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Mediante el decreto
1001 de abril 3/06 que organiza la oferta de posgrados, el Ministerio
de Educación en su artículo 20 eliminó
algunas reglamentaciones y condiciones previas para la oferta
académica de programas de especializaciones médicas
y quirúrgicas, al derogar el decreto 916/01 y el artículo
2 del decreto 1665/02; éste último artículo
derogado, establecía que “los programas de especializaciones
médicas y quirúrgicas sólo podrán
ser ofrecidos por una institución de educación
superior que cuente con programa de pregrado en medicina, con
por lo menos una cohorte de egresados y con registro calificado,
de acuerdo con lo establecido en el decreto 917 del 22 mayo
de 2001”.
La eliminación de esta condición previa genera
graves implicaciones para el desarrollo de la enseñanza
de la medicina en el país, por lo que la Asociación
Colombiana de Facultades de Medicina -Ascofame- solicitó
la intervención de los ministerios de la Protección
Social y de Educación y del Congreso de la República
sobre el particular; según política definida por
el Consejo Directivo de Ascofame, la apertura de especialidades
médico-quirúrgicas únicamente puede crearse
en facultades con pregrado completo. El director de la Asociación,
doctor Ricardo Rozo, afirmó que “la ejecución
de éste decreto implica dejar sin piso la educación
de la medicina en Colombia y abrir las puertas para que instituciones
sin la autoridad necesaria en materia de salud, formen a quienes
en el futuro tendrán en sus manos la vida de las personas”. |
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Rechazo unánime
a la informalización de la especialización médica
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Tampoco se hicieron
esperar otros pronunciamientos que se apoyan en la necesidad
de formar médicos de calidad para tener mejores condiciones
de vida y de salud en la posteridad, y en sesgar un poco la
oferta de programas de enseñanza en salud para frenar
la sobre-oferta laboral. El decano de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Antioquia, doctor Elmer Gaviria, afirmó:
“Derogar el artículo 2 del decreto 1665/02 significa
un retroceso y un impacto muy grande desde la formación,
porque en primera instancia deja abierta la posibilidad de que
cualquier institución, EPS, IPS e incluso asociaciones
de profesionales, puedan formar en el futuro los especialistas,
no digamos que de tipo integral, sino sencillamente personas
capacitadas para desarrollar una técnica”.
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El
decano de la Facultad de Medicina de la Universidad El Bosque,
doctor Hernando Matiz, plantea como indispensable la necesidad
de que una universidad o institución formadora en educación
en salud, tenga cierta madurez para enfrentarse a la enseñanza
de posgrados: “El artículo 2 del decreto 1665/02
era una posibilidad de que las facultades de medicina adquirieran
una buena experiencia para posteriormente iniciar sus posgrados;
eso en cierta medida había frenado la proliferación
indiscriminada de posgrados”. Y aclaró: “Ahora,
eventualmente, podrían ofrecer múltiples instituciones
la formación, pero no la experiencia que dan los sitios
de rotación”; por ello, a partir de su análisis
individual y de la interlocución con decanos de diversas
facultades de medicina del país, el doctor Matiz concluyó:
“El nuevo decreto lo consideramos un mico, un mico que
ya firmó la actual ministra de educación, un mico
que el gobierno se dejó meter”.
El doctor Jaime Arturo Gómez, vicedecano de Medicina
de la Universidad de Antioquia, apoya la intención de
rebatir éste decreto, entendiéndolo como un retroceso
considerable en educación superior: “Implica de
alguna manera la informalización de la especialización
médica, porque ya no se requiere pasar por una institución
con estudios universitarios sino que cualquier entidad puede
hacer la formación; así, el carácter formador
de la universidad va perdiendo relevancia. Vale entonces la
analogía: hablábamos antes de universidades de
garaje, ahora tendremos que hablar de especialidades de garaje”. |
“Hablábamos
antes de universidades de garaje, ahora vamos a tener
que hablar de especialidades de garaje”
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Por
su parte, el rector de la Universidad CES, doctor José
María Maya, concibe el decreto como otro cualquiera en
esencia, pero ve el “gran mico” en su artículo
20, que deroga el artículo 2 del decreto 1665/02: “Este
decreto no fue hecho para los posgrados médico-quirúrgicos
sino para otro tipo de posgrados. Pareciera entonces que la
derogatoria del artículo dos tuviera un interés
particular, es decir, que beneficiara a algún programa
de medicina que aún no tiene su primera cohorte, que
aún no tiene sus primeros egresados, para que pueda hacer
sus especializaciones, lo cual no tiene sentido y deja un sinsabor”.
El doctor Luis Ángel Villar, decano de la Facultad de
Salud de la Universidad Industrial de Santander, fue categórico:
“El que el Ejecutivo dé vía libre a la posibilidad
de que instituciones diferentes a universidades calificadas
ofrezcan programas de especialidades médico -quirúrgicas,
es contrario a toda lógica académica y sólo
favorece los intereses y el crecimiento monopólico del
capital financiero en la salud, representado en las EPS, que
ahora no solo contratarán con su propia red de servicios
sino que además formará su propio recurso humano,
bajo el interés de aumentar su tasa de ganancia y en
desmedro del profesionalismo médico. Se trata de un paso
más en el proceso iniciado con la Ley 100 orientado a
favorecer a quienes hoy dominan el negocio de la salud y, de
nuevo, continúa los efectos negativos que tiene para
la sociedad el que el Estado haga entrega de áreas estratégicas
para su desarrollo a los intereses del capital financiero. La
decisión amerita el rechazo unánime y enérgico
de todos quienes nos dedicamos a la preparación de nuevas
generaciones de profesionales de la salud de alta calidad".
