La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el grave deterioro del sistema de salud en Colombia, señalando que la situación alcanzó un nivel crítico y que se deben implementar acciones urgentes.

Según el informe, el número de quejas por fallas en la atención médica creció un 75,7 %, lo que llevó a la Defensoría a solicitar medidas inmediatas al Gobierno del presidente Gustavo Petro para garantizar el acceso a los servicios de salud.

“La crisis del sistema de salud ha alcanzado niveles críticos. No podemos permitir que los problemas de accesibilidad ahora se conviertan en problemas de disponibilidad. Con o sin reforma, se deben tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho fundamental a la salud”, expresó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

El panorama se ha vuelto aún más complicado en los últimos meses debido a la escasez de medicamentos en el país, provocando largas filas en farmacias autorizadas. Mientras que las empresas del sector atribuyen esta crisis a la falta de recursos girados por el Gobierno, el presidente Petro señaló a estas compañías de “acaparar” los medicamentos.

La Defensoría identificó cuatro aspectos en los que se presentan mayores deficiencias. En primer lugar, la demora en la atención médica especializada, con un aumento de quejas de 4.262 en 2022 a 9.349 en 2024. En segundo lugar, dificultades en el acceso a servicios médicos esenciales, con un incremento de reclamos de 4.607 a 7.714 en el mismo periodo. El tercer problema es la tardanza en la entrega de medicamentos: según la Defensoría, las quejas se han duplicado en dos años, pasando de 2.123 en 2022 a 5.284 en 2024. Finalmente, se encuentra el incumplimiento de tutelas y desacatos judiciales.

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), destacó la compleja situación que enfrentan los gestores farmacéuticos, cuya labor está en riesgo debido a una mora que supera los 600 días, lo que les impide continuar financiando el sistema de salud.

A lo largo de los años, estos gestores han garantizado la entrega de medicamentos a los pacientes, asumiendo incluso costos adicionales para mantener la operatividad del sistema. Sin embargo, el crecimiento de la deuda ha generado graves inconvenientes en la disponibilidad de fármacos, ya que los fondos para su adquisición son cada vez más limitados.

Cabal también resaltó que, en lo que va de 2025, los gestores farmacéuticos han suministrado un total de 227 millones de medicamentos, lo que representa 105 millones de fórmulas entregadas a 36 millones de usuarios del sistema de salud.

El presidente de Fenalco señaló que estas cifras evidencian la importancia de los gestores en la logística, distribución y entrega de medicamentos en Colombia, ya que operan mediante contratos con EPS, IPS y otros actores del sector.

No obstante, la creciente deuda compromete seriamente su capacidad operativa, ocasionando retrasos en la entrega de medicamentos, dificultades para adquirir fármacos y la desaparición de algunos productos esenciales del mercado.

Para hacer frente a esta situación, la Defensoría sugiere la creación de puestos de mando unificados en salud con capacidad de resolución en las regiones más afectadas, con el fin de atender los casos más urgentes. Asimismo, insta a garantizar la aplicación de una sentencia de la Corte Constitucional que determinó un incumplimiento general en relación con la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, que es el monto que el sistema de salud reconoce a las EPS por cada usuario atendido.

Además, se plantea la necesidad de asegurar la continuidad de la prestación de los servicios de salud. “El Gobierno tiene el deber de fortalecer la red de prestadores y agilizar la entrega de medicamentos”, enfatizó Marín, agregando que tanto las EPS como las farmacéuticas deben abordar de manera urgente los problemas de disponibilidad de servicios y medicamentos.

En cuanto a la financiación del sistema, Marín subrayó que la falta de recursos no puede ser una justificación válida para la crisis actual: “Cualquier argumento basado en la falta de recursos es inadmisible. No se puede condicionar la salud de la gente a disputas sobre financiación”.

Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 199 asociaciones de pacientes en el país, advirtió que las órdenes del presidente Gustavo Petro de ejecutar la reforma a la salud sin aprobación del Congreso podrían agravar la crisis del sistema. La organización asegura que esta decisión ignora la grave situación financiera actual y pone en riesgo el acceso a tratamientos y medicamentos esenciales.

Según el movimiento, desde 2022 se ha evidenciado un deterioro en la atención médica debido a la falta de recursos, y no por un supuesto acaparamiento de medicamentos, como insinuó el Gobierno.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, criticó la posible implementación del modelo utilizado con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), calificándolo de ineficaz. “La crisis que se está viviendo hoy en el sistema de salud de los maestros es un reflejo de un método que, a todas luces, no funciona ni resuelve nada. Insistimos en que el Ejecutivo respete los procesos que se deben seguir en el Senado”, afirmó.

Las asociaciones también urgieron al Ejecutivo a ajustar la Unidad de Pago por Capitación y los Presupuestos Máximos para garantizar el suministro de medicamentos. Advirtieron que las EPS intervenidas no cuentan con la capacidad para asumir la distribución sin la intermediación de gestores farmacéuticos, lo que podría agravar la crisis.