MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 6    NO 67   ABRIL DEL AÑO 2004    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Asociación Médica Colombiana (AMC)
“Ley 100 debe ser reemplazada por otra ley de salud y seguridad social”
Luz Enidia Largo Arteaga - Periodista elpulso@elhospital.org.co
El presidente de la Asociación Médica Colombiana, doctor Sergio Isaza Villa, es enfático al señalar que la Ley 100 de 1993 es una ley funcionalista, que favorece el capital financiero y los monopolios del actual sistema de salud colombiano, afirmación que sustenta en el desbalance que existe entre la máxima reglamentación que hay para la prestación de los servicios, y la mínima prescrita para el manejo económico y financiero del dinero que reciben las entidades creadas para poner a funcionar el sistema.

Respecto de lo anterior, el presidente de la AMC anota: “Tal vacío -¿imprevisto o deliberado?- permite que estos entes privados manejen los dineros públicos para salud como si fueran propios, de manera que sus rendimientos financieros no entran al sistema para engrosar sus recursos, sino a las arcas de cada institución manejadora”. Agrega que no hay una estricta y correcta reglamentación que exija la administración de esos dineros, con el objeto de garantizar la provisión de servicios de salud.
Cambiar la Ley
Luego de este planteamiento, Isaza Villa afirma que en aras de una posible reforma a la Ley 100, ésta se debe cambiar, replantear la estructura del sistema para que cumpla con sus objetivos explícitos, pero que contenga en los implícitos la garantía de que la salud es un derecho ciudadano y una obligación estatal. Esto significaría, en primera instancia, crear una estricta y correcta reglamentación para la administración de los dineros públicos destinados a la salud, y asumir una indiscutible dirección estatal en el diseño y control de ejecución de todas las tareas públicas de salud.
De otro lado, agrega que es imprescindible la normatización clara y precisa de los procesos de flujo de dineros hacia los prestadores de servicios, la unificación de requisitos exigidos a estos para justificar usos de medicamentos, procedimientos y reclamos de pagos, así como la creación de tarifas razonables y acordes con los costos, que les permitan a los prestadores la actualización tecnológica y la garantía de calidad.
En lo relativo a los otros dos subsistemas de la Ley 100, como son pensiones y riesgos profesionales, sostiene Isaza Villa que la esencia del funcionamiento es similar: se han creado unos formidables fondos económicos que son controlados por los entes financieros poderosos, y que junto con el Fosyga privilegian el servicio a las entidades financieras más fuertes que se lucran del sistema (que a su vez tienen presencia en los tres subsistemas), constituyéndolas así en controladoras del sistema bancario.
Finalmente, el doctor Sergio Isaza Villa afirma que todo este manejo y las demás normas que continúan generándose, no son otra cosa que la adecuación jurídica para el ALCA y el Tratado de Libre Comercio (TLC) en lo relativo a prestación de servicios ajustado a las normas del mercado donde, como ya es conocido, es el más poderoso (léase monopolio y capital transnacional) el que impone las reglas del juego.

 