Los decanos de las facultades de medicina consultados coinciden
en que el decreto cuestionado aprovisionará el camino
para el crecimiento descontrolado de oferta en programas de
especialización, ocasionando sobre-oferta de especialistas
con claras incidencias en materia laboral y replicando la problemática
que ya se da en pregrado. El doctor Elmer Gaviria señaló:
“La educación en salud se convirtió en un
negocio; Venezuela cuenta con 9 facultades de medicina, mientras
Colombia tiene alrededor de 54, el 70% de ellas privadas, con
desproporción creciente frente a lo público; en
Medellín hay 7 facultades: estamos sencillamente ante
la comercialización de la educación en salud”.
Senado solicitó derogatoria
En debate de unas 5 horas en la Comisión Séptima
del Senado, el senador Bernardo Alejandro Guerra Hoyos solicitó
la derogatoria del artículo 20 del decreto 1001, porque
permite que cualquier especialización médico-quirúrgica
se pueda realizar en una universidad o institución que
no tenga facultad de medicina: “Eso es totalmente ilógico,
porque riñe con la seriedad de la profesión y
atenta contra las buenas prácticas de la medicina".
El parlamentario declaró a El Pulso: “Estamos frente
a un fenómeno de evidente envergadura para el país.
La educación en salud está directamente ligada
a la calidad de vida de los ciudadanos colombianos, en tanto
es la formación de las manos que en la posteridad velarán
por las condiciones de vida del pueblo. Por ello son muy preocupantes
situaciones como ésta, donde la ministra de Educación
firma un decreto que permite de manera indiscriminada la prestación
del servicio de educación en salud en especialización”.
El senador reiteró su llamado acerca de la vigilancia
de la educación superior, y en mayor medida en áreas
como ésta, en las que además de los cartones de
profesionalización está en juego la atención
de la vida de millones de pacientes, porque más que un
favorecimiento de la libre competencia en situaciones de libre
mercado de servicios, es la vigilancia del servicio de la educación
en salud, es decir, la proyección del servicio de salud
nacional, que así las cosas “camina en la cuerda
floja”. |
“Hoy tenemos
EPS y hasta escuelas de comercio con facultades de medicina,
y, ¿quién ejerce el control para que estos
programas garanticen un ejercicio idóneo en la
formación del recurso humano en salud?”
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Además,
con base en la autorización a la Fundación Universitaria
Sanitas para preparar su propio recurso humano, afirmó
que no es ético que una EPS cree su propia universidad,
cuando su esencia es la atención en salud y no el campo
académico: "Esta es otra integración vertical
EPS-IPS, a la cual se le han sumado otros servicios”. El
congresista también reiteró su solicitud de que
se agilice la investigación iniciada hace 4 años
contra la Corporación Universitaria Remington y replanteó
tanto al ministerio de la Protección Social como al de
Educación, que den a conocer las medidas adelantadas
para evitar la proliferación de ofertas al por mayor
de programas para especializaciones, sin ningún control
de calidad por parte de los entes que deben ejercerlo.
Colofón
Para finalizar, son válidos los planteamientos
del doctor Juan Guillermo Londoño, jefe de Gineco-obstetricia
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia: “Hasta
la fecha, los posgrados son ofrecidos con 14 condiciones mínimas
de calidad, entre las cuales se destacan aspectos curriculares,
organización de actividades por créditos académicos,
selección y evaluación de estudiantes y personal
académico, investigación, medios educativos, infraestructura,
autoevaluación, bienestar universitario y recursos financieros,
etc. Las universidades públicas se han comprometido con
una política de calidad para sus posgrados, muchos de
los cuales desarrollan la autoevaluación como una cultura,
y algunos de estos programas están en trámite
para adquirir acreditación internacional; el único
propósito es entregar a la sociedad profesionales idóneos
comprometidos con la solución de los problemas del país.
Ahora el Ministerio de Educación desconoce la idoneidad,
experiencia, competencia y hasta la autonomía universitarias:
con el decreto 1001 se autoriza a otras instituciones para ofrecer
posgrados médico-quirúrgicos. La pregunta que
resulta es: ¿A quién quiere favorecer el Ministerio
de Educación? ¿A las EPS y ARS? Es muy posible
que como consecuencia de la última evaluación
realizada a estas entidades, en la cual la gran mayoría
fueron calificadas como deficientes y muy deficientes, el Ministerio
de Educación como premio las autorice a ofrecer programas
de posgrado para que redondeen el negocio de la salud instaurado
en 1993. No será extraño entonces que a partir
de ahora, cualquier institución diferente a las universidades
pueda vender programas de posgrado médico-quirúrgicos,
pues en nuestro sistema de seguridad social, prima la rentabilidad
económica sobre la calidad de la salud y la vida de sus
habitantes. Hoy tenemos EPS y hasta escuelas de comercio con
facultades de medicina, y, ¿quién ejerce el control
para que estos programas garanticen un ejercicio idóneo
en la formación del recurso humano en salud?”. |
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