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| No recuerdo
otra época tan confusa como la que vivimos, con la “emergencia
social”. No es para sorprendernos. Hace meses, en este
mismo periódico, avizorábamos la insostenibilidad
del sistema. La calma anticipaba la tormenta: la espera del
gobierno del sin reglamentar los precios de los medicamentos,
y los recobros, presagiaba el ataque a la tutela y a los derechos
ganados en servicios No-POS. Lo que parecía ilógico,
era que el control de los servicios se hiciera sustituyendo
los principios humanísticos, de la ética médica,
por principios presupuestales. |
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Durante varios años,
entre 5 y 7, los odontólogos y los médicos nos
preparamos para ejercer profesiones que exigen elevada moralidad
y excelencia. Ese esfuerzo culmina el día de grado, cuando
se presenta el juramento hipocrático; es un voto, una
declaración ante la sociedad para guardar 4 principios,
con un ascendiente en la historia de 2.400 años, que
se recita según los términos de la Convención
de Ginebra de 1948. El juramento nos obliga a ejercer con justicia,
hacer el bien, no hacer daño (no maleficencia), y velar
por la autonomía nuestra y la de los pacientes. Estos
votos que consagra Ley 23 de 1981 (de Ética Médica),
dicen textualmente: “Prometo solemnemente consagrar mi
vida al servicio de la humanidad”… |
“Ejercer
mi profesión dignamente y a conciencia”… “Velar
solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente”…
“Mantener incólumes, por todos los medios a mi alcance,
el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica”.
Cuando nos comprometemos a hacer el bien y a no hacer el mal,
queremos decir que vamos a luchar por la vida de nuestros pacientes,
indistintamente de su religión, de si son ricos ó
pobres, blancos ó negros, guerrilleros ó paramilitares.
Tampoco podemos distinguir entre pacientes de alto ó
bajo costo, para ver si les indicamos lo que más les
conviene ó si elegimos lo que precisa el equilibrio financiero
del sistema. El juramento se presenta ante la comunidad y los
pacientes; vale decir que no se jura por la Ley 100, ni por
la reforma ó el equilibrio financiero del sistema, tal
como buscan el decreto 128 de la emergencia social, en combinación
con las multas y sanciones que agrega el decreto 131.
Recuerdo mucho a mis profesores de la Universidad de Antioquia
y el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, donde
estudié. Me enseñaron que atendíamos a
todos, lo mejor que podíamos, sin discriminar. En urgencias
recibimos muchas veces, al mismo tiempo, a heridos y a sus supuestos
agresores; a todos los atendíamos por igual, más
tarde la policía y los jueces hacían lo suyo.
También encontrábamos cuchillos y armas en las
ropas de algunos, y aunque los auxiliares ó parientes
sugerían sarcásticamente algo así como
“aquí tiene la herramienta de trabajo”, eso
nunca motivó tratos diferentes. Nunca, nunca nos enseñaron
a discriminar ni a dejar morir a nadie. No se nos permitía
juzgar por política, por delitos, embriaguez, por enfermedad
y mucho menos por sospechas; siempre estábamos obligados
a hacer el bien, eso aprendimos y eso juramos. Esta manera de
actuar y pensar es la misma en todas nuestras universidades,
públicas y privadas. |
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¿Los médicos no vamos a jurar
para
hacerel bien a las personas, sino para mantener
el equilibrio financiero “del sistema”, para
preservar la Ley 100 y el presupuesto?
¿Se sustituyó el juramento hipocrático
por un juramento presupuestal?
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Conrado Gómez.
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También
nos enseñaron que debíamos hacer respetar la misión
médica. Durante muchos años, en todo el mundo,
se ha luchado para que la misión médica esté
protegida de fuerzas beligerantes, todo con el fin de cumplir
el deber de hacer el bien. A pesar del conflicto que se ha vivido
en Colombia, nunca nadie me impidió o sugirió
dejar de atender a alguien: ni la policía, ni los militares
y mucho menos los jueces. Siempre informábamos a las
autoridades de las novedades y luego de garantizar que las personas
tenían protegida su vida, éstas cumplían
su labor. Por eso me sorprende que se quiera imponer un trato
discriminatorio para los enfermos de alto costo y sanciones
a los médicos que, cumpliendo su deber, les informen
de lo que más les conviene para su vida.
¿Cómo puede la ciudadanía estar tranquila
si los médicos y los odontólogos están
censurados? Los pacientes también necesitan saber que
a los médicos se les permite hacer el bien, sin cortapisas.
