MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 15    No. 183  DICIEMBRE DEL AÑO 2013    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Colombia sigue buscando mejorar
la situación de su niñez


Defensoría del Pueblo
defiende derechos de los niños

Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co

Si para lograr la mínima atención en salud materno-infantil -en teoría, pilar del sistema de seguridad social- se necesita tutela, qué esperanza para el sistema en su conjunto. Según el último estudio sobre acción de tutela de la Defensoría del Pueblo, han subido las tutelas en casi todos los ítems relativos a la salud de niños y madres gestantes.
La investigación señala que entre 2011 y 2012 aumentaron las tutelas para exigir citas médicas generales de pediatría de 309 a 468 (51.4%), las interpuestas para exigir medicamentos pediátricos en 33.2% al pasar de 286 a 381 y las instauradas para solicitar tratamientos especializados subieron 69.3% al pasar de 264 a 447.
Solo rebajaron las tutelas de la protección del menor y de la mujer embarazada, de 3.531 a 2.913 (17.5%).
Para contribuir al mejoramiento de la salud infantil y reducir esta judicialización de la salud, el grupo investigador interdisciplinario de la Defensoría, conformado por Alexandra Orjuela, Lyda Mariana González, Jairo Alberto Betancourt e Hilario Pardo, compiló los derechos esenciales de los niños en Colombia, señalando: “Uno de ellos es el derecho al suministro oportuno de medicamentos, con oportunidad, entrega total, calidad y continuidad del suministro. Como la calidad se asocia a la exigencia del registro del Invima, es derecho y deber de los padres, representantes legales o tutores de los niños, informar al médico tratante los síntomas normales o anormales en el consumo de los productos formulados y es deber del médico la farmacovigilancia”.
Recordaron que, según el artículo 50 de la Constitución, todo niño menor de un año no cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a la atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. Recalcaron, al tenor del Código de Infancia y Adolescencia, el derecho de todos los niños y adolescentes a la salud integral, entendida como estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico, no sólo ausencia de enfermedad: “Así, ningún ente prestador de servicios de salud puede abstenerse de atenderlos. El costo de servicios para menores no beneficiarios de los regímenes contributivo o subsidiado y sin capacidad de pago, lo asumirá la Nación”.
“Ningún ente prestador de servicios
de salud puede abstenerse de atender los niños.
El costo de servicios para menores no
beneficiarios de los regímenes contributivo o
subsidiado y sin capacidad de pago,
lo asumirá la Nación”.
Defensoría del Pueblo
Señalaron como derechos impostergables de la primera infancia (ciclo básico en el desarrollo cognitivo, emocional y social del niño, entre cero y 6 años de edad), atención en salud y nutrición, esquema completo de vacunación, educación inicial, protección contra peligros físicos, contra el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas, contra trabajos que por su naturaleza o condiciones afecten la salud, integridad y seguridad o impidan el derecho a la educación, contra el contagio de enfermedades infecciosas prevenibles en la gestación o después de nacer, contra la exposición de las gestantes al alcohol o sustancias psicoactivas que afecten el desarrollo físico, mental o la expectativa de vida.
Asimismo, todo niño o adolescente con anomalías congénitas o discapacidad, tiene derecho a atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación y apoyo a los miembros de la familia o personas responsables de su cuidado y atención; igualmente, derecho a la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las actividades de la vida diaria. Esta protección constitucional se refuerza en menores con alguna discapacidad, por constituir debilidad física o mental. En estos casos, al Estado le obliga pagar los tratamientos para la integración social y rehabilitación del niño, incluyendo la parte médica y educativa, por ejemplo a niños autistas. También se consagra el derecho a programas que garanticen a las gestantes la consejería para la prueba voluntaria de VIH/sida, y en caso de resultar positiva, a consejería, tratamiento anti-retroviral y a cuidados para evitar durante el embarazo, parto y post-parto, la transmisión vertical madre-hijo.
Los niños y adolescentes tienen derecho a programas estatales de prevención mediante vacunación, complementación alimentaria, suplementación y vigilancia nutricional, mejoramiento de hábitos alimentarios, prevención de Infección Respiratoria Aguda, Enfermedad Diarreica Aguda y otras prevalentes de la infancia; a atención oportuna y de calidad en casos de urgencia, a actuación inmediata del personal médico y administrativo si están hospitalizados o requieren tratamiento o intervención quirúrgica y hay peligro inminente para su vida, cuando no tengan representante legal o estén imposibilitados de dar su consentimiento oportuno, o no autoricen por razones personales, culturales, de credo o negligencia; los adolescentes deben tener acceso gratuito a servicios especializados de salud sexual y reproductiva, prevención del embarazo no deseado, a protección especializada, y las madres adolescentes, a detección temprana de alteraciones físicas, mentales, emocionales y sensoriales en el desarrollo de los menores.
 
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