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Aunque el Gobierno
ha desestimado la necesidad de una reforma integral al sistema
de salud, los gremios hacen propuestas
para mejorarlo o crear uno nuevo que facilite el acceso y la
calidad en la prestación de los servicios. |
El cierre de hospitales,
nóminas atrasadas, despidos de personal, suspensión
de servicios y recursos insuficientes para atender un plan de
beneficios cada vez más costoso, son algunos de los inconvenientes
que actualmente enfrenta el Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
Aunque muchos hablan de crisis y la agenda legislativa de este
año no contempla reformas para el sistema de salud, los
gremios hacen un diagnóstico y plantean un posible tratamiento.
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| De una parte, los
sindicatos señalan a la corrupción como la hemorragia
que desangra al sistema. Así lo explicó Héctor
Alirio Galvis, expresidente de la Asociación Nacional
Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la
Salud, Seguridad Social, Integral y Servicios Complementarios
de Colombia (Anthoc): “La situación de la salud
es lamentable”, aseguró Galvis y dijo que los más
de 300.000 casos de zika en las principales ciudades de la Costa
Atlántica, los recobros por el cartel de la hemofilia
y las muertes por desnutrición y enfermedades asociadas
en La Guajira y Chocó son indicadores claros de que la
corrupción infectó al sistema. |
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Esa corrupción
se ha materializado en falta de recursos, un mal diagnosticado
por todos los actores. “Actualmente no hay un panorama
claro con relación al tema de los recursos”, asegura
Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora de la
Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado
y Hospitales Públicos (Acesi).
Su preocupación tiene fundamento: a diciembre del 2016,
la cartera pendiente de EPS, Fosyga, aseguradores, entidades
territoriales y con las empresas sociales del Estado ascendía
a 7 billones de pesos, mientras que la de todo el sector llegaba
a los 14 billones de pesos.
Para Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación
Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), el estado
crítico del sistema se ve en un mayor uso de los servicios
de salud, un incremento en la llegada de pacientes a los servicios
de urgencias y el uso de la tutela como mecanismo para acceder
al sistema.
“Que más de la mitad de los colombianos estén
afiliados a EPS en proceso de intervención o sujetas
a medidas especiales, además de inequidad, demuestra
la falla de uno de los fundamentales del actual modelo”,
afirmó.
El tratamiento
Tan importante como un buen diagnóstico es un
correcto tratamiento. Giraldo sostiene: “se debe seguir
trabajando en la transición, conteniendo los daños,
mientras se hace el consenso para preservar lo que sirve del
actual modelo y se diseñan los contenidos que reemplacen
las partes inútiles o inservibles”.
El expresidente de Anthoc, Héctor Alirio Galvis propone
eliminar la intermediación, pues esta figura introduce
en el sistema una distorsión: “el afán desmedido
de lucro”. Por ello propone transformar el sistema de salud
en un modelo público unificado, como el de Canadá,
Brasil o Cuba, donde el Estado asume la responsabilidad por
el cuidado de los ciudadanos.
En caso de que el actual modelo se conserve, Olga Lucía
Zuluaga considera que las EPS deben actuar como verdaderas aseguradoras
y no solo como intermediadoras. Sostuvo que el análisis
de los prestadores que hace el Ministerio de Salud no se debe
fundamentar en el recaudo: “Si el Gobierno continúa
midiendo con el recaudo, vamos a tener un gran número
de hospitales en riesgo fiscal y financiero, lo que cambiará
la prioridad de las gerencias, que dejarán de pensar
en la atención con calidad para pensar en el equilibrio
financiero”, señaló.
Elisa Carolina Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud,
entidad que agremia algunas de las EPS del régimen subsidiado,
sostuvo que el problema de pagos por servicios No-POS que nadie
les paga se podría resolver definiendo un responsable
y unos recursos. Ello podría incidir en una mejora significativa
en los servicios para sus afiliados.
Del mismo modo, señaló que un buen camino a seguir
sería aumentar la capacidad resolutiva de los prestadores.
“Hemos querido proteger (sobre todo a la red pública)
con una serie de obligatoriedades de norma, como girarles unos
recursos, a pesar de su ineficiencia, porque aunque ellos tienen
los recursos no necesariamente prestan los servicios de manera
completa ni en los lugares donde se los requiere”.
Juan Carlos Giraldo, consideró que muchos países
cuentan con sistemas más sencillos, compactos y eficaces
en materia de resultados y más eficientes en el manejo
de los recursos. Para él, todos ellos “basan su
funcionamiento en fuertes procesos de prevención, en
la constante interacción con los ciudadanos, en sistemas
de información robustos, en institucionalidad confiable
y con roles claros, en estandarización de procedimientos,
en contabilidades fiables, en apertura a la innovación
y la entrada razonable y oportuna de tecnología, pero
especialmente en una función inteligente de rectoría
a través de gobiernos rigurosos y proactivos”, puntualizó. |
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