Es terrible imaginar que existan censuras, premios, viajes,
multas o amenazas para manipular la conducta médica.
Así como se debe impedir la reprensión al ejercicio
profesional, se debe evitar la creación de estigmas o
categorías degradantes, que aplicadas a la población,
obstaculicen su acceso a los servicios de salud. Es alarmante
el avance tratos discriminatorios, la metamorfosis del sistema,
cuando se aplican etiquetas como la de alto costo, y al mismo
tiempo se fijan multas para los médicos que no defiendan
un plan obsoleto como el POS. |
Enfermos de alto
costo: nuevo estigma del siglo XXI
Alguna vez decíamos en otro artículo, que ahora
el problema no es ser leproso sino ser costoso. No es una exageración.
Las enfermedades son motivo de estigmas y tratos degradantes.
En Colombia se viene construyendo una categoría que no
es epidemiológica ni demográfica, es económica:
ser enfermo de alto costo. Existen listados y estrategias específicas
para atender a estos enfermos, para controlarlos, segregarlos
e identificarlos. Nadie los quiere entre sus afiliados. Se les
hace auditoría uno a uno y se les excluye de los servicios
de salud. Enfermedades como las llamadas huérfanas están
excluidas del POS, y se atienden sólo porque lo exigen
los jueces. Igual ocurre con muchos diagnósticos de cáncer
y enfermedades degenerativas. |
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Esos
pacientes y sus familias tienen obligación de contribuir
al sistema, pero éste los excluye, a menos que los jueces
ordenen su atención. A estos enfermos se los viene culpabilizando
de romper el sistema de salud, presentándolos como explotadores
y oportunistas; el uso sistemático de ejemplos exóticos
y escandalosos de abuso de la tutela, desfiguran la realidad
de las penurias que sufren estas personas, dando la impresión
que el sistema y las EPS son las víctimas, y los enfermos
sus victimarios. Esto es un estado invertido de valores, donde
parece natural exigir a los médicos que defiendan la
economía del sistema y no a los pacientes.
Recuerdo que en Internet encontré una lista de pacientes
de alto costo, con todos sus datos; era información relevante
para la contratación de servicios de una aseguradora.
Y cuando se liquidaba a Cajanal, entre los posibles receptores
de sus afiliados, mucho circularon sus listados de enfermos
de alto costo. Hay todo un mercadeo defensivo del alto costo.
Y un decreto prohibió el traslado de EPS hasta que los
pacientes terminaran sus tratamientos, como si una enfermedad
renal terminal, por ejemplo, tuviese cura; lo único que
se logró fue quitarles el derecho a cambiar de EPS. Es
largo enumerar lo que están sufriendo los enfermos de
alto costo, por eso no se entiende que los decretos de emergencia
social establezcan la requisa previa de sus cesantías,
de sus aportes a pensiones voluntarias, y a su patrimonio y
el de sus familias, para que sean atendidos. Esto lo que hace
es cerrar un círculo inaceptable de discriminación,
un régimen confiscatorio que margina a estos enfermos
y sus familias de la protección social y del derecho
a la propiedad privada. |
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¿Debe ser
el objeto principal de los tribunales
de ética el mantenimiento del equilibrio financiero
del sistema? No creo, porque esto
desdibuja su objeto.
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Conrado Gómez.
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Sustitución
del juramento hipocrático por el juramento presupuestal
La emergencia social introdujo un nuevo principio que
es el del equilibrio presupuestal, con nombres como la finitud,
la eficiencia, y sobre todo con la aplicación obligatoria
de guías diseñadas para procurar el equilibro
financiero del sistema. Esta obligación se impuso sobre
todos los cánones hipocráticos, como regla superior
a todos los valores sustantivos de la práctica médica
y odontológica. Para asegurar su cumplimiento, se establecieron
multas y sanciones. Es decir: ¿no vamos a jurar para
hacer el bien a las personas, sino para mantener el equilibrio
financiero “del sistema”, para preservar la ley 100
y el presupuesto? ¿Se sustituyó el juramento hipocrático
por un juramento presupuestal? Como lo calificó el Dr.
Roberto Esguerra, esto constituye una ofensa que no se había
visto ni en Colombia ni en otra parte.
Cualquier médico que tome una decisión
haciendo el bien a su paciente, y esto afecte la economía
del sistema, se verá en el umbral de multas y sanciones.
