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Algunos cuestionamientos
sobre la destinación de los recursos de la salud agudizaron
las dudas, como plantea el doctor Oscar Rodríguez del
Centro de Investigación para el Desarrollo -CID- de la
Universidad Nacional, para quien una vez conocidas las cifras
se genera una crisis de confianza frente a la información
que se está manejando, por la utilización política
y social que se está haciendo de la información:
“No se cree en las cifras de afiliación al régimen
subsidiado, ni en los datos presentados a partir de promoción
y prevención, ni en las informaciones financieras que
las entidades reportan a la Supersalud, y esa crisis de confianza
se está convirtiendo en una gran dificultad para hacer
análisis, proyecciones y previsiones macroeconómicas
en la economía de la salud”.
El doctor Rodríguez considera importante comenzar a desglosar
las cifras para producir análisis de los distintos puntos
tocados por el trabajo de Gilberto Barón. Uno de ellos
es el relacionado con gasto de bolsillo, el cual se puede entender
como originado por la falta de universalidad del POS subsidiado;
esta situación es difícil de corregir, puesto
que el gobierno prometió ante la opinión pública
que en 2010 habrá universalización pero traducida
en cobertura, en la medida que desaparecerán los vinculados
y todo el mundo tiene que estar afiliado al subsidiado o al
contributivo; sin embargo, la universalización incluye
la igualación de los dos POS, y actualmente una parte
de la aplicación del gasto de salud se va en crédito
a eventos no POS, lo que está afectando al régimen
subsidiado.
Una situación ocasionada por la renuencia de las EPS
a suministrar información al mismo Estado y que se convierte
en un problema dentro del estudio, es el aspecto de las utilidades
reales de las aseguradoras, porque si bien del estudio se desprenden
algunas cifras, no se consideró la integración
vertical que tiene unas ganancias completamente desconocidas;
esta situación en la práctica se convierte en
trasladar dineros que aparecen como de prestación de
servicios, a los bolsillos de las mismas aseguradoras, que solo
estarían cambiando el dinero de un lado al otro del mismo
pantalón.
“Leyendo el estudio, uno encuentra los esfuerzos tan significativos
que hace la sociedad colombiana para aumentar recursos para
la salud, y no se entiende como a pesar de eso, hay problemas
todavía tan grandes en salud pública; eso es un
contrasentido, no del trabajo, sino de la política gubernamental
sobre el sistema de seguridad social en salud”, indicó
el doctor García; agregó que una limitante es
el período de análisis que concluye en 2003 y
sólo logra captar dos años de funcionamiento de
la Ley 715/01. Finaliza sugiriendo que este tipo de trabajos
deberían integrarse al sistema de contabilidad nacional. |
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