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sobre su viabilidad financiera, su real capacidad para ampliar
cobertura y lo que es más grave: no toca de fondo el
problema principal de la salud ocupacional, como es el manejo
de la informalidad laboral a través de su inclusión
al sistema tal y como está, o la creación de
nuevos modelos especiales de aseguramiento en riesgos profesionales.
El Plan
El desarrollo del Plan era una tarea pendiente ordenada por
el decreto 1295, que desde su expedición en 1994 no
había sido ejecutada, y la intención del gobierno
es que el Plan oficie como norte de la salud ocupacional.
Su elaboración comenzó a fines de 2003 y se
basó en la revisión de diferentes documentos,
entre ellos los dos planes anteriores expedidos en la década
pasada, la política pública en el mundo del
trabajador, el Manifiesto Democrático de Álvaro
Uribe y normatividad internacional.
El Plan tiene 4 objetivos: desarrollo de una cultura en prevención
de riesgos y salud ocupacional, con fuerte énfasis
en el auto cuidado; fortalecimiento de las diferentes instancias
del sistema (ARP, trabajadores, empleadores, juntas de calificación
de invalidez y red nacional de comités); fortalecimiento
científico y técnico, con un sistema de información
y otro de garantía de calidad; y ampliación
de cobertura para llevar salud ocupacional a poblaciones no
afiliadas al Sistema General de Riesgos Profesionales o poblaciones
laborales vulnerables, con capacitación en cuidado
y prevención de riesgos.
Para el doctor Juan Carlos Llano Rondón, Director General
de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección
Social, al analizar el sistema de riesgos profesionales luego
de 10 años de implementado, hay elementos que reforzar:
“En fortalecimiento de la gestión, esperaríamos
con este Plan terminar contando con un sistema de información
y otro de garantía de calidad; también con un
aumento en la cobertura, y algo fundamental, el tema de cultura.
Fortalecer más las instituciones y entidades que conforman
el sistema, como la inspección y vigilancia, las juntas
de calificación de invalidez, la red nacional de comités.
Son las grandes cosas que se esperan arroje como resultados
la ejecución del Plan”.
En la ARP del Seguro Social, que cuenta con el mayor número
de trabajadores afiliados (1'326.701) de las 14 que existen
en el país, consideran beneficioso al Plan y con un
progreso sustancial en el direccionamiento de las responsabilidades
de los empleadores, como también en el nivel y el rol
que deben cumplir cada una de las aseguradoras para hacer
énfasis en la promoción y prevención
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El
doctor Álvaro Vélez, gerente nacional de Salud
Ocupacional del ISS, considera importante la política
de diseñar e implementar un sistema de garantía
de calidad para el Sistema General de Riegos Profesionales:
“Es clave que se comience a definir la estructura y los
módulos con estándares mínimos de evaluación,
que debe contener tanto para aseguradoras como para las empresas,
un programa de salud ocupacional y medidas para establecer
el impacto que ese programa debe generar en cada una de las
empresas, que se evidencia en disminución del ausentismo
laboral, de los accidentes de trabajo y de la probabilidad
de desarrollar enfermedades profesionales”.
¿Qué le faltó
al Plan?
Un aspecto cuestionado por especialistas, es la difícil
viabilidad financiera para la ejecución del Plan, aunque
el doctor Llano señala la existencia del Fondo de Riesgos
Profesionales, cuenta adscrita al Ministerio de la Protección
Social, con recursos que llegan del 1% de todas las cotizaciones
mensuales que reciben las ARP, las multas que se generan en
el sistema, donaciones, y presupuestos de la Nación
y de las regiones, lo que al año puede sumar unos $8.000
millones de recursos base para financiar el Plan, sumado a
las inversiones que tendrán que hacer las ARP, las
empresas y las sociedades científicas. Otras críticas
señalan la falta de medidas más radicales para
el aumento de la cobertura, el no haber planteado la posibilidad
de nuevos modelos de aseguramiento, y lo más grave,
la falta de medidas audaces que enfrenten el problema de los
riesgos profesionales en el sector del empleo informal.
El doctor Álvaro Londoño, Jefe de Salud Ocupacional
del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, y ex
miembro del Comité Seccional de Salud Ocupacional de
Antioquia, considera que el plan está bien estructurado,
y que reúne buenos propósitos, pero afirma que
“debe estar ajustado a la realidad nacional. Hay una
divergencia en esas buenas intenciones con lo complejo de
la situación nacional, en particular con el mayor problema
del sector: el gran predominio del sector informal de la economía
y la desprotección social en que se encuentra inmerso.
En las iniciativas no veo nada novedoso en relación
con planes anteriores, que infortunadamente no se ejecutaron”.
¿Plan subsidiado para trabajadores
informales?
