MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 6    NO 67   ABRIL DEL AÑO 2004    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Desde la Academia
Reformar la Ley 100/93:
¿tarea de titanes?
Luz Enidia Largo Arteaga - Periodista elpulso@elhospital.org.co
Los Titanes, personajes mitológicos hijos de Urano y Gea, que rebelados contra los dioses intentaron escalar el cielo amontonando las montañas unas sobre otras pero vencidos por Zeus antes de lograr su propósito, son un acertado referente lingüístico para simbolizar a aquellos que emprenden un ingente trabajo, propio de gigantes, en sentido literal, y de osados en sentido figurado. Y no menos que de “empresa titánica” podría calificarse el intento de adelantar en Colombia una reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando las reflexiones alrededor del tema son tantas y diversas.

“La derrota de los titanes”, de Jordaens
Desde la ventana de la Academia, las propuestas giran alrededor de temas como ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, recuperación de la salud pública, reforma al régimen subsidiado y al sustento financiero del sistema, y freno a la integración vertical; son cambios que observados en conjunto parecieran sugerir que se debe promover, no una reforma al actual sistema, sino un nuevo sistema de seguridad social en salud, en un trabajo para quienes compete hacerlo, equiparable al esfuerzo de los titanes por alcanzar el cielo. Esperemos, por el bien de la salud de los colombianos, que ningún Zeus (léase intereses gremiales y sectoriales, fuerzas del mercado, organismos burocráticos, entre otros), logre desbaratar sus buenos propósitos y las iniciativas de una nueva reforma en salud, para que no mueran en el intento.
“No matar la gallina para empollar un
dinosaurio”

“Cuánto más leo la Ley 100, más reafirmo que las fallas más importantes de ésta no estriban en el diseño sino en su estrategia de operacionalización y en la posibilidad efectiva del Estado de tomar decisiones acertadas para la corrección reiterada de su rumbo”. Esta es la opinión del doctor Fernando Ruiz Gómez, director del Centro de Proyectos para el Desarrollo -Cendex-, de la Pontificia Universidad Javeriana, quien asegura que además “no reconocemos un modelo microeconómico que evaluar y modificar a tiempo, para superar las deficiencias de los mercados, las organizaciones y las relaciones entre los agentes que integran el sector salud”. A juicio del experto, son 5 los aspectos que fundamentalmente se deben modificar en la Ley 100:
1. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Organismo que debiera ser cambiado por una agencia técnica especializada que integre la Superintendencia Nacional de Salud, que opere en forma descentralizada como comisión reguladora y con suficiente poder para controlar excesos de quienes sustentan posiciones dominantes de mercado.
2. La administración municipal del régimen subsidiado. Debe transformarse en administración por unidades territoriales más amplias, como mercados regionales, que permitan la generación de competencia y la conformación de redes eficientes de prestación de servicios, controlando así la corrupción por esta vía.
3. La integración vertical. Debe controlarse antes de que la concentración de riesgos genere una nueva bomba de tiempo, algún nuevo “Seguro Social”, pero de tipo privado.
4. La “patente de corso” para la existencia de los participantes vinculados. Esta clasificación transitoria aceptada por la ley se ha transformado en una barrera técnica que no somos capaces de superar. El artículo 3 (“Del Derecho a la Seguridad Social”), no tendrá carnet si no se supera el problema de los vinculados. Se debe aceptar de una vez por todas que el planteamiento básico de la Ley 100 lleva, inequívocamente, a un modelo de aseguramiento donde el problema fundamental para el acceso es el precio de la prima, por lo tanto hay que modular y escalar la UPC y ajustarla a la capacidad de pago y sobre todo a la utilidad esperada (según riesgo individual), por parte de los compradores del seguro.
5. La obligatoriedad en la participación dentro del Sistema de las cajas de compensación. Sostiene Ruiz Gómez que muchas cajas se han podido dar el lujo de ser refractarias a involucrarse. No puede existir un objeto social más importante para justificar la misma existencia de las cajas que el régimen subsidiado. Hoy en día sus prioridades son cuestionables “servicios sociales”.
Concluye Ruiz Gómez: “Lo que más asusta a algunos que seguimos el desarrollo de la reforma, es una contrarreforma hecha sin información suficiente, gestionada e impulsada por actores públicos y privados con claros intereses, y por un Congreso con pocas banderas sociales, donde el efecto instantáneo de una supuesta contrarreforma social sea impulsado por la intuición de réditos políticos. La verdadera contrarreforma debiera ser una reforma técnica, donde lo primero es tener la información suficiente para no matar la gallina y empollar un dinosaurio”.

