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El informe “Acceder
a la salud es acceder a la vida: 977 voces”, elaborado
por la organización internacional Médicos Sin
Fronteras (MSF), identificó 5 grandes grupos de problemas
de acceso recurrentes en todos los municipios de Colombia
donde realizó el estudio: los derivados del conflicto
y los causados por discriminación, falta de acceso
a la información, problemas económicos y problemas
de acceso físico a estructuras sanitarias.
El estudio realizado con el objetivo de contribuir
al entendimiento de los problemas de acceso a los cuidados
de salud de las personas afectadas por el conflicto armado,
recogió el testimonio de 977 pacientes atendidos por
MSF en 7 de los 9 departamentos donde opera en Colombia, en
54 puntos de atención médica, entre abril y
julio de 2010.
El estudio concluyó que la población colombiana
de las zonas rurales afectadas de manera directa por el conflicto
armado, zonas socio-económicamente excluidas y/o zonas
receptoras de víctimas, enfrenta barreras constantes
para acceder a los servicios de salud, como consecuencia de
determinadas políticas y prácticas.
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Foto del informe “Acceder a la salud
es acceder a la vida”, de MSF. Foto: Thomas Prochnow. |
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Metodología
La información fue extraída de un estudio
cuantitativo de las 977 encuestas cerradas y cualitativo de
entrevistas semi-estructuradas, de las cuales se desprenden
los testimonios registrados en el informe. El proceso fue
desarrollado con apoyo de especialistas en salud pública,
epidemiología y bioética.
Los datos obtenidos no son extra-polables al resto de la población
colombiana, ya que no se realizó un muestreo probabilístico,
pero representan 977 voces de personas afectadas por barreras
de acceso a los servicios de salud, que pueden ser comunes
a zonas rurales de otras regiones, porque esas 977 personas
no son la excepción: como ellas hay miles de colombianos
esperando mejor acceso a los servicios de salud. MSF brinda
asistencia en salud en algunas poblaciones de 9 departamentos:
Chocó, Bolívar, Arauca, Norte de Santander,
Caquetá, Antioquia (Urabá), Nariño, Putumayo
y Cauca; la encuesta del estudio no se aplicó en Putumayo
y en Cauca.
Las personas que respondieron la encuesta pidieron que sus
testimonios se hicieran públicos, aunque en la aplicación
de las encuestas se respetó el anonimato.
Problemas derivados del conflicto
Por culpa del conflicto y de la mella que hace en
la seguridad y en el día a día colombiano, la
población no puede acceder a la salud. El 41,2% de
los encuestados tiene algún problema de acceso debido
al conflicto armado (respuesta de 844 entrevistados). Aunque
la seguridad puede ser un problema real o un problema sentido,
una quinta parte tiene problemas por eventos reales como retenes
de grupos armados, combates, minas antipersonales, paros armados,
etc. La población afectada por la falta de seguridad
sentida dobla el porcentaje de la afectada por la falta de
seguridad real: el 37,5% de los encuestados no asisten a los
servicios de salud por miedo a la presencia de actores armados,
falta de confianza o miedo a la discriminación. Un
total de 88 personas (10,4%) manifestó sentir algún
grado de desconfianza en relación con el personal de
salud. Y hay desplazados que se rehúsan a dar su nombre
en puestos de salud, porque temen que sus datos -nombre, nueva
dirección, etc.- lleguen a manos de quienes hacen la
guerra.
Discriminados por su condición
El 33,6% de los encuestados manifestó haber
sido discriminado por ser indígena, mujer, desplazado
o retornado, pero hay dos aspectos que llaman la atención:
la discriminación por la pobreza y por estar afiliado
en otro municipio o departamento, aspectos recurrentes y derivados
del sistema de salud, el cual fuerza la implementación
de copagos y la división territorial de lo que es un
derecho humano universal.
Personas que sufren los horrores del conflicto, no son atendidos
bajo la acusación velada de pertenecer a una de las
partes del conflicto armado: casi 9% de los encuestados se
reportó como perteneciente a una comunidad estigmatizada.
De 148 desplazados, 29 manifestaron haber sentido discriminación
por su condición. La Corte Constitucional dijo que
ésta condición se define de facto y no depende
de portar una carta que acredite el desplazamiento, como lo
exigen los servicios de salud.
A los desplazados con registro del Sisbén no los atienden,
debido a su origen de afiliación, exigiendo que regresen
al lugar de expulsión (a riesgo de perder la vida)
para desafiliarse, y volver a hacerlo en el nuevo lugar de
vivienda, algo ilógico.
