El presidente Gustavo Petro afirmó que, en caso de que la reforma a la salud sea rechazada, el Gobierno actuará dentro del marco legal. Durante el Consejo de Ministros Público celebrado en la Casa de Nariño, el mandatario expresó su preocupación por la posible eliminación de un proyecto en el que se ha trabajado durante más de dos años.

“Si la ley no fue, si la ley la hundieron, si dos años y medio de trabajo se destruyeron, desgraciadamente, porque es trabajo humano de mucha gente, el Gobierno actúa”, aseguró Petro, destacando que el propósito de la reforma es garantizar el derecho a la vida, tal como lo prometió en su campaña. En ese sentido, insistió en que si la Comisión Séptima del Senado rechaza la reforma, el Gobierno tomará medidas de inmediato.

Además, criticó la manera en que el Senado ha manejado el debate de las reformas impulsadas por su Gobierno. Según él, “el Senado piensa acabar con esos dos años y medio de trabajo, estúpidamente, en mi opinión”, y agregó que “al Senado se le ha prohibido discutir en este Gobierno, porque antes de que lleguen los grandes temas los acaban. Esto va para allá, lo han anunciado, espero que no. Como ya lo anunciaron, si se cae, actuamos de inmediato. No actuamos violando la ley, no. Actuamos con la ley en la mano”.

En contraste, expertos en el sector señalaron que el Gobierno no tiene la facultad de modificar la estructura del sistema sin la aprobación del Congreso. Augusto Galán, exministro de Salud y director del Observatorio Así Vamos en Salud, explicó que no es posible eliminar el aseguramiento establecido en la Ley 100, convertir a las EPS en Gestoras de Salud o transformar la ADRES en un pagador único del sistema sin una ley.

Sin embargo, el Ejecutivo sí podría ejecutar medidas que impacten el sistema y generen transformaciones parciales. Entre ellas, la liquidación de las EPS que no cumplan con los requisitos de operación y la transferencia de sus afiliados a la Nueva EPS, en la cual el Estado tiene participación. Esta acción, en la práctica, podría significar una estatización parcial del sistema.

Para ello, el Gobierno tendría que capitalizar la Nueva EPS, ya que actualmente no cumple con los requisitos adecuados para su operación. Esta situación ha llevado a la Superintendencia de Salud a intervenir la entidad, sin que hasta el momento se hayan solucionado sus problemas, lo que ha derivado en un aumento de quejas y reclamos por parte de los usuarios.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió que la liquidación de las EPS es una opción en caso de que la reforma no avance: “Hemos puesto a las EPS en cuidado intensivo para que sigan viviendo, para que nosotros podamos con la reforma ayudarles a que haya nuevos créditos y poder solucionar el problema grave que tiene en este momento el sistema. Si el Congreso no entiende, la única posibilidad es liquidar las EPS y abrir un nuevo sistema”.

Medidas adicionales por decreto

Según afirmó Iván Jaramillo, Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, “el Ministerio de Salud tiene claro que se puede hacer mucho por la vía administrativa y está preparando un paquete de decretos”. Entre las medidas que lo componen, se encuentran: el giro directo autorizado por la ley del plan y operativizado por el Decreto 489 de abril de 2024 —aunque se requiere ley para hacerlo obligatorio—, así como la movilidad de afiliados entre regímenes (actualmente en consulta), los promotores de salud, la creación de Equipos Territoriales de Salud (Resolución 2788 de 2022), el manual tarifario, la territorialización de las EPS, el Plan Nacional Rural, el modelo predictivo y la conformación de redes y servicios integrales.

Daniela Arbeláez, abogada asociada en Holland & Knight, mencionó que el Gobierno también podría avanzar mediante decreto en la implementación de los Equipos Básicos de Salud (EBS), una de las principales apuestas para fortalecer la atención médica preventiva. De hecho, esta estrategia ya está siendo ejecutada a través de hospitales públicos en diversas regiones del país.

No obstante, la implementación de los EBS ha generado controversia. Recientemente, el representante Andrés Forero, del partido Centro Democrático, denunció inconsistencias en la asignación de recursos para esta iniciativa. Según Forero, de los 1.6 billones de pesos girados entre 2022 y 2024 para su desarrollo, solo se ha logrado ejecutar un 20 %.

Por otro lado, el profesor e investigador de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, señaló que sería posible reglamentar la garantía del derecho a la salud conforme a la Ley Estatutaria de Salud, pero sin alterar la estructura del sistema ni concentrar todos los fondos en la ADRES.

En un sentido similar, Jaime Arias, exministro de Salud, afirmó que intentar ejecutar la reforma por decreto evidencia que el proyecto actualmente en discusión en el Senado no era indispensable. “Sin embargo, muchas cosas quedan cojas. Estos no son mensajes de un estadista serio, sino de un político que improvisa en todos los campos: salud, energía, educación, orden público y otros”, expresó.

Asimismo, Fernando Ruíz, exministro de Salud, advirtió que el presidente está confundiendo la regulación del sistema con su rediseño estructural, algo que no puede modificarse por decreto. Lo que sí es viable, precisó, es establecer regulaciones dentro del marco legal existente.

“Simplemente son decretos que se van a caer eventualmente, pero lo grave es que mientras tanto esto está hecho un real desastre. Va a haber más desorden que el que hoy día tenemos. Un sistema sin direccionamiento, sin saber para dónde va y con situaciones humanas muy complicadas, con pacientes que no tienen acceso a tratamientos ni medicamentos, más una situación financiera gravísima”, aclaró Ruíz.

Sin embargo, señaló que “el centro de la reforma, que es la eliminación de las EPS o su transformación en Gestoras de Salud y Vida, solo debería hacerse por vía de ley”. Aun así, cuestionó que desde la Superintendencia se haya ordenado intervenciones a estas entidades con agentes designados por el Gobierno sin que ello garantice mejores resultados.

Según Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, la administración de las EPS intervenidas no demuestran eficiencia, sino que, por el contrario, “las deudas con los prestadores aumentan mientras la garantía del acceso a la prestación de servicios disminuye”. Esta situación, afirmó, genera dudas sobre la viabilidad de la reforma y su impacto en el sistema de salud.