 

“Ajustarse al espíritu

de la Constitución del 91”
Para el doctor Antonio Yepes Parra, exministro de Salud y decano de la Facultad de Medicina de la Corporación Universitaria Rémington, es absolutamente necesario que la Ley 100/93 sea reformada, con el ánimo que se ajuste al espíritu de la Constitución de 1991, donde se concibe la salud como un derecho humano irrenunciable que se debe regir por los criterios de universalidad, solidaridad y eficiencia, ya que es evidente que el actual sistema de salud se dedicó fundamentalmente al tema del aseguramiento y los rendimientos financieros. Además, considera que debe replantearse el manejo del proceso salud-enfermedad, ya que se ha abordado únicamente desde el punto de vista biologista, asistencial y reparador, en lugar de ser tratado integralmente. Con estas bases conceptuales, propone las siguientes reformas al sistema de seguridad social en salud:
1. Ponerle freno a la integración vertical: Si bien es cierto que la Constitución garantiza la participación del sector privado, ésta debe hacerse bajo unas reglas muy claras del Estado en donde se delimite muy bien como va a ser dicha intervención.
2. Organizar el sistema de salud colombiano alrededor de la atención básica primaria: Está confirmado que cerca del 80% de las consultas en salud se pueden resolver con la atención básica primaria, centrada en la promoción, prevención, medicina familiar y comunitaria, organizada por redes de atención acorde con los niveles de complejidad, y en un sistema de transferencia y remisión de pacientes.
4. Desmontar la parafiscalidad: En un país con gran desempleo, subempleo y de una economía cada vez más informal, no se debe seguir montando la atención de la salud de los colombianos en el régimen de la parafiscalidad. La salida podría ser implementar un tributo directo que garantice atención universal por lo menos en atención básica primaria.
5. Defensa de la industria farmacéutica nacional y genéricos: El sector salud tiene que estar atento y analizar el impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) sobre los medicamentos en Colombia, porque con los conceptos de propiedad intelectual y patentes podemos fácilmente llegar a tener medicamentos con un costo 300% mayor que el actual.
7. Crear condiciones de trabajo dignas para los trabajadores de la salud: Concertar tarifas razonables que permitan el ejercicio privado de la profesión, además de programas de educación continuada y de promoción académica por parte del gobierno nacional.
El exministro también hizo énfasis en la necesidad de que el Estado colombiano retome el control de la salud pública, dados los extremos de abandono a los que llegó hoy día, y en que se integre el sistema de protección social con otros sectores de desarrollo social.
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Introducir modificaciones al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, fortalecer el Fosyga, recuperar la salud pública como bien público y tomar decisiones definitivas sobre el régimen subsidiado, son los cuatros aspectos puntuales que plantea el doctor Jairo Humberto Restrepo Zea, Coordinador del Grupo de Economía de la Salud (GES) del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, sobre los cuales se deben preparar ajustes o modificaciones al sistema de seguridad social en salud...

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El presidente de la Asociación Médica Colombiana, doctor Sergio Isaza Villa, es enfático al señalar que la Ley 100 de 1993 es una ley funcionalista, que favorece el capital financiero y los monopolios del actual sistema de salud colombiano, afirmación que sustenta en el desbalance que existe entre la máxima reglamentación que hay para la prestación de los servicios, y la mínima prescrita para el manejo económico y financiero del dinero que reciben las entidades creadas para poner a funcionar el sistema...



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