Desinformación y acceso económico
La falta de información y de acceso a la misma
revela otro problema grave: el desconocimiento de los derechos
como usuario; por ejemplo, casi 20% de encuestados desconoce
que tiene derecho a la asistencia gratuita de urgencias, por
lo que muchas veces pagan por un servicio legalmente gratuito
o no van a ellos por no tener dinero.
Este punto lleva directamente a otra gran preocupación
de los entrevistados: 82,1% de ellos declaró que no
va al médico por falta de dinero para pagar el transporte
hasta las muy lejanas estructuras de salud, y el 69,6% (680
personas), por no tener con qué pagar el servicio o
los medicamentos (que a menudo no están disponibles
gratuitamente o están fuera del POS). Y 34,3% dijo
no tener capacidad para comprar medicamentos
La distancia de los servicios de
salud
Una forma de medir la disponibilidad de los servicios
de salud es el tiempo que demoran los usuarios en llegar a
ellos y el medio de transporte usado. La falta de personal
de salud y de una conveniente red de estructuras médicas,
hace que sólo 17,6% de encuestados tengan acceso a
un servicio sanitario en menos de una hora desde su residencia,
y que 19,4% demore más de 9 horas en llegar al punto
de salud (que no médico) más cercano.
El promedio de horas en llegar al servicio de salud fue de
9,12 horas, con un mínimo de 0 y un máximo de
72 horas. La respuesta más frecuente fue 4 horas de
demora. Casi la mitad de ellos tienen que retrasar más
de un mes la visita al médico y un alto porcentaje
considera que han sido tratados incorrectamente.
Además, 24 personas manifestaron que las minas antipersonales
constituyen una barrera para el acceso al servicio de salud.
Si bien por el aumento de accidentes por minas en el país
se esperaría un porcentaje superior, el hecho de que
2,8% de la población no vaya al médico por la
presencia de minas antipersonales no es un dato irrelevante.
Muerte de un familiar por barreras
de acceso
Al responder si murió un familiar por problemas
de acceso en salud, el 31,9% contestó que sí.
Aunque es cierto que las personas pueden calificar erróneamente
la causa de la muerte y culpar al servicio de salud, “el
hecho de enfrentar la muerte de un familiar posiblemente sin
que la persona enferma llegara a ser evaluada por un médico
o lo fuera de forma tardía, por lo menos, suscita la
reflexión a que haya lugar”.
Graves consecuencias de las barreras
de acceso
El informe señala que lo más dramático
de todas las barreras de acceso no son las barreras como tales,
sino sus consecuencias en la vida de las personas: casi la
mitad de los encuestados tuvieron que retrasar más
de un mes la visita al médico y un muy alto porcentaje
consideran que fueron tratados incorrectamente.
Pero lo más grave fue constatar que todos estos problemas
derivan en una innecesaria prolongación del sufrimiento,
en la aparición de complicaciones médicas, en
discapacidad para la práctica de algunas actividades
básicas y hasta en la muerte del paciente.
Conclusiones y recomendaciones
El informe de MSF concluye que el conflicto armado
no puede utilizarse sistemáticamente como pretexto
para no abordar problemas estructurales del sistema de salud
y recomienda que el Estado colombiano ponga en marcha las
estrategias adecuadas para garantizar el acceso a la salud
de las personas que viven en las zonas rurales más
afectadas por el conflicto, reconociendo las consecuencias
del conflicto armado, la falta de equidad del sector salud
y el impacto de estos dos fenómenos en el acceso a
la salud, especialmente de la población más
vulnerable. Este reconocimiento debe ir acompañado
de la implementación de estrategias y acciones efectivas
para eliminar las barreras de acceso a la salud de los colombianos.
“El conflicto que afecta al país tiene que dejar
de ser la excusa para no proveer correctos servicios médicos
y convertirse en todo lo contrario. Es decir, tiene que ser
el acicate que mueva la instalación de servicios médicos
que beneficien a aquellas personas que, por su aislamiento
y por su afectación por el conflicto, son precisamente
las más vulnerables”.
Por ello, es indispensable ampliar los servicios prestados
cuantitativa y cualitativamente, que éstos sean gratuitos
para una cantidad mayor de ciudadanos y que los medicamentos
necesarios estén disponibles en las estructuras de
salud pertinentes.
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