Para septiembre, el Gobierno presentó la misma reforma a la salud que fue rechazada en abril en el Senado. Esta nueva versión tiene menos artículos que la original, aunque analistas indican que no hay cambios sustanciales. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, comentó que “aquí no hay ningún proyecto de ley nuevo, lo único que se continúa es con el que hace un año y medio se entregó”. También expresó su sorpresa por la baja cantidad de invitados a la presentación, recordando que el año pasado la radicación se hizo “con bombos y platillos”.

El nuevo texto, que se reduce de 124 a 49 artículos, propone un sistema de salud que “no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera”.

Luis Gonzalo Morales, exsecretario de Salud de Bogotá, expresó que esta propuesta podría no resolver los problemas existentes, ya que las EGSV solo se dedicarán a auditar cuentas. Además, el proyecto concentra en la Administradora de Recursos de la Salud (ADRES) el pago a hospitales y la coordinación de auditorías, lo que, según Alejandro Gaviria, podría convertirse en “un gran monstruo de entidad sin un sistema de información consolidado”.

De otro lado, Andrés Forero, congresista del Centro Democrático, mencionó que, debido a la transición de dos años, será el próximo gobierno quien deba enfrentar los retos de esta reforma. Gaviria también indicó que es importante que el gobierno Petro contemple ayudas financieras para evitar que los problemas actuales del sistema se intensifiquen.

En cuanto a los cambios propuestos por el nuevo proyecto, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, expresó que “hemos estado en alerta naranja desde el viernes” y que el proyecto tiene “un 99 % de coincidencias con la reforma anterior”. La principal diferencia con la que fue archivada en la Comisión Séptima del Senado es la inclusión de un aval fiscal del Ministerio de Hacienda, lo que añade un componente financiero. A pesar de esto, las inquietudes sobre la viabilidad económica de la reforma permanecen.

Hurtado afirmó: “Todos queremos lo mejor para los colombianos”, pero destacó la incertidumbre sobre el costo total de implementación. Otro tema en discusión es el modelo de aseguramiento propuesto, que ha generado inquietud en legisladores y en el sector salud. Hurtado mencionó que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) está desfinanciada, lo que representa un desafío para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Además, aunque hay consenso sobre la necesidad de dignificar el talento humano en salud, se observa que este aspecto no está claramente definido en el presupuesto, quedando a discreción del presidente de la República.

Es importante destacar que el debate incluye la creación de un sistema único, considerado un paso para reformar el sector. Sin embargo, su implementación plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno para llevarlo a cabo. Este tema y el nuevo modelo de aseguramiento serán fundamentales en las discusiones del Congreso.

¿Hubo concertación?

Expertos coinciden en que la nueva propuesta carece de concertación con los actores del sector. Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, expresó su preocupación por la inclinación del texto hacia el fortalecimiento de la red pública en un contexto donde más del 80 % de los servicios son privados. Quintero advirtió que un sistema exclusivamente público y convertir a la ADRES en una entidad multifuncional podría generar incertidumbre sobre el futuro del sistema.

Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro, mencionó que es necesaria una mayor integración entre los sectores público y privado, resaltando la importancia de fortalecer la capacidad institucional en hospitales y centros de salud públicos. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, solicitó al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, que la discusión del nuevo proyecto de reforma a la salud sea asignada a la Comisión I, para tramitarla como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria. Valencia argumentó que “cuando el ciudadano pierde el derecho a elegir quién lo asegura, se está tocando el núcleo esencial del derecho”.

En su carta a Salamanca, Valencia destacó que, según la Ley 1751 de 2015 y la Sentencia T-760/08, la salud en Colombia es un derecho fundamental autónomo. Esto significa que cualquier propuesta legislativa que modifique este derecho debe ser tramitada como ley estatutaria. La senadora añadió que “el proyecto de ley plantea modificaciones estructurales al funcionamiento del sistema de seguridad social en salud”, subrayando que la reforma podría eliminar el derecho actual de los colombianos a elegir su asegurador en un modelo mixto.

Asimismo, Carolina Corcho, exministra de Salud, afirmó que la reforma a la salud presentada por el actual ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el Congreso, mantiene “el texto central y las líneas esenciales” de la iniciativa que ella presentó durante su gestión. Corcho explicó: “Este es un texto que parte del acuerdo que se hizo en la Cámara de Representantes y que fue votado por el Congreso. Lo que se hizo fue que se acotó ese texto y se radicó”. Estas declaraciones contrastan con lo manifestado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien aseguró que la nueva reforma es diferente de las versiones anteriores.

En un contexto caracterizado por una crisis en el sector salud, el diálogo entre el Gobierno y los distintos actores involucrados se presenta como un elemento para abordar los retos actuales. Durante los últimos dos años, la reforma a la salud ha generado un debate sostenido, evidenciando la complejidad del sistema y la diversidad de opiniones que lo rodean. Esta situación resalta la necesidad de construir consensos que no solo consideren las preocupaciones de las entidades promotoras de salud (EPS) y otros actores, sino que también atiendan las expectativas de los pacientes y de los profesionales de la salud.