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Mientras el presidente
Uribe y el ministro Palacio insisten en que los problemas
son de “interpretación”, casi todos los
actores del sistema de salud coinciden en el rechazo a las
normas, sobre todo a la pérdida del derecho a la
atención debido a las “Prestaciones Excepcionales
en Salud”, la vulneración de la autonomía
profesional y los golpes bajos a la red pública hospitalaria
y entes territoriales. Exceptuando los órganos de
dirección y al gremio asegurador -en calidad de autores
y usufructuarios de las normas-, los demás actores
del sistema como sociedades científicas, academias
de medicina, universidades y centros de investigación,
gremios, asociaciones de pacientes, juristas, expertos en
seguridad social y los usuarios, hablan el mismo lenguaje
al señalar y reclamar la inconstitucionalidad de
las disposiciones, su inconveniencia e inutilidad, que profundizan
la crisis estructural del sector que pudo manejarse con
instrumentos más idóneos.
Pese a la expedición de decretos reglamentarios que
reversarían las medidas más polémicas
de los decretos-ley, los contradictores de la emergencia
insisten en señalar como problemas centrales la privatización
del derecho a la salud y el menoscabo de la acción
de tutela, las “prestaciones excepcionales” y
la pignoración de pensiones y cesantías para
este fin, la violación de principios rectores de
la Carta del 91, la vulneración de la autonomía
y dignidad de profesiones médicas, la centralización
regresiva de funciones en la política pública
de salud, la asfixia financiera y administrativa a la red
pública hospitalaria y entes territoriales, y el
favorecimiento exagerado a aseguradoras. Se señalan
opciones para echar atrás el estado de excepción
o desmontar el sistema de salud ante su revelado fracaso
histórico. Al cierre de esta edición, por
obra y gracia de la emergencia social, el sistema de salud
y la salud continuaban en estado de sitio.
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