Una situación inevitable, frecuente y repetitiva, si
se tiene en cuenta la obsolescencia del Plan Obligatorio de
Salud -POS-. Estas medidas se parecen mucho a una conducta propia
de la picaresca de algunas EPS, cuando le recomiendan a los
médicos abstenerse de darle la fórmula a los pacientes,
si contiene medicamentos No-POS; así se evita que éstos
tengan un papel, una prueba para enseñarle al juez de
tutela. Lo que sorprende es que una práctica como ésta,
se institucionalice por decreto-ley. Con el anuncio de las multas,
muchos médicos están paralizados: no pueden darle
una fórmula al paciente, so pena de ser sancionados.
Desafíos a la autonomía
y la práctica médica y odontológica
Imagino que para muchos administradores, economistas
y empresarios, esto de los principios es algo cursi o superfluo.
Es muy triste que algunos economistas quieran echar al suelo
la tradición médica y odontológica sin
conocer su esencia, para que tomemos partido como inspectores
presupuestales. Ese papel no nos corresponde. Que lo hagan ellos,
así como los jueces y las autoridades policiales tienen
entre sus deberes encauzar a los heridos sospechosos, a los
conductores embriagados y a posibles agresores. |
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¿Cómo puede
la ciudadanía estar tranquila
si los médicos y los odontólogos están
censurados?
Los pacientes también necesitan saber que a
los médicos se les permite hacer el bien, sin
cortapisas.
Así como se debe impedir la reprensión
al ejercicio
profesional, se debe evitar la creación de estigmas
o categorías degradantes, que aplicadas a la
población, obstaculicen su acceso a
los servicios de salud.
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Conrado Gómez.
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Tampoco
se entiende que los tribunales de ética médica
y odontológica deban convertirse en comités de
control fiscal y presupuestal. Si estos tribunales van a asumir
los casos de posibles daños a la economía del
sistema, no van a tener tiempo de otra cosa: el perfil de sus
integrantes debe ser distinto. Es absurdo. Es un cambio muy
grande convertir los tribunales de ética, hoy al cuidado
de la idoneidad profesional y el bienestar de los pacientes,
en comités financieros a cargo de las guías y
protocolos, para controlar los costos. ¿Debe ser el objeto
principal de los tribunales de ética el mantenimiento
del equilibrio financiero del sistema? No creo, porque esto
desdibuja su objeto, de la misma manera que se corrompe la esencia
de ser profesional de la salud, cuando se le obliga a velar
por la economía del sistema, por encima del bien de los
pacientes y de la humanidad.
Quiero reafirmar, para ser coherente con lo que creo, que los
médicos sí tenemos la obligación de ser
eficientes y cuidar los recursos. Sin embargo, nuestra misión
no es defender el equilibrio financiero del sistema, en contra
de la vida de los enfermos. ¿Quiénes son los débiles
aquí: los pacientes, el sistema o serán las EPS?
¿Quién puede crear impuestos, sancionar, regular,
controlar precios, perseguir la corrupción y reorganizar
los servicios? ¿Los enfermos ó el régimen?
¿A quién tenemos que proteger los médicos:
a los enfermos, a las EPS o al equilibrio financiero del sistema?
¿Por qué se exige con multas y sanciones que los
médicos antepongan la defensa económica del sistema,
contra los pacientes, si el sistema es el que los debe proteger?
Este es un orden invertido de valores, que pervierte la práctica
profesional. Éste papel no es el nuestro, esta tarea
corresponde a los ministerios y a la Comisión de Regulación
en Salud (CRES).
Existen docenas de medidas para controlar los costos, como los
métodos de contratación, la agregación
de la demanda, la creación de las EPS, los controles
de precios, el control al ingreso de equipos y tecnología,
y las compras a escala, por ejemplo. Pero estas medidas no le
gustan a los grandes, y no están en manos de los médicos.
¿Por qué no se desestimulan los recobros al Fosyga,
ampliando el POS, para que sus servicios sean contratados con
las EPS por capitación y no por reembolso (pago por servicios),
si ésta forma de pago es varias veces más costosa
para el Estado? ¿Por qué en lugar de controlar
los reembolsos, la emergencia creó nuevos intermediarios,
como serán los gestores de prestaciones excepcionales?
No lo comprendemos.
Finalmente, el problema es político. Estas serán
posiblemente las primeras elecciones presidenciales en 12 años
que no sean definidas por las FARC, sino por la salud. Ojalá
el gobierno rectifique o derogue los apartes de los decretos
que ofenden el ejercicio de profesiones dignas y respetables,
como la medicina y la odontología. |
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