MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 313 OCTUBRE DEL AÑO 2024 ISNN 0124-4388
MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 313 OCTUBRE DEL AÑO 2024 ISNN 0124-4388
El sector salud en Colombia se enfrenta a un panorama presupuestal complejo. Aunque el Gobierno anunció un incremento del 17 % en los recursos destinados para el año 2025, persisten las advertencias de expertos y actores del sistema sobre el riesgo de desfinanciamiento en áreas clave, lo que podría afectar la calidad y continuidad de los servicios de salud.
Si bien el aumento es positivo en términos generales, no elimina las preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema. Las deudas acumuladas a hospitales y clínicas han alcanzado niveles críticos, lo que pone en riesgo la operación de muchas instituciones. Según los especialistas, el incremento presupuestal no sería suficiente para cubrir la creciente demanda de servicios ni los costos asociados a la atención de la población más vulnerable. Además, la regla fiscal sigue siendo una limitación, ya que impide que el Gobierno amplíe el gasto público más allá de lo estipulado, lo que ha generado críticas y llamados a flexibilizar estas restricciones para permitir mayores inversiones.
Con la discusión final del presupuesto persisten las dudas sobre si este aumento será suficiente para resolver los problemas financieros del sector o si el sistema deberá enfrentarse a nuevos recortes, lo que impactaría tanto a los prestadores de servicios como a los usuarios.
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El debate político y social en torno a
la propuesta colombiana de reforma
sanitaria ha desatado un intenso debate
entre varios actores involucrados
en la industria. Si bien el texto original
permanece prácticamente intacto en
la nueva versión, se han realizado algunas
modificaciones para abordar las
cuestiones destacadas en la versión
anterior, que finalmente fue rechazada
por el Senado.
Se resaltó como un cambio fundamental
al modelo de atención por el ministro de
Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La
alteración implica un enfoque más especializado
en auditoría y control de recursos,
en lugar de la gestión administrativa
convencional que estuvo presente durante
las EPS.
El impacto de la reforma en la sostenibilidad
financiera del sistema ha sido un
tema polémico. Muchos analistas creen
que los cambios propuestos son inadecuados
para abordar la insuficiencia de
la Unidad de Pago por Capitación (UPC),
a pesar de la expectativa de una mayor
transparencia y control en la gestión de
recursos. Los proveedores de servicios
están preocupados por esta cuestión, ya
que genera importantes desigualdades
en sus operaciones diarias.
El sistema de salud en Colombia enfrenta
un desafío crítico en la atención de
pacientes con enfermedades avanzadas
o terminales, dependiente de los cuidados
paliativos. La Ley 1733 de 2014 reconoce
estos cuidados como un derecho
humano, sin embargo, al revisar la disponibilidad
real en Colombia, se encuentra
que para enero de 2023, según el reporte
de la Cuenta de Alto Costo (CAC), solo
14 079 casos nuevos recibieron cuidados
paleativos. Para el 2022, el acceso
a estos servicios aumentó en un 53,47 %
para los casos de cáncer de mama.
Ante esta situación, es imperativo que
el sistema de salud colombiano implemente
medidas efectivas para mejorar
la equidad en el acceso a los cuidados
paliativos. Esto incluye la capacitación
de profesionales y la creación de programas
especializados que aseguren una
atención integral. Asimismo, es esencial
fomentar una cultura de respeto a los derechos
de los pacientes en sus últimos
años, garantizando que todas las personas,
sin importar su estatus, tengan derecho
a recibir atención médica digna y
compasiva.
El Ministerio de Salud de Colombia dio un paso significativo hacia la inclusión de la población migrante en el sistema de salud al anunciar la asignación de $326 mil millones mediante la Resolución 1769. Esta iniciativa está diseñada para mejorar la atención médica, enfocándose especialmente en los servicios de urgencias y en la mejora de la infraestructura sanitaria en áreas críticas donde la demanda ha crecido debido al aumento de migrantes en el país. La medida busca garantizar que los migrantes reciban atención oportuna y de calidad, especialmente en momentos de emergencia.
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