El Estado sigue mostrando su incapacidad para el salvamento económico de sus Empresas Sociales -ESE-, pese a sus sofisticados “Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero -PSFF-”. Sin subvalorar el dispositivo técnico de estos programas y la salvación de muchos hospitales en riesgo, ello se debe, ante todo, a la buena gestión de las instituciones hospitalarias y a la ayuda dispensada por los departamentos y municipios -aunque no todos- con buena dosis de voluntad política e inyección de recursos.
No siempre los parámetros de los Programas de Saneamiento son congruentes con las necesidades financieras de los hospitales. Los ítems considerados para la categorización del riesgo y la adopción de esos programas son parcializados, giran casi exclusivamente alrededor de la gestión financiera de los hospitales, de su “rentabilidad”, de su capacidad de venta de servicios, en contravía de claros preceptos constitucionales y de los mismos fundamentos teóricos del Ministerio de Hacienda para los PSFF. Una sentencia reciente de la Corte Constitucional recaba en ello y asevera que no se puede juzgar la operatividad de una ESE sólo a partir de su comportamiento fiscal y financiero, ignorando la gama y amplitud de sus servicios y su impacto social; pero estas cosas hace tiempo son letra muerta para los rectores del sistema de salud y sus protegidas aseguradoras.
Ahora, está bien que el Ministerio de Hacienda fije plazos precisos a los hospitales y secretarías, para el cargue de programas de saneamiento en la plataforma informática. Pero, ¿se justifica el fundamentalismo con que devuelven muchos programas porque llegaron 10 o 15 minutos después de las 12 de la noche del 3 de julio de 2014? ¿Acaso estaban ahí sentados los funcionarios del Ministerio a la una de la mañana para empezar el análisis de los PSFF? ¿Tiene el gobierno igual rigor con sus dependencias cuando incumplen (no por minutos sino por meses y hasta por años) los términos que él mismo señala?
Encima de esto, si un departamento se descuida, la Nación se ensaña en el castigo. Antioquia, por ejemplo, a pesar de las explicaciones de la Secretaría de Salud sobre el cargue oportuno de los programas y las caídas del sistema esa noche del 3 de julio, ¡el último día de plazo! ¿No nos estaba cogiendo la noche para mandar esos papeles? Habría que revisar mejor el cronograma y su cumplimiento, pues los hospitales y otros sectores alegan que presentaron la documentación a tiempo. Pero antes del cumplimiento de términos, hay que discutir el manejo dado a las crisis por los distintos actores. Primero, un Estado que no pone en cintura a los responsables de la bancarrota de las ESE con su eterna cultura de no pago, difícilmente puede atribuir la insolvencia de los hospitales a “falta de gestión”. Segundo, hay que reconocer a muchos departamentos el esfuerzo desplegado para ayudar a sus hospitales, aplicando oportunamente los pocos dineros arrancados al gobierno central para el saneamiento. Pero no pasa así en todas partes: mientras regiones como Santander, Magdalena y Bogotá dan la mano a sus hospitales saneándolos, otros como Antioquia prefieren el fácil expediente de la liquidación, siendo más costoso liquidar que sanear; y sobre todo, más perjudicial para la salud pública.
Cuando se liquida, a los costos fijos de saneamiento, pago de deudas, etc., se suma el caudal de indemnizaciones y el costo social de los despidos, y se deja la ESE a la buena de Dios, a merced del interés privado que no es propiamente el servicio sino la rentabilidad. Valdría la pena que el señor gobernador de Antioquia revisara el obvio desbalance entre la cuantiosa inversión ($350.00 - 400.000 millones) para la educación -siempre loable en principio- pero más dirigida a Parques Educativos y Olimpíadas del Conocimiento que a remediar la baja relación profesor-alumno, el paupérrimo nivel estudiantil en las Pruebas Saber y los carencias de infraestructura y dotación, y entre educación y salud, con la inequitativa asignación de recursos para ésta, por concepto de transferencias y de la UPC que “administran” las EPS y los pagos a los hospitales públicos y privados de Antioquia. En todo caso, cuando el hospital público está entre la cartera, el limbo jurídico y la liquidación, la pregunta es: ¿ahora, quién podrá salvarlo?