El Ministerio de Salud dio un paso significativo hacia la atención de la población migrante en Colombia con la implementación de la Resolución 1769 de 2024, que destina $326 926 millones a las Empresas Sociales del Estado (ESE) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Según datos de Migración Colombia actualizados a junio de 2024, el número de migrantes venezolanos en el país asciende a 2 808 888. De ellos, solo 68 259 tienen estatus migratorio regular, mientras que 1 932 442 cuentan con un Permiso por Protección Temporal (PPT), y 460 736 se encuentran en una situación irregular. Alarmantemente, el 72,3 % de los migrantes en condición irregular reside en las principales ciudades del país, lo que plantea un desafío considerable para el sistema de salud local.

Objetivos de la resolución

La Resolución 1769 busca cofinanciar el pago de los servicios de urgencias que se han prestado a la población migrante no afiliada al sistema de salud. Esta medida incluye la definición de condiciones específicas para el desembolso de los recursos a las IPS que han brindado atención a esta población vulnerable. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, enfatizó la importancia de esta inversión, señalando que es un reflejo de la voluntad del gobierno de fortalecer el sistema público y asegurar atención de calidad, especialmente en las regiones más necesitadas.

Distribución de recursos

La resolución también establece la distribución de estos recursos entre los departamentos y distritos certificados en salud. En consonancia con la legislación vigente, todas las entidades de salud, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de proporcionar atención inicial de urgencias sin exigir contratos ni pagos previos, según lo estipulado en la Ley 715 de 2001 y la Ley 1751 de 2015, que garantizan el derecho a la salud.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) informó que estos fondos se destinarán a aliviar las deudas acumuladas por la atención a la población migrante. De las deudas reportadas por los departamentos y distritos certificados, el 56,92 % corresponde a instituciones ubicadas en las capitales de los departamentos, mientras que el 43,08 % restante se distribuye en los municipios dentro de su jurisdicción.

Los recursos se repartirán entre 659 hospitales y clínicas en 30 departamentos y seis distritos certificados en salud. En detalle, 404 ESE recibirán $299 489 millones, 251 IPS privadas obtendrán $23 939 millones y cuatro IPS mixtas recibirán $3 498 millones. Esta asignación busca aliviar las deudas acumuladas por la atención a la población migrante no asegurada y fortalecer tanto la infraestructura como la capacidad de atención de las ESE.

Departamentos más afectados

Los departamentos más afectados por la atención a migrantes, como Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Norte de Santander, recibirán una parte significativa de estos recursos. Igualmente, distritos como Bogotá, Medellín y Cali serán priorizados en la mejora de los servicios de urgencias.

Un ejemplo destacado de esta iniciativa es el Hospital San José de Maicao en La Guajira, que le asignaron $32 220 millones para mejorar su infraestructura, formalizar a 62 trabajadores y liderar proyectos de atención integral para 36 000 personas de 450 comunidades wayuu. La Resolución 1769, firmada por el ministro Jaramillo el 18 de septiembre, especifica las asignaciones para cada hospital público e IPS del país.

Desafíos persistentes

A pesar de estas medidas, existen barreras significativas para garantizar el acceso a servicios de salud para la población migrante venezolana (PMV), especialmente aquellos en situación irregular. El Ministerio de Salud advierte que “si los migrantes no están regularizados, no pueden afiliarse a los servicios de salud”, lo que limita severamente su acceso a la atención médica. Además, se estima que el costo de la atención de urgencias para migrantes irregulares es más del doble que el de una persona afiliada. Se calcula que, si todos los migrantes irregulares necesitaran atención de urgencias durante un año, el costo ascendería a aproximadamente 2.6 billones de pesos, una cifra que se compara con casi la mitad del presupuesto de algunos ministerios.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI/VOCA, ha respaldado estudios sobre la integración y acceso a la salud de esta población. Además, el proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad del Sector Salud Colombiano y Acceso a Servicios de Salud para Migrantes”, financiado por el BID, la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), busca aumentar la afiliación de los migrantes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Importancia de la regularización y la afiliación

La Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia reveló que el 50,2 % de los encuestados tiene estatus migratorio irregular y solo el 31,4 % está afiliado al sistema de salud. De este grupo, el 21,3 % se encuentra en el régimen subsidiado y el 9,9 % en el contributivo. Las principales barreras identificadas para el acceso incluyen la falta de documentos y el desconocimiento del proceso de afiliación.

Finalmente, la percepción del acceso a servicios de salud continúa siendo un desafío. El 67,3 % de los migrantes encuestados considera difícil o muy difícil acceder a los servicios de salud, cifra que se eleva al 77,9 % entre quienes no están afiliados. Estos datos evidencian la necesidad de seguir trabajando en la integración de la población migrante al sistema de salud para garantizar un acceso equitativo y efectivo a los servicios de salud en Colombia.