“Quien no castiga el mal, ordena que se haga”, decía Leonardo Da Vinci, y a fe parece que ello estuviese sucediendo en nuestro país, puesto que no obstante las muchas campañas adelantadas afirmando que “el delito no paga”, todo parece indicar que éstas no han tenido el resultado esperado, puesto que la realidad es bien distinta. Si partimos de la base de que el número de homicidios disminuyó en el año anterior, no parece que el resultado hubiere sido el mismo en cuanto a la comisión de otros delitos.
Todos conocimos el desastre ecológico generado por personas inescrupulosas que buscando beneficio económico envenenaron con raticida a un número superior a los 7.000 ejemplares de patos, con el propósito de venderlos en los mercados públicos. A esto, que además de ser un grave daño a la ecología y aumentar las malas noticias que tienen origen en Colombia, y con el peligro que implica para la salud de la comunidad, hay que agregarle lo que afirmó la noticia de prensa, de que serían puestos en libertad los personajes capturados como indiciados de la comisión de este acto, por cuanto la pena privativa de la libertad que les fue aplicada es baja -menor de cuatro años; por ello, si bien acaba de concluir el proceso penal con una sentencia condenatoria, todo no pasará de ser una anécdota para quienes así procedieron.
No es desconocido para el país la grave situación que se vive en los establecimientos carcelarios, porque la capacidad de éstos se encuentra copada por personas a quienes no se les tiene definida su situación jurídica y donde se carece de programas suficientes para garantizar la rehabilitación de quienes se encuentran purgando penas por la comisión de delitos; esta realidad es uno de los argumentos que sirve de sostén al sistema penal acusatorio que ha iniciado su vigencia, pero agilizar el trámite de los procesos no bastará para garantizar la tranquilidad ciudadana, a menos que estos procesados sean sancionados acorde con la gravedad de la falta cometida y que realmente se cumpla con la pena impuesta. No basta con que estas penas queden en el papel, pues hoy, aún y cuando se tenga previsto en el ordenamiento penal una sanción alta, la aplicación de los descuentos que concede la ley por diferentes razones (estudio, trabajo, buena conducta, etc.), hacen que la sanción sea francamente ridícula.
De otro lado, el nuevo sistema no puede limitarse sólo a funcionarios muy capacitados, dotados de toga y mallete, con salas de audiencia cómodas y vigiladas. No. Es necesario que el Estado dote a sus cuerpos de investigación de los elementos técnicos para que las investigaciones conduzcan realmente a sancionar al delincuente; será entonces necesario contar con laboratorios especializados, medios de transporte, capacitación a la comunidad y a las personas que en un momento dado tienen que ver con la recepción y manejo de las pruebas, para que éstas sean recogidas de manera técnica y efectiva, y que podamos superar el que sean las instituciones de salud las que asuman los costos de pruebas como la alcoholemia, o de las copias que han de aportarse a los procesos, y menos del pecunio de los investigadores.
Aún recordamos como en el proceso penal se eliminaron los jurados de conciencia por las amenazas que algunos sufrieron para predisponer un veredicto, ni olvidamos la supresión de los careos, o el como debieron institucionalizarse los jueces sin rostro para fallar con alguna seguridad los procesos espaciales. ¿Qué será ahora de los testigos que deben comparecer a las audiencias? ¿Sí contarán con la adecuada protección como testigos? ¿Sí se conseguirán las pruebas necesarias y en debida forma para que tengan la validez requerida para acusar a una persona? En fin: son muchas las preguntas para un sistema que apenas inicia y que el país requiere, pues no podemos más con tanta impunidad.