a la Salud y uno de los objetivos al que más atención le ha dado el ministro de Salud, presenta un déficit de $991 mil millones, estimó una comisión accidental en el Congreso durante septiembre pasado y manejando las mismas cifras que hoy son una realidad

El Ministerio había solicitado un aumento de mínimo el 27 % ($15,8 billones) en los recursos de funcionamiento y un 83 % ($1,6 billones) en los de inversión, proyectando un presupuesto total de $74,6 billones para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Esto deja al Ministerio enfrentando un déficit de por lo menos $9,5 billones, lo que posiblemente va a afectar algunos objetivos de Minslaud.

La Superintendencia Nacional de Salud tendrá $326.2 mil millones, de los cuales $239 mil millones son para funcionamiento y $87.1 mil millones para inversión. El Invima contará con $242.7 mil millones, con $182.2 mil millones para funcionamiento y $60.5 mil millones para inversión, destinados principalmente a la inspección y fortalecimiento institucional.

El proyecto de ley establece que el Sistema General de Seguridad Social en Salud será financiado con ingresos corrientes y excedentes, priorizando la afiliación de la población vulnerable al régimen subsidiado. Además, el artículo 79 exige a las entidades seguir la Sentencia T-302 de 2017, que protege los derechos de los niños wayúu en áreas como salud y agua potable.

Presupuesto vs. desfinanciamiento

El Gobierno anunció un incremento del 17 % en el presupuesto para la salud en 2025, descartando el riesgo de desfinanciamiento. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que no habrá reducción de recursos para el sector. Además, el Gobierno está en las fases finales de la elaboración de la reforma a la salud, la cual será presentada al Congreso en breve. Jaramillo afirmó que, superados los obstáculos del Marco Fiscal de Mediano Plazo, se está evaluando si la reforma será presentada como ley ordinaria o estatutaria.