Según cifras de distintas entidades del Estado, el
empleo informal está alrededor del 63.5%. Por lo tanto,
las medidas encaminadas a aumentar la cobertura y basadas
en un mayor control a la evasión y elusión de
impuestos, solo están dirigidas al sector formal de
la economía (sin que toquen incluso a sectores formales
como las fami-empresas o mini pymes), en donde el control
se vuelve casi imposible por cuanto según datos del
mismo Ministerio de la Protección Social, en el país
pueden existir unas 400.000 empresas y solo 281 inspectores
que cumplen entre 35 y 40 funciones diferentes cada uno, haciendo
que se convierta en una tarea por decir lo menos, titánica.
Una alternativa planteada por el doctor Londoño y ya
presentada al gobierno a través de representantes de
los trabajadores, es la creación de un régimen
subsidiado de riesgos profesionales, como un nuevo modelo
de aseguramiento para ampliar la cobertura. Para el dirigente
de la Confederación Colombiana de Trabajadores (CTC)
y representante por los trabajadores en el Consejo Nacional
de Riesgos Profesionales, Víctor Pardo, el tema ya
había sido abordado desde cuando se estudió
la reforma al decreto 1295: “Una medida de este tipo
sería la solución para los grupos de trabajadores
más vulnerables y sin vinculación formal con
empleadores, además de que atendería capas de
la sociedad que desarrollan un trabajo con alto riesgo y cuyos
ingresos no les permiten hacer una cotización completa”:
Pero el señor Pardo es consciente de que sería
necesario cambiar todo el esquema de cómo se mira la
salud en este país: “Si la visión es de
negocio, no va haber lo que estoy soñando: subsidiar
sectores de la población en riesgos profesionales”.
Las aseguradoras agremiadas en Fasecolda ven con optimismo
el Plan, y su director, doctor William Fadul, resaltó
la participación del gremio en su elaboración
y la importancia del aumento en la cobertura a los sectores
más desprotegidos, uno de los retos del sistema, sin
descartar inclusive la creación de un régimen
subsidiado: “Toda iniciativa que se traduzca en incremento
de cobertura y extensión del Sistema de Riesgos Profesionales
a sectores no cubiertos, debe recibirse positivamente, pero
con base en estudios serios que garanticen su sostenibilidad
en el largo plazo y que no impliquen detrimento de logros
actuales. El reto es obtener un adecuado equilibrio entre
los beneficios que se otorgarían, población
que se cubriría, recursos disponibles y sostenibilidad
de largo plazo”.
La posibilidad de un plan subsidiado es descartada por el
doctor Llano del Ministerio de Protección, al considerar
que la financiación del sistema sería un componente
muy complejo de manejar, por cuanto la actual cotización
para riesgos en promedio llega a los dos puntos, mientras
que en salud son 12, y si se tiene en cuenta que la actual
legislación no contempla la existencia de un fondo
ni de recursos que lo puedan financiar, las probabilidades
son aún menores.
El tema ha sido estudiado por el Ministerio y se han hecho
cálculos que mostrarían que si de los dos puntos
cotizados se pasara un 1% a un fondo, no se alcanza a cubrir
a 20.000 trabajadores: “No se debe pensar todavía
en un Fondo de Solidaridad como lo tiene salud, sino ir evolucionando
para buscar que diferentes grupos, en la medida que se formalicen
vayan ingresando al sistema, pero que ellos mismos quienes
paguen, porque finalmente no abrían recursos para financiarlos,
y lo que se entregaría por solidaridad no cubriría
mucha población”, apunta el director de Riesgos
Profesionales del Ministerio.
Para la CTC, el nuevo Plan no trajo beneficios para la clase
trabajadora. El señor Pardo llama la atención
sobre falta de participación del sector trabajador
en su discusión, y considera que el Plan no es concreto
en su desarrollo: ”Tiene líneas de trabajo, pero
a nosotros en concreto no nos dice a donde quiere dirigirse;
no puede quedarse en meras campañas publicitarias,
porque eso no produce resultados y es solo una parte del producto,
no es el 100% de lo que debe hacerse. Las actividades en concreto,
¿cuáles son? Habrá que ver también
donde están los recursos para realizar el Plan”,
concluyó.
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El pasado 15 de diciembre, el ministro de la Protección
Social, Diego Palacio, dio a conocer en Bogotá el Plan
Nacional de Salud Ocupacional 20032007, resultado del trabajo
realizado durante 6 meses por una comisión integrada
por representantes de los empresarios, las Administradoras de
Riesgos Profesionales (ARPs) públicas y privadas, trabajadores
y el Ministerio, con aprobación final del Consejo Nacional
de Riesgos Profesionales. Su objetivo básico es propiciar
la reducción de la morbimortalidad de origen laboral,
haciendo énfasis en el fomento de la cultura del auto
cuidado.