Cuatro jinetes apocalípticos que
justifican acabar la Ley 100

“Fallas en el diseño
obligan ‘salir' de la Ley 100”
“Por fallas en su diseño, la Ley 100 de 1993 no es sostenible”, afirma el doctor Gilberto Reyes Ortiz, consultor independiente, experto en el tema de la legislación en salud y quien actualmente adelanta el proyecto de investigación “Análisis de coherencia de la legislación de la seguridad social colombiana”.
Reyes Ortiz asevera que la reforma obtuvo 4 logros importantes: la creación del régimen subsidiado para los más pobres, la cobertura familiar para el régimen contributivo, la solidaridad del sistema (donde quienes tienen aportan parte para quienes no tienen), y sobre todo, el concepto social que generó el aseguramiento, concediendo a cada colombiano la certeza de que tiene derecho a demandar y exigir servicios de salud con calidad. Pero, a su juicio, también son 4 los aspectos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que hacen inviable la reforma adelantada con la Ley 100 del 93 y que deben ser considerados en una posible reforma:
1. Doble condición de las EPS. Una consecuencia de que las EPS sean recaudadoras de tributos al tiempo que aseguradoras, es la evasión de aportes a la salud. Afirma Reyes Ortiz: “Como éstas no tienen ningún estímulo por recaudar más, en la práctica no se ejerce la debida coacción y no se toman medidas represivas contra los evasores. Yo lo denomino el problema “cliente vs contribuyente”. Las EPS tienen clientes, no contribuyentes”.
2. La superposición del aseguramiento. Asevera el investigador que no es posible que se esté pensando en disminuir el Plan Obligatorio de Salud (POS), cuando el sistema de riesgos profesionales está produciendo ingresos en exceso. Es decir: hay superposición del aseguramiento entre los dos sistemas, y es un contrasentido pretender quitarle los medicamentos a los colombianos, cuando los dineros de las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) están disponibles.
3. La selección adversa de la población no afiliada hacia los regímenes contributivo y subsidiado. Asevera Reyes Ortiz: En Colombia o se tiene empleo o capacidad de pago, para pertenecer al contributivo; o se es nivel Sisbén I y II, para tener derecho al subsidiado. Pero en la práctica el 48% de los colombianos no tienen derecho a la salud, pero sí se enferman, y por lo mismo, tienen el legítimo derecho a buscar una afiliación en cualquier régimen, así sea fraudulenta: “Esta selección adversa poco a poco hará que la siniestralidad del POS con los años sea impaga-ble, y éste no es un problema de tutelas”.
4. El pésimo y descoordinado manejo de la salud pública. Sobre este aspecto afirma no tener que profundizar, ya que las evidencias demuestran que “las epidemias del siglo XIX han regresado al país”.
Concluye Reyes Ortiz que estos cuatro problemas son insalvables, producto de un único y general error de diseño: “No es posible montar un sistema de seguridad social basado en el empleo, cuando en Latinoamérica el empleo formal no supera el 30% de la población y la rotación del empleo es un 50% anual. Cuando los subsidios son más estables que el empleo se genera corrupción y perseguir a los culpables no va generar cambio, ya que el sistema generará siempre los mismos problemas. No le tengamos miedo al cambio y contémosle al país que después de la Ley 100 si hay muchos otros escenarios”.
 
“Con mejoras, la Ley 100 puede conservarse. Pero debe acabarse la integración vertical”
La integración vertical es uno de los aspectos fundamentales que deberían prohibirse en una posible reforma a la Ley 100, afirma el director de la Fundación Santafé, doctor Roberto Esguerra, quien aclara que al hacer una evaluación retrospectiva se debe aceptar que este fue el cáncer que le quedó a esta ley: ”La integración vertical ha sido la causante de los principales problemas del sistema de salud, y muy seguramente será responsable de los que veremos en los próximos días. No tengo ninguna duda al afirmar que se debe prohibir la integración vertical; el único argumento para que ésta quedara en la Ley fue de orden económico, y no tuvo en cuenta aspectos tales como la calidad de la atención, los derechos de los pacientes y todos los efectos que podría causar hacia el futuro y que hoy estamos viendo con claridad”.
También plantea el médico Esguerra que en una reforma a la Ley 100 se debería revisar el desglose de la prestación de servicios de salud de aquellos derivados de la enfermedad profesional, toda vez que en la práctica es muy difícil saber si una enfermedad es de origen profesional o no, y cuando han sido las entidades de salud y aseguradoras las que han tenido que atender a su costo muchos problemas generados por las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo con recursos limitados, en tanto que en las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) hay recursos enormes: “Creo que todo lo que es atención de salud a la población debería estar integrado en el mismo sistema, haciendo parte de los mismos recursos en lugar de diferenciarlos, y el aseguramiento debería ser manejado aparte, para darle así una dinámica muy importante a la Ley 100”.
Concluyó el director de la Fundación Santafé que otros temas importantes que podrían ofrecerle una dinámica distinta al sector salud serían: Remodelar la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud, probablemente como dependencia directa de la Presidencia de la República; fortalecer el sistema de vigilancia y control; y, hacer efectivas todas las medidas tomadas para garantizar adecuado flujo de recursos hacia prestadores.
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